La administración del Donald Trump elaboró una opinión legal clasificada que justifica el uso de fuerza letal contra una lista secreta y ampliada de cárteles y presuntos narcotraficantes, según confirmaron varias fuentes con conocimiento del tema. El documento, producido por la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia, sostiene que el presidente está facultado para autorizar ataques mortales debido a que estos grupos representan una amenaza inminente para los estadounidenses.
De acuerdo con dichas fuentes, la lista de organizaciones criminales incluidas en la opinión va más allá de las que el propio gobierno había designado públicamente como organizaciones terroristas. Especialistas en derecho consideran que esta interpretación legal es significativa porque parece abrir la puerta a una guerra sin límites definidos, al otorgar al presidente la capacidad de clasificar a los narcotraficantes como “combatientes enemigos” y ordenar su eliminación sin revisión judicial, de acuerdo con información de CNN.
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Tradicionalmente, los involucrados en el tráfico de drogas han sido considerados criminales sujetos al debido proceso. Las fuerzas estadounidenses, como la Guardia Costera, solían interceptar embarcaciones dedicadas al contrabando y arrestar a los sospechosos. Sin embargo, la nueva opinión de la OLC plantea un cambio radical: la posibilidad de emplear ataques militares directos, incluso en contextos donde no existe una declaración formal de guerra.
“Si la opinión de la OLC que autoriza ataques contra cárteles es tan amplia como parece, implicaría que el Departamento de Justicia ha interpretado que el presidente tiene poderes extraordinarios para librar una guerra mucho más extensa de lo que el Congreso autorizó tras los atentados del 11 de septiembre”, advirtió Sarah Harrison, exasesora del Departamento de Defensa y analista del Crisis Group.
La opinión también habría servido de base para un memorando reciente del Pentágono que justificó una serie de ataques contra embarcaciones en el Caribe, al argumentar que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con los cárteles. Dicho documento, según fuentes legislativas, sostiene que los contrabandistas que operan para estas organizaciones son “combatientes ilegales”. Pese a las reiteradas solicitudes del Congreso, ni el Departamento de Justicia ni el de Defensa han entregado la opinión completa.
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Contexto: la semana pasada se reportó el ataque más reciente, en el que murieron cuatro personas a bordo de una embarcación, según un mensaje en redes sociales del secretario de Defensa, Pete Hegseth. No obstante, algunos abogados militares del Pentágono han expresado dudas sobre la legalidad de dichas operaciones, advirtiendo que los ataques podrían violar normas internacionales y exceder las facultades del Ejecutivo.
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Varios abogados del cuerpo de jueces defensores generales (JAG, por sus siglas en inglés) señalaron que los ataques no parecen ajustarse al marco legal vigente. Aunque las objeciones dentro del Departamento de Defensa existen, los juristas reconocen que no pueden anular la interpretación de la OLC, la cual constituye la posición legal dominante dentro del poder ejecutivo.
Trump designa a cárteles mexicanos como grupos terroristas
En febrero de 2025, el gobierno de Estados Unidos emitió una decisión polémica: catalogar a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas bajo su legislación nacional. Esta medida representa un cambio drástico en la estrategia contra el narcotráfico, al considerar a estas agrupaciones no solo como actores del crimen organizado, sino como amenazas con implicaciones geopolíticas y de seguridad nacional.
La decisión generó críticas que advierten sobre los riesgos de soberanía, posible estigmatización política y escalamiento de operativos militarizados en suelo mexicano.
Este giro se inserta dentro de una tendencia más amplia en la política estadounidense hacia América Latina, especialmente con el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, quien había anticipado esta línea de acción en su primer mandato.
Además, la designación no solo tiene efectos simbólicos: abre mecanismos legales para sanciones financieras, congelamientos de bienes, órdenes internacionales de captura y apoyo institucional de agencias como la DEA para desmantelar redes vinculadas con los cárteles designados.
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