Alrededor de las dos de la tarde del 28 de octubre, el número de muertos en la Operación Contención, desplegada por las policías civil y militar en la zona norte de Río de Janeiro, se disparó de 24 a 64. Un día después, la cifra oficial ascendió a 119 fallecidos, aunque la Defensoría del Pueblo calculó al menos 132 víctimas, en lo que ya se considera la operación policial más violenta en la historia de la ciudad brasileña.
El objetivo del operativo era frenar el avance del Comando Vermelho (CV), la organización criminal más antigua y poderosa del estado, que en los últimos años ha retomado su expansión territorial.
De acuerdo con el Mapa de Grupos Armados —elaborado por el Instituto Fogo Cruzado, el GENI y la Universidad Federal Fluminense (UFF)—, el CV fue la única facción que amplió su control entre 2022 y 2023, con un crecimiento del 8.4% en sus áreas de influencia.
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Del presidio a la expansión criminal
La historia del Comando Vermelho se remonta a los años setenta, en plena dictadura militar brasileña. En el Instituto Penal Cândido Mendes, ubicado en la Isla Grande, presos políticos y delincuentes comunes compartían celdas. Los primeros, en su mayoría jóvenes de clase media encarcelados por resistir al régimen, enseñaron a los segundos sobre derechos y organización colectiva.
De esa convivencia surgió la llamada Falange da Segurança Nacional, luego Falange Vermelha, y finalmente Comando Vermelho, nombre acuñado por la prensa. Según la socióloga Carolina Grillo, de la UFF, el grupo “nació en el corazón del Estado”, dentro de las prisiones, con el propósito inicial de establecer reglas de convivencia y resistencia frente a los abusos penitenciarios.
Uno de sus fundadores fue William da Silva Lima, alias el Profesor, quien relató en su libro 400 x 1: una historia del Comando Vermelho cómo el grupo surgió para organizar la vida carcelaria. Pero tras la Ley de Amnistía de 1979, los presos políticos fueron liberados, y los delincuentes comunes reorientaron su estructura hacia la actividad criminal.
En los años ochenta, con la expansión del tráfico de cocaína colombiana, el CV incursionó en el narcotráfico. Con los ingresos de los asaltos a bancos, el grupo financió el comercio de drogas y el armamento de sus miembros, lo que marcó su transición hacia una organización armada.
Una franquicia del crimen
Durante los años noventa, el CV consolidó su poder en las favelas de Río, coincidiendo con el auge de la violencia urbana: en 1994, el estado registró 64.8 homicidios por cada 100 mil habitantes. Lejos de debilitarlo, los intentos del gobierno por dispersar a sus líderes en distintas cárceles favorecieron su expansión, al transmitir su ideología a otros reclusos.
Según el periodista Rafael Soares, autor del libro Milicianos, el CV “funciona como una franquicia: varios jefes controlan sus territorios en sociedad, sin jerarquías absolutas”. Ese modelo permitió que la facción se extendiera más allá de Río. En los últimos seis años, el grupo pasó de operar en 10 estados a tener presencia en 25.
La expansión también alcanzó regiones estratégicas como la Amazonia, clave para las rutas del narcotráfico hacia Europa. Y aunque las drogas siguen siendo su principal fuente de ingresos, el CV participa además en mercados ilegales de oro, combustibles, bebidas y tabaco, que, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, generaron en 2022 más de 273 mil millones de dólares en ganancias ilícitas.
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Tecnología, armas y drones
La modernización del crimen también ha transformado la estructura del Comando Vermelho. Las autoridades brasileñas han detectado fábricas clandestinas de armas con impresoras 3D en zonas controladas por el grupo, como Rio das Pedras. Estas instalaciones producen piezas metálicas de rifles y pistolas con maquinaria industrial valuada en más de medio millón de reales.
El CV también ha incorporado drones armados con explosivos, como los usados durante la reciente operación policial. Según el Instituto Sou da Paz, el 50% de las armas incautadas en el sureste de Brasil provienen de desvíos de cuerpos de seguridad, un 30% son armas ensambladas ilegalmente, y el resto pertenecen a coleccionistas y tiradores registrados (CAC).
Analistas apuntan que la flexibilización de las leyes de armas durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2018–2022) permitió la proliferación de fábricas privadas y facilitó que armamento legal terminara en manos de facciones criminales.
Una guerra sin fin
A pesar de las operaciones de gran escala y del aumento del presupuesto en seguridad, la violencia no ha disminuido. Según el Mapa de Grupos Armados, las zonas dominadas por el narcotráfico tienen 3.7 veces más probabilidades de registrar enfrentamientos que las controladas por milicias. En casi seis de cada diez tiroteos participa la policía.
“Las acciones del Estado no logran desmovilizar ni a las milicias ni al tráfico. No vemos un retorno real del territorio al control estatal”, afirma Terine Husek, del Instituto Fogo Cruzado.
Cinco décadas después de su nacimiento, el Comando Vermelho —“el rojo” que surgió de una prisión durante la dictadura— sigue siendo el símbolo más persistente del poder del crimen organizado en Brasil: un actor que desafía al Estado, adapta su estructura al paso del tiempo y convierte cada operativo policial en una nueva muestra de su resiliencia.
djh