Ocho agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) son acusados de secuestrar y agredir a una joven de 15 años durante un operativo realizado en Chicago.
Según los registros en video, los agentes descendieron de cuatro vehículos, interceptaron el automóvil donde se encontraba la menor y la sacaron a la fuerza mientras ella gritaba: “Tengo 15 años”. Testigos indicaron que uno de los agentes se arrodilló sobre su cuello mientras otros la inmovilizaban en el pavimento.
El material difundido en redes sociales fue acompañado por denuncias de organizaciones civiles que señalaron que la acción no correspondió a la aplicación regular de la ley migratoria, sino a una estrategia de “terror contra la población civil”. El hecho ocurrió en el marco de la Operación Midway Blitz, desplegada desde septiembre de 2025.
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Las imágenes circularon ampliamente en redes sociales y motivaron llamados a investigación por parte de grupos de derechos humanos. Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ofreció una versión oficial sobre la identidad de la menor ni sobre el motivo de la intervención.
Redada anterior: uso de fuerza contra residentes y niños en chicago
Contexto: el incidente se suma a una serie de denuncias sobre operativos federales agresivos en comunidades latinas. El 30 de septiembre de 2025, agentes del ICE realizaron una redada en un edificio de apartamentos en South Shore, Chicago, con apoyo de vehículos antimotines y helicópteros.
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Vecinos reportaron que los agentes arrastraron a residentes, incluidos niños, fuera de sus viviendas. Testigos afirmaron que algunos menores fueron sacados sin ropa y cargados en furgonetas tipo U-Haul. En varios casos, los niños fueron amarrados entre sí con bridas plásticas, mientras las madres eran retenidas por separado.
Durante la operación, el ICE informó la detención de 37 personas, aunque no precisó cuántas de ellas eran menores de edad. Las organizaciones locales exigieron acceso a los registros de detención para verificar el estatus migratorio de los detenidos.
El caso generó cuestionamientos sobre los protocolos de uso de la fuerza y el trato a personas en situación vulnerable durante operativos migratorios.
Detenciones erróneas de menores y ciudadanos estadounidenses
Los señalamientos por detenciones violentas se extendieron a otros estados. En Arleta, California, agentes federales detuvieron a Bald Demal Gutierrez, ciudadano estadounidense de 15 años con una condición auditiva y dificultades en el habla. Los agentes lo confundieron con un nacional salvadoreño buscado por presuntos vínculos con la pandilla MS-13.
Durante el arresto, los agentes le apuntaron con un arma y un táser. Después de ser liberado, uno de los oficiales le dijo que tendría “una historia para contar a sus amigos”. El caso fue documentado por la familia y presentado ante autoridades locales.
En otro operativo en Santa Ana, California, agentes del ICE detuvieron a un adolescente dentro de una camioneta roja. Durante la intervención, uno de los agentes afirmó pertenecer a la pandilla “Florencia”, organización con vínculos conocidos con la Mafia Mexicana.
Estos episodios impulsaron nuevas denuncias sobre errores de identificación, uso desproporcionado de la fuerza y perfilamiento racial en operativos migratorios.
Detención de periodista durante un operativo federal
El 10 de octubre, Debbie Brockman, empleada de la estación de televisión WGN-TV, fue detenida por agentes de la Patrulla Fronteriza mientras cubría un operativo del ICE en Chicago.
La periodista fue esposada y trasladada en una minivan sin insignias ni placas oficiales. El DHS declaró que su detención se originó por presunta obstrucción, al lanzar objetos contra un vehículo federal. Brockman fue liberada sin cargos horas después.
El sindicato de periodistas locales solicitó una investigación sobre la legalidad de la detención y las condiciones en que se desarrolló.
Militarización y bloqueo judicial del despliegue federal
Las operaciones del ICE coincidieron con la intención del gobierno federal de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Chicago. La administración de Donald Trump justificó la medida como una acción para proteger instalaciones federales, aunque documentos judiciales revelaron que las tropas también podrían ser utilizadas para resguardar a agentes durante redadas.
Un abogado del Departamento de Justicia, Eric Hamilton, declaró ante una corte federal que los militares “no estaban limitados a proteger edificios”, sino que podían “apoyar operaciones de campo”. Esta admisión contradijo la versión inicial de la Casa Blanca.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, y autoridades de Chicago presentaron una demanda para frenar el despliegue. Argumentaron que no existían disturbios ni amenazas que justificaran la movilización.
Intervención judicial y limitación del uso de tropas
La jueza federal April Perry emitió una orden de restricción que bloqueó temporalmente el envío de tropas. Su resolución señaló que no existían pruebas creíbles de una rebelión organizada en Illinois y cuestionó la evaluación de seguridad del DHS.
Dos días después, la Corte de Apelaciones del Séptimo Distrito confirmó la decisión. El fallo permitió que los efectivos de Texas permanecieran en Illinois bajo control federal mientras el caso se resolvía en tribunales inferiores.
El proceso judicial reabrió el debate sobre la aplicación de la Ley Posse Comitatus, que limita el uso de fuerzas militares en tareas de seguridad interna, y sobre la posible invocación de la Ley de Insurrección de 1807, que habilitaría la intervención directa del ejército en operativos domésticos.
Operativos cerca de escuelas y reacción local
Las redadas se extendieron a zonas cercanas a instituciones educativas. En octubre, agentes federales detuvieron a dos mujeres beneficiarias del programa DACA en las inmediaciones de la Chicago World Language Academy. El ICE las liberó tras verificar su estatus migratorio.
El hecho generó alarma entre padres y docentes, quienes denunciaron la presencia de vehículos federales cerca de centros escolares. La administración local solicitó la suspensión de operativos en áreas con alta concentración de estudiantes.
La Casa Blanca no emitió comentarios sobre la continuidad de la Operación Midway Blitz, mientras organizaciones civiles advirtieron que los incidentes en Chicago reflejan un patrón de tácticas intimidatorias dirigidas también a ciudadanos estadounidenses.
Un patrón de violencia federal en expansión
Las denuncias sobre el secuestro de la adolescente, la detención de menores y los operativos militarizados configuraron un escenario de preocupación por el uso de la fuerza en contextos civiles.
Diversas organizaciones solicitaron la intervención del Congreso para revisar las acciones del ICE bajo la Operación Midway Blitz. Legisladores federales anunciaron que convocarán audiencias sobre los protocolos de detención y el empleo de fuerza en casos que involucren a menores de edad.
El caso de Chicago se mantiene en investigación y constituye uno de los episodios más recientes en una serie de denuncias sobre el empleo de tácticas agresivas en operativos migratorios dentro del territorio estadounidense.
VGB