El pasado lunes, Policía Nacional del Ecuador anunció, junto con Estados Unidos, la interceptación de embarcaciones en altamar que transportaban “bultos que contenían armas de fuego y que pretendían ser ingresados al país de forma ilegal”, según el ministro del Interior, John Reimberg, en su cuenta de X.
Las operaciones se coordinaron con la Armada del Ecuador para trasladar los cargamentos hasta puerto continental y luego a Galápagos, a unos mil kilómetros de la costa.
¿En qué contexto se da esta acción?
Ecuador atraviesa un momento de violencia sin precedentes, impulsada por bandas criminales organizadas vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal. El presidente Daniel Noboa declaró en enero de 2024 un “conflicto armado interno” contra estas estructuras, a las que calificó como “terroristas”. Esta situación convierte al país en un eslabón clave del tránsito de armas y drogas en la región.
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¿Qué papel juega Estados Unidos en la región?
En paralelo, la administración de Donald Trump lleva a cabo una estrategia más agresiva en el Caribe y el Pacífico frente a Venezuela. El país reconoció haber atacado varias embarcaciones sospechosas de narcotráfico y calificó la situación como un “conflicto armado” con cárteles en aguas internacionales.
En un episodio reciente, Estados Unidos destruyó una embarcación y según sus autoridades, la acusó de transportar fentanilo y otras drogas hacia su territorio.
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¿Qué significa esto para las autoridades latinoamericanas y sus ciudadanos?
La combinación de decomisos de armas en Ecuador y la ofensiva militar estadounidense en la zona evidencia una nueva fase en la seguridad regional: más allá de operaciones convencionales, se trata de acciones que mezclan narcotráfico, tráfico de armas e intervención militar en zonas marítimas.
Las implicaciones son diversas: reforzamiento de las rutas criminales, cuestionamientos de soberanía de países latinoamericanos y riesgo para civiles atrapados en medio del conflicto.
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Este tipo de operativos pone sobre la mesa la necesidad de cooperación multilateral y transparencia en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Además, genera preguntas sobre la legalidad de las acciones militares en aguas internacionales y la capacidad de los países latinoamericanos de garantizar seguridad sin perder autonomía.
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