Washington.- El exprecandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro, excarcelado y expulsado de su país a Estados Unidos por el gobierno de Daniel Ortega, agradeció este viernes en nombre de los 222 presos el ofrecimiento de la nacionalidad que les ha hecho España.
"Estoy seguro de que muchos de los presos políticos van a ver esto como una opción", apuntó en una rueda de prensa virtual desde Washington, en la que agradeció a España haber trabajado intensamente en los últimos años por la democratización de Nicaragua.
El gobierno español ofreció la nacionalidad española a los presos políticos nicaragüenses excarcelados por Ortega y que fueron expulsados del país en un vuelo que llegó a Washington a medio día del jueves.
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Aunque recibieron un permiso humanitario que les permitirá vivir y trabajar en Estados Unidos por dos años, los nicaragüenses son apátridas después de que el Gobierno de Ortega anunciara que les quitaba la nacionalidad "por traidores a la patria".
Chamorro, acompañado del también ex precandidato presidencial Félix Maradiaga, excarcelado igualmente ayer, agradeció a todas las organizaciones civiles y Gobiernos que les han mostrado apoyo en los meses que han pasado en prisión (20, en el caso de ambos).
"El agradecimiento a España es particular porque tomo el tema de los presos políticos y la democratización desde muchos años antes y ha mostrado ese compromiso para con Nicaragua y los nicaragüenses", apuntó.
Es un "ofrecimiento generoso" que los "llena de esperanza", comentó, y aunque solo llevan unas horas fuera de prisión ya lo están analizando.
"Estamos informándonos de esa política, pero estoy seguro de que muchos de los 222 podrían ya estar tomando decisiones al respecto. Hay un par que tienen familiares en España y estoy seguro de que es una acción humanitaria sumamente importante y me alegro enormemente de que se haya tomado la iniciativa que muestra la importancia de que concierto internacional de países trabajando por los derechos políticos y humanos", afirmó.
Chamorro agradeció en particular al eurodiputado del Partido Popular Pablo Arias, que fue su par en el sistema de apadrinamiento de presos políticos que se creó para mantener la causa viva y personalizar cada caso.
Aunque la expulsión fue una decisión unilateral de Ortega, Estados Unidos llevaba meses pidiendo la liberación de los presos políticos tras la ola de protestas que sacudió el país en 2018 con peticiones para que renunciara y que acabaron con cientos de muertos, presos y desaparecidos.
Esa crisis se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
AVANZA LEY QUE ANULARÍA NACIONALIDAD NICARAGÜENSE A "TRAIDORES DE LA PATRIA"
El gobierno de Nicaragua publicó este viernes en el Diario Oficial La Gaceta la reforma a la Constitución, aprobada en la víspera en la primera de dos legislaturas, con la que se despojaría de la nacionalidad a los nicaragüenses sentenciados por delitos considerados "traición a la patria".
El artículo constitucional reformado, el 21, debe ser aprobado en una segunda legislatura para que entre en vigor, es decir el próximo año.
La enmienda establece que "la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense".
La Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), controlada por los gobernantes sandinistas que tienen mayoría absoluta, aprobó el jueves de forma expedita la "Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense", que Ortega también mandó a publicar en el Diario Oficial La Gaceta.
El artículo 1 de esa Ley Especial, explica que esa legislación "tiene por objeto regular la pérdida de la nacionalidad estipulada en el artículo 21 de la Constitución Política de la República de Nicaragua".
Así, se establece que "las personas sentenciadas al tenor de lo dispuesto en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada el 22 de diciembre de 2020, perderán la nacionalidad nicaragüense".
La autoridad judicial será la competente para aplicar la presente Ley, debiendo notificar al Consejo Supremo Electoral, de acuerdo a la norma aprobada.
¿PRESOS POLÍTICOS CONSERVAN SU NACIONALIDAD?
La enmienda constitucional, reformada en la primera de dos legislaturas y la ley especial, fueron aprobadas el mismo día en que fueron excarcelados y expulsados a Estados Unidos 222 prisioneros nicaragüenses, entre líderes opositores, sacerdotes y críticos al Gobierno del presidente Ortega.
Esos 222 prisioneros nicaragüenses, entre ellos 7 que intentaron disputar la Presidencia al actual mandatario y que fueron expulsados a Estados Unidos "por traidores a la patria", fueron inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública, cargos de elección popular, y se les suspendió sus derechos ciudadanos de por vida, según detalla la sentencia de un Tribunal de Apelaciones de Managua.
Es decir, a tenor de la ley, los 222 presos políticos conservan su nacionalidad nicaragüense en base al artículo 20 de la Constitución que establece que "ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad".
Además, conservan la nacionalidad nicaragüense porque la reforma al artículo 21 constitucional debe ser aprobada en segunda legislatura para entrar en vigor y porque el sistema jurídico penal nicaragüense solo permite la retroactividad de las leyes cuando esta favorezca al sentenciado o reo, es decir se prohíbe la aplicación retroactiva de la ley cuando esta perjudique al condenado.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha exigido al Gobierno de Ortega en Nicaragua que restituya los derechos de los 222 "presos políticos" expulsados a Estados Unidos.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo.