Ante el temor a que se aseste en Guatemala un golpe de Estado para evitar que tome posesión del cargo el presidente electo Bernardo Arévalo de León, ha puesto en alerta a la región con reacciones de preocupación expresadas por gobiernos como el de México y Estados Unidos, y llevando al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a supervisar en persona el comienzo de la transición de cambio presidencial fijado para el próximo 14 de enero de 2024.
La visita de Almagro coincide justo cuando varios expresidentes iberoamericanos reunidos en el Grupo de Puebla denunciaron la "guerra jurídica" que está en marcha en contra del presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, y "los intentos de sabotear" el proceso de transición para que tome el mando, y alertaron sobre el peligro de un golpe de Estado.
"Prevenimos sobre el peligro de un golpe de Estado en proceso y convocamos a la comunidad internacional a apoyar una transición pacífica y apegada a la legalidad, que permita acceder al gobierno a las autoridades elegidas por el pueblo, en un paso definitivo para asegurar la continuidad democrática y recuperar el Estado de Derecho en Guatemala", señaló este grupo de izquierdas en un comunicado.
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La denuncia fue lanzada en una carta firmada por varios líderes políticos de izquierdas y expresidentes, incluidos el español José Luis Rodríguez Zapatero, el colombiano Ernesto Samper y el ecuatoriano Rafael Correa.
"Durante el proceso electoral se han presentado varios intentos por quitarle legitimidad a la candidatura ganadora y el partido Semilla que él representa a través de acciones que incluyen amenazas a la vida de los dirigentes, allanamientos ilegales a las sedes de su Campaña y anuncios de detenciones arbitrarias", estimó el Grupo de Puebla.
Entre las acciones denunciadas está el que se haya declarado inválida la elección de la bancada de gobierno o las peticiones de nuevas elecciones para que el órgano legislativo pueda "nombrar un 'gobernante provisional' sintonizado con el propósito golpista de desconocer los últimos resultados electorales y sostener el caos en Guatemala".
Según el Consejo Latinoamericano de Justicia y la Democracia (CLAJUD) del Grupo de Puebla, "no existe causa constitucional para anular las elecciones", así como "los jueces penales no pueden atribuirse funciones que atribuye la Constitución al Tribunal Supremo Electoral".
"La pretensión de nombrar un presidente interino por parte del Congreso implicaría un claro desconocimiento de la Constitución y la voluntad del constituyente primario expresada en las últimas elecciones en favor del Presidente Bernardo Arévalo", estimaron los firmantes.
Y por ello solicitan "de manera enfática" al gobierno guatemalteco y a las autoridades judiciales "que se reitere la validez de los pasados comicios electorales, se oficialicen sus resultados invistiendo de los cargos de Presidente a Bernardo Arévalo y Vicepresidenta a Karina Herrera, (y) se anule la decisión de ilegalizar el Partido Semilla".
"Desde el Grupo de Puebla y el CLAJUD denunciamos la sistemática judicialización del proceso electoral y del Movimiento Semilla, en un contexto de pérdida total de institucionalidad, a manos de una derecha sumida en la corrupción, que ha permitido el avance del crimen organizado en el país", estimaron.
Plan “Colosio” para asesinar al presidente electo de Guatemala
El 23 de marzo de 1994, el candidato a la presidencia en México por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Donaldo Colosio, favorito para ganar la elección de ese año, fue asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.
El crimen de Colosio cimbró todo el país, a 29 años de este magnicidio, la palabra Colosio tomó una connotación tras las pasadas elecciones de Guatemala, la revelación de un plan criminal para asesinar al presidente electo, Bernardo Arévalo, del Movimiento Semilla. Ante ello, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) le dio medidas cautelares a Arévalo y a la vicepresidenta electa, Karin Herrera.
La resolución de la CIDH detalla que el 15 de agosto de 2023, los solicitantes -de las medidas cautelares- informaron que el equipo de seguridad del propuesto beneficiario Arévalo de León recibió información preocupante sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares.
Agrega que los solicitantes “alegaron que, al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado “Colosio”, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI en 1994, el que se implementaría para acabar con la vida del propuesto beneficiario -Bernardo Arévalo-. Según los solicitantes, tales fuentes que no se conocen entre sí”.
La CIDH, con sede en Washington, pidió al Estado de Guatemala en una resolución que tome las "medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de los políticos".
En el documento, la CIDH señaló que ha sido informada de que Arévalo fue sujeto de "vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte” que han incrementado "tras la segunda vuelta electoral del 25 junio de 2023".
Entre estas denuncias se encuentra la existencia de dos posibles planes para atentar contra la vida de Arévalo.