El expresidente Alberto Fujimori es probablemente la figura política peruana más controversial de las últimas décadas y la reciente aprobación del Tribunal Constitucional (TC) de Perú para sacarlo de prisión ha vuelto a encender la llama de la polémica.
Crímenes de lesa humanidad, autoritarismo o corrupción son algunos de los escándalos que marcaron su gobierno entre el año 1990 y el 2000.
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Su llegada a la presidencia se produjo en un momento crítico para Perú
Alberto Fujimori llegó al poder en un momento crítico para Perú, ya que para finales de la década de 1980, el país andino sufría una de las hiperinflaciones más elevadas del mundo y estaba envuelto, desde hacía décadas, en un conflicto armado contra la guerrilla maoísta, que había dejado decenas de miles de víctimas.
Una crisis que este ingeniero de ascendencia japonesa supo aprovechar postulándose como un candidato diferente a los partidos tradicionales de Perú.
Su principal reto a su llegada a la presidencia fue mejorar la situación económica peruana. Con una política neoliberal comenzó a privatizar empresas clave del sector público peruano para atraer inversión extranjera y logró reducir la hiperinflación que azotaba al país desde hacía años. Los resultados elevaron su popularidad entre la población.
El otro punto fuerte de sus políticas de gobierno fue la lucha contra el terrorismo, Fujimori endureció el combate contra Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, con el objetivo de terminar con su influencia.
El operativo tras el secuestro de la embajada de Japón en Lima por este último grupo en 1997, en el que murieron los 14 terroristas, es un ejemplo de su actuar contra las guerrillas.
Lo anterior se debe a que el Gobierno de Fujimori, financió y armó a grupos paramilitares que operaban como escuadrones de la muerte contra todo civil sobre el que hubiera una sospecha de colaboración con la guerrilla. Una postura dura que hizo que el grupo armado retrocediera, pero que también se utilizara violencia de Estado contra miles de personas.
Masacres y el “fujimorazo”
El 3 de noviembre de 1991 se produjo la masacre de Barrios Altos, en la que fueron asesinadas 15 personas que estaban en una reunión vecinal, y en julio de 1992 nueve alumnos y un profesor universitario fueron asesinados en La Cantuta por tener supuestos nexos con Sendero Luminoso.
Las sospechas por crímenes de lesa humanidad contra Fujimori comenzaron a rondar durante estos años, pero el mandatario se escudó en la tolerancia cero con los terroristas.
Desde un comienzo, Alberto Fujimori mostró tener un carácter con tendencia al autoritarismo. Algo que se confirmó el 5 de abril de 1992, el mandatario se dio un autogolpe de Estado en el que, con ayuda del Ejército, se tomó el Congreso y las sedes judiciales.
Fujimori no controlaba el órgano legislativo y sus leyes eran constantemente bloqueadas, algo que sirvió como pretexto para esta intervención aprovechando el descrédito que sufría la política tradicional entre la sociedad. Tras el “fujimorazo” su poder aumentó y fue reelegido en 1995.
Reelección y denuncias por esterilizaciones forzadas
Su segundo mandato comenzó con un plan de salud pública que fomentó la esterilización entre mujeres de bajos recursos con el objetivo de frenar la pobreza en el país. Sin embargo, comenzaron a denunciar esterilizaciones forzadas en condiciones infrahumanas a mujeres indígenas y pobres de áreas especialmente rurales.
Se estima que durante su Gobierno se esterilizaron alrededor de 350,000 mujeres y 25,000 hombres, pero no se sabe con exactitud cuántas fueron forzadas.
Caída y detención
Entre denuncias de fraude electoral fue reelegido para un tercer mandato en el año 2000, no obstante, ninguna de las polémicas mencionadas consiguió tumbar al presidente Fujimori.
Todo indicaba que aún quedaban cinco años más de fujimorismo por delante, hasta que a los pocos meses salieron a la luz videos en los que se veía a gente del círculo íntimo de Fujimori sobornar a políticos y empresarios. La privatización de empresas de años anteriores fue de la mano junto con un clientelismo y corrupción que enriqueció a Fujimori y su entorno durante una década, lo cual terminó con su Gobierno.
El 19 de noviembre, emitió un fax de renuncia desde Tokio y se refugió en Japón para no ser perseguido por las autoridades. Este exilio en Japón tuvo mucha controversia, pero en 2005 fue detenido en Santiago de Chile, durante un viaje tras una orden de arresto internacional.
En septiembre de 2007 fue extraditado a Perú y comenzaron varios juicios e investigaciones en su contra. Fujimori tuvo condenas por allanamiento de morada, corrupción y robo de fondos públicos, aunque el más importante de todos fue por crímenes de lesa humanidad.
Desde el inicio de su condena, el sector político fujimorista, encabezado por su hija Keiko, pidió su indulto humanitario por su progresivo deterioro físico y su avanzada edad. Estas peticiones fueron negadas, hasta que en 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski decidió ponerlo en libertad, una medida polémica que tumbó la justicia, devolviéndolo a prisión en 2019.
TC de Perú ordena su libertad inmediata
Recientemente, el TC de Perú ordenó la liberación inmediata del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de 25 peruanos durante su gestión, luego de considerar válido un indulto que ya había sido anulado previamente.
"De conformidad con el artículo 27 del Nuevo Código Procesal Constitucional, este Tribunal Constitucional ORDENA que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Director del Penal de Barbadillo, en el día, dispongan la inmediata libertad del favorecido, Alberto Fujimori Fujimori, bajo responsabilidad".
En la resolución, se señala que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “se contrapone a la ejecución de la sentencia constitucional del presente caso” y que advierte una “falta de competencia”.
“En virtud de esa falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para, en el marco de una supervisión del cumplimiento de sentencias, ordenar directamente la no ejecución de una decisión judicial, este Tribunal dispuso la ejecución de su sentencia de fecha 17 de marzo de 2022, emitida en el caso de autos, apartándose de lo señalado en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, se lee en el texto.