Luego de que el expresidente Donald Trump se declaró inocente este martes ante un tribunal federal de Miami de 37 cargos penales que le acusan de haber guardado ilegalmente documentos de seguridad nacional cuando dejó la Casa Blanca y de haber mentido a funcionarios que trataron de recuperarlos.
El fiscal especial Jack Smith quien dirige la investigación de los documentos del expresidente Trump, prometió que trataría de que hubiera “un juicio rápido”; sin embargo, esto dependerá de Aileen Cannon, la jueza federal asignada al caso penal del Departamento de Justicia contra el aspirante republicano a la presidencia marcará el ritmo y las reglas sobre cómo se desarrollarán los procedimientos.
Resulta que la jueza Cannon de nacionalidad colombiana fue nombrada en 2020 por el entonces presidente Trump para un puesto de juez en los tribunales federales del Distrito Sur de Florida, es la encargada del caso de los documentos clasificados, pero no será quien lea los cargos al exgobernante.
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Cannon tendrá la autoridad para revisar la decisión del juez a petición de cualquiera de las partes y su selección para formar parte del caso se hizo al azar entre cuatro jueces federales en el sur de Florida.
¿Quién es la jueza Cannon?
Nacida en Cali, en 1981, Cannon estudió en Estados Unidos en la Universidad Duke y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Míchigan.
La jueza comenzó su carrera como asistente del juez federal de apelaciones en Iowa, y luego en las oficinas de Gibson, Dunn & Crutcher, una firma de abogados de élite con sede en Washington D.C., detalla el citado medio.
En 2013, Cannon regresó a Florida, donde comenzó su trabajo como fiscal federal en el Distrito Sur de Florida en las divisiones de delitos mayores y apelaciones.
Con fuertes vínculos con la comunidad hispana del sur de Florida, Cannon se convirtió en el centro de atención en septiembre pasado cuando supervisó los procedimientos judiciales que el FBI encontró en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, en Florida.
En su fallo, Cannon denegó al Departamento de Justicia una moción para continuar revisando e investigando material incautado en Mar-a-Lago, al tiempo que nombró al juez Raymond Dearie, antiguo magistrado principal del tribunal del distrito con sede en Brooklyn, como perito independiente.
La decisión de Cannon de aceptar la designación de un perito independiente para revisar los documentos hallados en Mar-a-Lago, como pidió Trump, le ganó numerosas críticas.
Por ello, la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito en Georgia rechazó rotundamente los fallos anteriores de Cannon a favor de Trump.
Trump está acusado de retener ilegalmente documentos altamente clasificados después de dejar la Casa Blanca y de frustrar los esfuerzos del gobierno para recuperar los registros. La participación de material clasificado, así como la contienda presidencial de 2024, agregan complejidades significativas al caso que podrían prolongar la línea de tiempo.
La investigación contra el magnate liderada por el fiscal especial Jack Smith, se inició en 2022 a raíz de un registro realizado en Mar-a-Lago.
Allí, el FBI encontró más de 11,000 documentos oficiales, entre los cuales había un centenar catalogados como secretos o "ultrasecretos".
La acusación indica que se encontraron documentos relacionados con "el armamento nuclear en Estados Unidos" y las "capacidades nucleares de un país extranjero", así como información de las sesiones informativas de inteligencia de la Casa Blanca que detallan las capacidades militares de Estados Unidos y otros países. Se alega que Trump compartió este material con individuos no autorizados y luego intentó ocultarlos a sus propios abogados cuando intentaron cumplir con los requerimientos federales.
El exmandatario enfrenta la acusación de conspiración para ocultar y la obstrucción a la justicia. Junto a él, Waltine Nauta, un antiguo asistente militar de su presidencia, quien fue visto moviendo cajas con documentos oficiales en Mar-a-Lago, también ha sido imputado.
Este nuevo juicio, inédito para un presidente o expresidente de Estados Unidos ante la justicia federal, se suma a otro juicio pendiente en un tribunal de Manhattan, Nueva York. En esta causa, Trump está acusado de 34 delitos en relación con pagos supuestamente irregulares a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016.