En Nicaragua se vive una creciente violación a las libertades de expresión y de prensa, así como un aumento de las agresiones contra periodistas, activistas, medios de comunicación, estudiantes, clérigos, artistas y opositores políticos, entre otros.
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Así lo concluyó la Sociedad Interamericana de Prensa en un informe que elaboró acerca de la situación que se vive en Nicaragua, el cual se realizó con la colaboración de organizaciones regionales e internacionales de libertad de prensa y derechos humanos.
“Entre 2018 y 2024 el estado de Nicaragua y sus funcionarios han intensificado y aumentado las agresiones selectivas contra periodistas, activistas, artistas, medios de comunicación, estudiantes, clérigos, opositores políticos, etcétera".
“Actos como las detenciones arbitrarias, el exilio forzado, el retiro de la ciudadanía y el despojo de bienes y derechos básicos se están convirtiendo en habituales. Desde el último ciclo del EPU (Examen Periódico Universal=, la legislación aplicada en Nicaragua ha provocado una restricción del espacio cívico y de la libertad de expresión en el país. El Estado se ha negado a cumplir los compromisos previos adquiridos en el proceso del EPU y no está protegiendo, ni garantizando estos derechos esenciales”, se lee en el informe.
La libertad de los medios de comunicación añadió, se ha visto socavada mediante restricciones a la cobertura informativa relacionada con la pandemia del Covid-19, limitaciones a la información pública y amenazas al trabajo de los periodistas.
¿Cuáles son las sugerencias?
Dentro de las recomendaciones que la SIP hace está el cesar el acoso judicial, policial e institucional contra las voces críticas y contra quienes ejercen su derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica. También se hace el llamado a poner fin al uso arbitrario de mecanismos administrativos, legislativos, judiciales, financieros y policiales que impiden el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales en el país.
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Se pide adoptar medidas inmediatas para liberar a todas las personas opositoras y críticas detenidas de manera arbitrariamente, incluidos periodistas, activistas, artistas y otras personas presas políticas encarceladas por ejercer su derecho a la libre expresión, la expresión artística y la manifestación política.
Despojo y exilio
Entre los mecanismos represivos -documentados- que se implementan por parte del Estado nicaragüense destacan el despojo de la ciudadanía y el exilio forzoso de personas críticas con las autoridades.
“Debido a la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018 y a la retirada de la ciudadanía a al menos 317 personas, Nicaragua alcanzó la cifra récord de al menos 440, 260 desplazados, el 6.5% de su población”, se expuso.
Además, se detalló que 90 de los despojados de su nacionalidad en 2023, son periodistas, diplomáticos, directores de medios de comunicación, miembros de la oposición, escritores y miembros de la sociedad civil, incluidas personas defensoras de los derechos humanos y activistas.
Es por ello que se propone adoptar medidas inmediatas para restituir la nacionalidad a periodistas, escritores, activistas, defensores de los derechos humanos, disidentes políticos y otros opositores.
“A los que se les ha privado arbitrariamente de su nacionalidad como represalia por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, se indicó.
Cierran y confiscan medios
Se documentó que entre 2018 y 2023 se cerraron 49 medios de comunicación, cinco de ellos fueron objeto de redadas, con el consiguiente cierre de sus oficinas y la confiscación de sus propiedades.
“Los periodistas han sido víctimas de ataques como el robo de equipos de producción y transmisión, acoso y asedio policial, retención de suministros, embargos económicos, redadas y cierre arbitrario de sus licencias”, se subrayó.
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Además, a las emisoras de radio se les ha prohibido cubrir las noticias y han denunciado constantes interferencias en sus frecuencias por parte de emisoras progubernamentales.
Desde 2018, a más de 3,500 organizaciones no gubernamentales se les ha cancelado su registro legal. “La aniquilación de organizaciones, especialmente las que trabajan por las libertades fundamentales, afecta a la democracia, reduce el espacio cívico y facilita el silenciamiento de las voces críticas y disidentes".
Se recomienda garantizar la libertad de los medios de comunicación permitiendo a periodistas, trabajadores de los medios y otros profesionales de la comunicación llevar a cabo plenamente su labor informativa, la seguridad de sus bienes e inversiones y un entorno propicio en el que puedan trabajar sin temor a represalias; devolver los equipos e infraestructuras confiscados; poner fin a la campaña de persecución religiosa y restablecer, de inmediato, la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil.