La justicia estadounidense ha decidido emprender acciones contra el exmandatario Donald Trump, estableciendo el 25 de marzo de 2024 como la fecha para el comienzo del juicio penal que lo involucra. Este acontecimiento puede generar un gran revuelo mediático durante las elecciones primarias del Partido Republicano.
A través de una conexión de video, Trump se presentó ante el juez, manteniendo su declaración de no culpabilidad frente a las acusaciones de 34 delitos graves vinculados a la manipulación de registros empresariales para encubrir actos ilícitos durante su campaña presidencial de 2016. Estos cargos emergen a raíz de una investigación del fiscal Alvin Bragg en torno a pagos efectuados para silenciar a Stormy Daniels, estrella del cine para adultos, quien afirmó haber tenido un affaire con Trump, alegato que él niega rotundamente.
Durante la sesión judicial, se pudo apreciar a Trump conversando y gesticulando con su representante legal, Todd Blanche. El único momento en que se escuchó su voz fue cuando confirmó la recepción de la orden de protección del caso. Su abogado resaltó la preocupación de Trump en torno a cómo esta orden podría afectar sus derechos establecidos en la Primera Enmienda.
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El juez Merchán aseguró que no existía ninguna orden de silencio, permitiendo a Trump defenderse públicamente frente a las acusaciones y seguir en campaña para la presidencia de Estados Unidos. No obstante, el magistrado advirtió sobre las sanciones a las que se expone el expresidente en caso de violar los términos específicos de la orden de protección.
Los detalles de la orden de protección restringen la difusión de las pruebas presentadas por la fiscalía en cualquier plataforma de noticias o redes sociales, sin el previo consentimiento del tribunal. Por ende, Trump solo puede revisar ciertos documentos clasificados como "materiales de difusión limitada" en presencia de sus abogados y no tiene permitido hacer copias de los mismos.
La siguiente audiencia está fijada para el 4 de enero de 2024. Aunque no existe ninguna orden de silencio, Trump y su equipo legal tienen limitaciones en cuanto a la divulgación pública de los materiales del caso proporcionados durante el proceso de descubrimiento.
Por último, los defensores legales de Trump presentaron una moción para transferir el caso a un tribunal federal en Manhattan, argumentando que los delitos atribuidos a Trump están relacionados con su papel como presidente. Sin embargo, esta solicitud no detiene el calendario actual del tribunal estatal. Una audiencia sobre dicha moción está programada para el próximo mes en un tribunal federal.