Este 10 de enero de 2025 Nicolás Maduro se dispone a juramentar ante la Asamblea Nacional de Venezuela (Parlamento) como presidente para un nuevo periodo de 6 años, el tercero al hilo desde que heredó el control absoluto del país tras la muerte de Hugo Chávez en 2013. Con esto, hará aquello para lo que se activó la maquinaria de represión gubernamental desde antes, durante y después de la elección del 28 de julio del 2024, conservar el poder.
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Desde un año antes de la elección, en octubre de 2023, el gobierno de Venezuela y los líderes opositores firmaron el Acuerdo de Barbados para garantizar que el escrutinio se llevase a cabo bajo condiciones democráticas, libres y justas para todos los candidatos, sin embargo, eso no ocurrió, la posibilidad de una derrota, llevó al aparato gubernamental a obstaculizar el registro de candidatos presidenciales.
La candidatura de Edmundo González Urrutia amalgamó la esperanza de millones de venezolanos en la posibilidad de un cambio de gobierno. Una esperanza que se vio mermada con la inhabilitación de María Corina Machado y posteriormente de Corina Yoris, esta última, sin un paso previo en la política por lo que pudiese ser sancionada. Estos incidentes amenazaron con fragmentar a la oposición.
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En campaña, Edmundo González Urrutia, con el apoyo de María Corina Machado, reunió a millones de venezolanos en sus filas, incrementando la posibilidad de derrotar al régimen de Maduro, quien ante la presión de encuestas poco favorecedoras, recurrió al Consejo Nacional Electoral, encargado de la elección, para obstruir de manera velada la observancia de la oposición y de la comunidad internacional en la jornada electoral.
Bloqueo a observadores electorales
Previo a la jornada electoral del 28 de julio del 2024, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, al que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) acusó de actuar de manera parcial a lo largo del proceso electoral, bloqueó la participación de observadores nacionales e internacionales.
Uno de los observadores electorales a los que se les negó la acreditación para participar en la jornada electoral, fue el Observatorio Venezolano Electoral (OEV), el cual contaba con una amplia experiencia participando en este tipo de procesos. También la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación (ROAE) fue bloqueada, a medias, pues se le entregaron credenciales limitadas y no para todos los puntos de votación.
En su lugar, optaron por acreditar a tres grupos de observadores cuya información es escasa en el mejor de los casos, tales como: el Centro de Estudios Superiores, Proyecto Social y la Asociación Venezolana de Juristas.
Además, el Consejo Nacional Electoral retiró la invitación a participar en el escrutinio a la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, y puso condiciones al Panel de Expertos Electorales de la ONU y a los del Centro Carter. En su lugar, se optó por invitar a delegaciones de Colombia y Brasil, pero en ninguna de ellas había especialistas en este tipo de procesos, fue una participación política y no técnica.
El día de la jornada electoral, otras organizaciones civiles como la Red Electoral Ciudadana, entre otras, llevaron a cabo actividades de observancia electoral de forma independiente y sin acreditación, exponiéndose a sanciones del gobierno. Dichas organizaciones denunciaron restricciones y violaciones a los derechos humanos.
La jornada electoral
Pese a las limitaciones y obstáculos que tuvo que enfrentar, la oposición llegó al día de la elección, el 28 de julio del 2024, con un equipo de observadores en el 98% de los 30,026 centros de votación que fueron instalados en todo el país, lo que alimentaba la idea de que esta, por primera vez en muchas décadas, sería una elección verdaderamente democrática.
El optimismo de la oposición se reflejó en la convocatoria que Edmundo González Urrutia, María Corina Machado, políticos y famosos hicieron para salir a votar. La jornada transcurrió pacíficamente sin incidentes graves de violencia, incluso, conforme avanzaba la jornada, el ánimo era más que optimista, la oposición se daba ganadora.
Todos sus observadores electorales les reportaban que González Urrutia se había impuesto a Nicolás Maduro en las actas de votos, por lo que, antes de que terminara la jornada, ya estaban celebrando y agradeciendo a los millones de venezolanos por votar a favor del cambio de gobierno.
Sin embargo, el discurso de un cambio pacífico por la vía democrática, pese a las declaraciones que Nicolás Maduro venía realizando desde antes de la elección, acerca de que ganaría “por las buenas o por las malas” y adelantando que la oposición planeaba un “golpe de estado”, los arrinconaron en el bando perdedor, con poca capacidad de respuesta ante el triunfo “oficial” de Nicolás Maduro.
Consejo Nacional Electoral da triunfo a Maduro
Un día después de la elección, y sin que el sitio web del Consejo Nacional Electoral (CNE) se recuperara de un presunto “hackeo” desde Macedonia del Norte, el cual fue refutado por autoridades de dicho país, el excontralor de la República, Elvis Amoroso anunció al ganador de la jornada electoral, siendo Nicolás Maduro el vencedor.
El anuncio se realizó con el 80% de las actas escrutadas, pero cuyos resultados no se han hecho públicos, ni han sido cotejados. Del otro 20% tampoco se informó el resultado. Tampoco se ha seguido con lo establecido por la ley electoral de Venezuela, que obliga al CNE a entregar a los candidatos un disco compacto con los resultados de la votación.
Tras el anuncio de Amoroso, millones de venezolanos salieron a protestar en la calle contra lo que consideraron un “fraude electoral”, esto porque no se presentó evidencia de que la elección fue ganada por Maduro. En cambio, el equipo de campaña de Edmundo González Urrutia se adjudicó el triunfo presentando actas electorales recabadas por sus simpatizantes.
De acuerdo con el equipo de campaña de Urrutia, él obtuvo más de 7 millones de votos, presentando como pruebas mies de actas electorales publicadas de forma independiente por ellos en una página web diseñada por ellos. La oposición aseveró poseer el 80% de las actas electorales.
Pese a los reclamos de fraude y la desaparición de las actas electorales, el Tribunal Electoral de Venezuela ratificó la victoria de Maduro, dando un golpe más a la oposición.
Manifestaciones contra el fraude electoral
El presunto fraude electoral llevó a una serie de manifestaciones en regiones como: Aragua, Nueva Esparta, Zulia, Lara, Apure, Táchira, Bolívar, Mérida, Anzoátegui, Barinas, Miranda, Portuguesa y La Guaira. Incluso se unieron a las protestas municipios con fuerte aceptación del chavismo, tales como Miranda, Paz Castillo, Independencia y Cristóbal Rojas.
En dos días de protestas, estas alcanzaron las 210 en todo el territorio nacional, informó la organización Laboratorio de Paz en Venezuela, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que estas ascendieron a 300. De esas, 115 fueron reprimidas con el uso de las fuerzas armadas, alertó la organización.
La represión en contra de los manifestantes se reportó, sobre todo, en ciudades grandes como la capital, Caracas, donde se registraron cacerolazos, bloqueos viales y enfrentamientos entre civiles y las fuerzas de seguridad del Estado. Entre otras cosas, los manifestantes quitaron la propaganda de Nicolás Maduro e intentaron destruir monumentos dedicados al expresidente Hugo Chávez.
El proyecto periodístico Monitor de Víctimas, contabilizó el número de muertos a manos de las fuerzas del estado durante la represión de las protestas en sus primeros días, dando un saldo de 20 personas, entre ellos, dos adolescentes de 15 y 16 años.
La Fiscalía General de la República informó sobre la detención de 1,062 personas por participar en las protestas. Y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, justificó el uso de la fuerza acusando a la posición de orquestar un golpe de Estado “fraguado por la extrema derecha y el imperialismo”.
Las protestas encontraron eco en varias ciudades del mundo, donde más de 7 millones de venezolanos han llegado a radicar tras escapar del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Sin embargo sus reclamos han servido para poco, pues los gobiernos han mostrado tibieza para exigir a Maduro las pruebas de su victoria o forzar su dimisión.
Persecución de opositores
Las protestas estuvieron acompañadas por el reinició de la persecución de opositores al régimen. El primer detenido fue Freddy Superlano, líder del partido Voluntad Popular que apoyó a Machado y posteriormente a Urrutia. Él fue detenido el martes 30 de julio, pero su paradero se mantuvo en secreto hasta muchos días después.
Sobre Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, los líderes de la oposición, el presidente de la Asamblea Nacional y jefe de campaña de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, declaró que deberían ir a la cárcel por ser “responsables de una conspiración fascista”.
La persecución de opositores llevó a muchos integrantes del equipo de Urrutia, entre ellos Pedro Urruchurtu, a solicitar refugio en calidad de asilados políticos en la embajada de Argentina en Venezuela. Algunos otros escaparon del país, como Urrutia y otros se escondieron, como Machado, quien denunció que su vida estaba amenazada por el régimen de Maduro.
Tras ello, Maduro no cesó la persecución de sus opositores, pues de inmediato arremetió contra la embajada de Argentina, cortando los servicios como agua y luz y rodeándola con policías para evitar que escapen y que les lleven comida. Incluso se ha denunciado el arresto ilegal de trabajadores de la embajada.
Esta situación llevo al cese de las relaciones entre ambos países, mientras que la embajada de Argentina quedó bajo resguardo de la embajada de Brasil.
La persecución ha incrementado en las últimas semanas conforme se acerca el 10 de enero, fecha en la que inicia el nuevo mandato presidencial en Venezuela, pues Urrutia ha iniciado una gira por diferentes países como Argentina, Panamá, República Dominicana y Estados Unidos en busca de apoyo para viajar a Venezuela y tomar posesión como presidente del país.
Por ello, el gobierno de Maduro publicó una recompensa de 100,000 dólares por su detención.
Reacción de la comunidad internacional
La reacción de la comunidad internacional al triunfo electoral sin pruebas de Maduro ha sido variada pero ineficaz a la hora de exigir que se haga valer el derecho de los venezolanos a elegir de forma democrática a su presidente.
Por un lado, Estados Unidos, Colombia, Argentina, España, Italia, Chile, Costa Rica, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Reino Unido, Países Bajos, Perú, Noruega, Canadá y la Unión Europea han exigido a Maduro publicar las actas electorales.
Algunos de ellos, como Argentina, España y Perú, han reconocido desde el primer momento la victoria de Edmundo González Urrutia y exigen que Maduro reconozca su derrota. Con forme pasa el tiempo, más países se han sumado al reconocimiento de la victoria de Urrutia.
La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó la represión y persecución de la oposición en Venezuela, pero se declaró incapaz de intervenir en la situación porque Venezuela dejó de formar parte de esta organización desde 2019. México y Brasil se han mostrado más tibios, mientras piden a Maduro la publicación de las actas electorales y llaman al diálogo como vía para la resolución de la crisis política en el país, se niegan a reconocer la victoria de Urrutia.
Mientras la oposición sigue fragmentada, una parte en Venezuela y otra en el extranjero, desesperada por apoyo, el régimen de Maduro ha ido recobrando la normalidad y el control del país y se prepara para oficializar el inicio del tercer mandato de Nicolás Maduro.
VGB