Tras ordenar la disolución de la Asamblea Nacional, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, expresó en entrevista para EL PAÍS que prefiere gobernar “6 meses en el purgatorio que 2 años en el infierno”, pues aseguró que la crisis política en su país ha llegado a un punto sin solución por el bloqueo de la Asamblea Nacional.
El mandatario afirmó que su decisión no tiene que ver con el juicio político que se está efectuando en la Asamblea Nacional en su contra, pues asegura que “la oposición no tenía los votos suficientes para destituírme”.
El miércoles, Guillermo Lasso firmó un decreto mediante el cual ordenaba a la Asamblea Nacional su disolución inmediata, alegando una grave crisis política y conmoción interna en Ecuador, esto mientras al mismo tiempo se sesionaba el juicio político de censura en su contra.
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Uno de los asambleístas partícipes del juicio político contra el presidente ecuatoriano, Esteban Torres, manifestó su desacuerdo con el decreto emitido por Lasso en el que se ordenaba la disolución de la Asamblea Nacional, pues afirmó que no existe ninguna causal que justifique tal medida.
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Debido a lo anterior, Esteban Torres se pronunciado por analizar la pertinencia del decreto desde una perspectiva judicial y constitucional, para que se pueda tomar una decisión que invalide o confirme la medida tomada por el presidente.
Esteban Torres aseguró que ante el decreto de disolución de la Asamblea Nacional, solo hay dos opciones: la primera que se confirma el decreto y se convoque a elecciones inmediatamente; y la segunda, que se invalide y la Asamblea siga sesionando con normalidad.
No todos los actores políticos de Ecuador están en contra de la medida tomada por el presidente Lasso, algunos como el exasambleísta Fernando Villavicencio se han pronunciado a favor, pues aseguró que esta medida es la única opción viable para el gobierno, ya que no contaba con un bloque parlamentario sólido y enfrentaba una conspiración constante. Incluso afirmó que la medida estuvo retardada.
Con esta medida, el “nuevo siglo de republicanismo” al que se dirigiría Ecuador con la llegada de Guillermo Lasso al poder en 2021, parece haber quedado de lado, o por lo menos no será posible mientras ninguno de los dos poderes, el Legislativo o el Ejecutivo sea sustituido, pues la relación está totalmente quebrada.
La batalla se dirimirá entre el juicio político contra el presidente Lasso en la Asamblea Nacional y el decreto de Lasso para la disolución de esta, cualquiera que se lleve a cabo primero.
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Decreto de disolución de la Asamblea por "muerte cruzada"
El decretó de Lasso se realizó mediante la evocación de "muerte cruzada", una cláusula constitucional con la que se disuelve la Asamblea Nacional para convocar posteriormente a elecciones, a fin de renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo.
Eso quiere decir que el presidente Lasso puede gobernar por decretos-leyes de urgencia económica mientras se realizan elecciones para presidente y legisladores en 90 días y la posesión del nuevo presidente sería en un plazo de 6 meses, de ahí que diga que gobernara en el purgatorio.
Aunque Lasso había manifestado en entrevista para CNN que no quería decretar la "muerte cruzada" para no perder la estabilidad del país, las diferencias entre él y la Asamblea han llevado a un punto sin solución, y ahora, amparado en la Constitución, ambos poderes terminarán por disolverse sin siquiera haber pasado tres años de gestión presidencial.
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El juicio político contra Lasso
Guillermo Lasso es acusado de haber pasado por alto la malversación en empresas estatales en las que supuestamente estuvo involucrado, por lo que se le levanto un juicio político desde el martes en la Asamblea Nacional, el cual, ante el alto número de legisladores que participaron en el debate, se podría concluir este sábado.
Para poder ordenar aprobar la censura y destitución del presidente, la Asamblea Nacional requiere el voto de por lo menos 92 de los 137 parlamentarios que la componen.
Al comparecer ante los asambleístas, Lasso aseguro que el juicio político en su contra carecer de fundamentos, pues no se han presentado ni testigos ni pruebas que respalden las acusaciones de malversación en su contra.
VGB