La resolución de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, emitida este 6 de octubre, marca un giro en uno de los casos más emblemáticos sobre libertad de expresión en América Latina.
El tribunal anuló la condena por lavado de dinero que pesaba contra José Rubén Zamora Marroquín, periodista y fundador de El Periódico, medio que denunció corrupción durante el gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024).
De acuerdo con fuentes judiciales, la Cámara Penal del Supremo dejó sin validez tanto el juicio inicial como la ratificación de la sentencia por parte de una Sala de Apelaciones. La medida implica que el proceso deberá repetirse.
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¿Qué implica la anulación para Zamora y su familia?
Aunque la decisión representa un avance, Zamora seguirá en prisión preventiva debido a otros dos procesos en su contra, considerados también irregulares por organizaciones de derechos humanos.
Su hijo, José Carlos Zamora, calificó la resolución como “un avance positivo en el caso espurio” contra su padre.
El periodista, encarcelado desde julio de 2022, solo ha tenido breves períodos de libertad durante el proceso judicial. Su caso ha sido señalado por la Asociación Guatemalteca de Periodistas (APG), Amnistía Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como un ejemplo de la criminalización del periodismo crítico en Guatemala.
¿Quién es José Rubén Zamora y por qué su caso genera tanta atención?
Con más de tres décadas de trayectoria, Zamora ha sido una de las voces más influyentes del periodismo guatemalteco. En 2021 recibió el premio al Medio Destacado de Iberoamérica, otorgado por el Rey Felipe VI de España, por la labor de El Periódico en la denuncia de la corrupción pública.
Su detención, ocurrida el 29 de julio de 2022, se produjo apenas cinco días después de publicar un editorial que señalaba presuntos actos de corrupción en el gobierno de Giammattei.
Contexto y relevancia del caso
El fallo de la Suprema Corte ocurre mientras la cúpula del Ministerio Público guatemalteco, responsable de la detención de Zamora, se mantiene bajo sanciones internacionales de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por presuntos actos de corrupción.
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La resolución no solo tiene impacto jurídico, sino que reaviva el debate sobre la independencia judicial y la libertad de prensa en Guatemala, en un momento en que el país busca recomponer su imagen democrática ante la comunidad internacional.
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