Este viernes las autoridades de Brasil detuvieron a 7 jefes de la Policía Militar, entre los que destaca el comandante de Brasilia, Klepter Rosa Gonçalves, luego de ser acusados de incumplir sus deberes durante los actos golpistas a favor de Jair Bolsonaro registrados en las sedes del Congreso, la Presidencia y el Tribunal Supremo el pasado 8 de enero, en el marco de la toma de protesta de Luiz Inácio Lula da Silva como nuevo presidente del gigante sudamericano, de acuerdo con información de Efe y El País.
Los agentes federales cumplen siete órdenes de arresto emitidas por el Supremo Federal Tribunal (STF) ha pedido de la Procuraduría General de la República (PGR), que consideró que las autoridades se omitieron "en vez de actuar" para evitar los actos golpistas, de acuerdo con el comunicado de la Procuraduría.
Entre los delitos imputados a los líderes militares están los de Abolición violenta del Estado de derecho, Intento de golpe, Daño al patrimonio y Omisión del deber. Las autoridades señalaron que los detenidos “compartían entre sí mensajes de tenor golpista" "con cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso electoral”.
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Las investigaciones fueron comandadas directamente por el subprocurador general de la República, Carlos Frederico Santos, quien en su relato consideró que había "contaminación ideológica" por parte de los implicados. Esa actitud "se mostró adepta para teorías conspiratorias sobre fraudes electorales y de teorías golpistas", a favor del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), subrayó Santos.
La orden expedida por el magistrado Alexandre de Moraes prevé también el bloqueo de bienes, allanamientos y separación de las funciones públicas ejercidas por los investigados, todos comandantes y en altos cargos de la Policía en el Distrito Federal. La PGR también señaló que la acción de la Policía Federal busca reunir "nuevas pruebas" de conductas practicadas por los responsables de la seguridad pública de la capital brasileña.
Contexto
El 8 de enero miles de bolsonaristas radicales, que llevaban más de dos meses acampados frente a los cuarteles de varias ciudades pidiendo una intervención militar para derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, atacaron las sedes de los tres poderes. Desde ese día de los actos antidemocráticos con fines golpistas han sido arrestadas más de 1,800 personas y 128 de ellas permanecen detenidas, aunque casi todos siguen respondiendo ante la Justicia en libertad condicional por diversos delitos.
La situación para Bolsonaro se complica aún más al ser inhabilitado para participar en elecciones durante los próximos ocho años; a lo que se suman las investigaciones sobre sus movimientos financieros y las continuas revelaciones de sus acciones, como socavar el proceso electoral o vender las joyas regaladas por Arabia Saudí durante su mandato presidencial, incrementan la presión en su contra.
Un juez del Tribunal Supremo ordenó la noche del 17 de agosto el levantamiento del secreto bancario de Bolsonaro y de su esposa Michelle, en busca de transacciones sospechosas y para averiguar si el dinero obtenido por la venta de esas joyas llegó hasta el ex jefe de Estado. La decisión judicial también autorizó a la Policía Federal a solicitar a Estados Unidos el levantamiento del secreto bancario de las cuentas bancarias de los Bolsonaro en ese país.
Esto, después de que el teniente coronel Mauro Cid, un estrecho colaborador del mandatario, anunciara a través de su abogado que se dispone a testificar contra el exgobernante.
El abogado de Cid, Cezar Bitencourt, dio versiones discordantes a varios medios de comunicación y este viernes, en una larga entrevista en vivo a la televisión "Globonews", aclaró que la confesión del exedecán será limitada. Cid dirá a la Policía que Bolsonaro le pidió "resolver el problema" del Rolex, una de las joyas que había recibido como regalo, y él, como "buen entendedor", lo vendió en una tienda de artículos de lujo en Estados Unidos para después entregarle el dinero.