El presidente de Estados Unidos firmó 41 decretos para aplicarse en materia de inmigración, seguridad, política interior, economía y comercio exterior. Algunos se enfocan a asuntos domésticos, pero otros afectan a sus vecinos, como México y Canadá, u organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud.
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Entre las últimas que firmó se encuentra una enfocada a “Proteger al pueblo estadounidense de una invasión” en la que instruye al Departamento de Estado, al de Seguridad Interior y la Fiscalía para integrar brigadas que identifiquen a extranjeros que hayan entrado sin autorización al país o hayan sobrepasado el periodo de su autorización y tomen medidas para expulsarlos.
“En los últimos cuatro años, la administración anterior invitó, administró y supervisó una avalancha sin precedentes de inmigración ilegal en Estados Unidos. Millones de extranjeros ilegales cruzaron nuestras fronteras o se les permitió entrar directamente en Estados Unidos en vuelos comerciales y asentarse en comunidades estadounidenses, en violación de leyes federales vigentes desde hace mucho tiempo”, señala la orden.
Eliminan legado de Biden
El documento señala que entre los extranjeros que entraron sin autorización o permanecieron más allá del tiempo autorizado hay “muchos” que representan amenazas significativas para la seguridad nacional y han cometido actos atroces contra ciudadanos inocentes.
Sin aludir a un caso específico afirma: “otros se dedican a actividades hostiles, como el espionaje, el espionaje económico y actividades relacionadas con el terrorismo. Muchos han abusado de la generosidad del pueblo estadounidense, y su presencia en Estados Unidos ha costado a los contribuyentes miles de millones de dólares”.
El decreto presidencial ordena eliminar órdenes firmadas por Joe Biden como la Revisión de las políticas y prioridades de aplicación de las leyes de inmigración civil, la que creaba un marco regional integral para abordar las causas de la migración y gestionar la migración en toda América del Norte y Central, y la que formaba un grupo de trabajo interinstitucional para la reunificación de las familias, todas creadas en 2021 a la llegada del demócrata a la Casa Blanca.
Los departamentos y agencias mencionados anteriormente deben aplicarse en ejecutar las leyes de inmigración estadounidenses contra todos los extranjeros “inadmisibles y expulsables”.
Brigadas contra migrantes
Entre las órdenes giradas al Departamento de Seguridad Interior está tomar las medidas necesarias para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos prioricen la identificación de quienes están en el país sin autorización y procedan a removerlos.
Además, la Fiscalía general y el Departamento de Seguridad Interna deben crear grupos de trabajo en todos los estados del país.
En un plazo de 90 días a partir del 20 de enero, el secretario del Tesoro y el Secretario de Seguridad Interna presentarán un informe al presidente en torno a cómo han avanzado en la instrucción y deben recomendar cualquier medida adicional que sea necesario adoptar para alcanzar sus objetivos.