El gobierno de Gustavo Petro convocó a consultas al embajador colombiano en Washington, Daniel García-Peña, en plena escalada diplomática con Donald Trump y la administración de Estados Unidos. Esta nueva fase del conflicto surge en medio de duras acusaciones sobre la política antidrogas, la revocación de visados para políticos colombianos y la amenaza de imponer aranceles al comercio exportador de Colombia.
Orígenes y detonantes de la nueva crisis
La crisis actual se activa por una combinación de acusaciones cruzadas sobre políticas antidrogas y soberanía nacional. El 19 de octubre, Trump acusó a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y anunció que Estados Unidos terminaría con la asistencia financiera a Colombia, además de evaluar aranceles sobre productos colombianos.
Simultáneamente, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar contra una embarcación en aguas del Caribe que, según Washington, pertenecía a grupos narcotraficantes vinculados al ELN (Ejército de Liberación Nacional), y que provocó muertes de ciudadanos colombianos —lo que Bogotá calificó de “homicidio de Estado”.
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Ante esto, el gobierno de Petro convocó al embajador colombiano en Estados Unidos a consultas como medida diplomática de protesta.
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La crisis anterior: visados y vuelos de deportación
La ruptura que precedió a la de octubre se remonta a enero, cuando Colombia se negó a recibir dos vuelos de deportados desde Estados Unidos, argumentando que los trataban como “criminales”. La acción provocó la suspensión de servicios de visas en la embajada de Estados Unidos en Bogotá a partir del 27 de enero.
Más tarde, la embajada estadounidense canceló cientos de citas y el Departamento de Estado revocó visados de altos funcionarios colombianos por “falta de cooperación”.
También, la revocación del visado del propio Petro fue presentada por Colombia como una violación del derecho internacional.
Así, la crisis actual es parte de un proceso acumulado de desgaste en la relación bilateral.
Factores estructurales de fondo
La relación entre Estados Unidos y Colombia había sido de larga data una alianza sólida centrada en seguridad y lucha contra el narcotráfico, la cual podía estar bajo tensión.
El gobierno de Petro ha planteado un giro en la estrategia antidrogas que tensiona los mecanismos tradicionales de cooperación con Estados Unidos.
La creciente producción de cocaína en Colombia y la presión de Estados Unidos para frenarla otorgan al tema antidrogas un rol central en la diplomacia bilateral.
Implicaciones clave para Colombia
La suspensión de la ayuda financiera de Estados Unidos y la amenaza de aranceles suponen un riesgo económico directo, considerando que Washington ha sido interlocutor fundamental de Bogotá en seguridad y desarrollo. La imagen internacional de Colombia como socio confiable se ve afectada.
Además, el uso de visados como instrumento diplomático genera un impacto sobre los ciudadanos colombianos que viajan o solicitan trámites migratorios hacia Estados Unidos.
Para Estados Unidos
Washington envía una señal de endurecimiento: la política antidrogas ya no sólo es un tema de cooperación bilateral sino un motivo de sanción si se incumplen expectativas. La revocación de visados y la amenaza de medidas comerciales amplían el leque de presión diplomática.