El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, se apresta esta semana a aprobar, con el apoyo de algunos demócratas, el que sería el primer proyecto de ley de inmigración de Donald Trump en su segundo mandato, y que, según sus críticos, abre el camino para las detenciones indiscriminadas de indocumentados.
La ley bautizada con el nombre Laken Riley, una universitaria asesinada en un campus de Georgia en febrero 2024 por el venezolano José Ibarra, condenado a cadena perpetua, requeriría que las autoridades de inmigración detengan a los indocumentados acusados, sospechosos o detenidos en casos de robo y delitos relacionados, sin que se les haya comprobado su culpabilidad.
Además, el proyecto garantiza a los estados la posibilidad de demandar al Gobierno federal por una "amplísima gama" de medidas relacionadas con la inmigración, lo que obstaculizaría la capacidad del Ejecutivo de definir las políticas sobre este tema, sin importar qué partido está en el poder, según el National Immigration Law Center (NILC).
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Se prevé que el pleno del Senado comience a debatir esta tarde el proyecto, que la semana pasada fue aprobado por la Cámara de Representantes, con el apoyo de todos los republicanos y 48 demócratas.
Demócratas, clave para que avance nueva ley
A tan solo unos días de que Donald Trump asuma por segunda ocasión el poder en Estados Unidos y en medio de amenazas por deportaciones masivas de migrantes indocumentados, los senadores demócratas podrían otorgar a los republicanos nuevos poderes sobre la política migratoria en el país.
De acuerdo con el medio Mother Jones, los liberales en Estados Unidos aún se encuentran conmocionados por los resultados en las casillas y aparentemente temen por sus perspectivas de reelección.
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Ejemplo de esta situación es que, a principios de esta semana, fue aprobada por la Cámara de Representantes con el apoyo de 48 demócratas la Ley Laken Riley, la cual ha generado controversia en Estados Unidos debido a su enfoque en deportar a inmigrantes por delitos menores.
La ley, que lleva el nombre de la mujer de 22 años que fue asesinada el año pasado por un migrante venezolano, ordenaría la detención inmigrantes indocumentados por delitos menores y facilitaría que los fiscales generales republicanos demanden al Gobierno Federal por asuntos de inmigración.
El diario virtual, explica que los senadores demócratas John Fetterman, por Pensilvania, Rubén Gallego y Mark Kelly, por Arizona, Gary Peters y Elissa Slotkin, por Michigan y Jacky Rosen, por Nevada han indicado que apoyarán el proyecto de ley.
Demócratas se muestran vulnerables ante la crisis migratoria
Esto significaría una señal de lo vulnerables que se siente la bancada demócrata ante los temas en materia de inmigración y su disposición a ceder ante la agenda antinmigrante de Trump, a diferencia de como lo hicieron en su primer mandato.
Asimismo, el texto explica que esto es el resultado del alto precio político que han tenido que pagar los legisladores liberales ante la crisis migratoria que se ha intensificado durante la administración de Joe Biden.
Con la aprobación de esta ley, se faculta a las autoridades federales para arrestar a inmigrantes por delitos menores como robo sin violencia, incluso si no han sido condenados, lo que podría dar lugar a deportaciones masivas sin un juicio adecuado.
Ante esta situación, organizaciones de derechos civiles y de inmigrantes han expresado su desacuerdo, argumentando que elimina el debido proceso para los acusados, ya que sometería a los inmigrantes indocumentados a detención obligatoria si son arrestados, acusados de haber cometido un delito como robo.
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Tampoco existe un plazo de prescripción en los casos en que alguien admite haber robado algo, por lo que un inmigrante confeso de haber hurtado en tiendas hace décadas, podría enfrentarse a una detención obligatoria.
La responsable de políticas de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Sarah Mehta, dijo en una declaración que esto podría llevar a la detención de “una madre que admita haber robado pañales para su bebé en una tienda, o a personas mayores que admitan haber robado sin violencia cuando eran adolescentes”.