A mediados de noviembre la legislatura de Texas aprobó la polémica ley SB4, que contempla que los policías del estado puedan arrestar tanto a migrantes indocumentados como a aquellos que sean sospechosos de cruzar la frontera de forma irregular, todo esto basado en su color de piel e incluso del idioma que hablen. A raíz de esto, más de 50 organizaciones civiles de Texas dijeron estar en estado de “alerta y resistencia” ante la ley que entrará en vigor en febrero del 2024.
Esta ley es muy similar a la que se aprobó en Arizona en 2010, que tipifica como delito menor estatal el que un extranjero no tenga sus documentos de registro que son requeridos por la ley federal. Al igual que la ley SB1070, la ley SB4 firmada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, generó un gran rechazo entre organizaciones y activistas en un estado donde su población está conformada en un 40 por ciento de latinos.
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Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) le dijo a EFE que “esta ley causará un profundo impacto en las comunidades latina e inmigrante a las que criminaliza”. Además, hizo un llamado a la población de Texas para denunciar cualquier atropello que resulte de la implementación de esta y otras leyes que “hacen parte de un paquere de proyectos antiinmigrantes aprobados este año”.
La ley SB4 también le permite la justicia estatal ordenar la expulsión de extranjeros sin mediar un proceso judicial y los policías que detengan a los extranjeros sin papeles también podrán expulsarlo en lugar de hacer un arresto. Esta falta que se convierte en un crimen grave podrá ser castigado con hasta 20 años de cárcel si el infractor reincide. Por su parte, Lupita Sánchez, directora de Border Workers United (BWU), dijo que lo que sucede en Texas debería preocupar a todo Estados Unidos y no solo a quienes viven en la frontera sur del país.
Medidas antiinmigrantes en Estados Unidos
En mayo de este año se dio el fin del Título 42 que permitía la expulsión casi automática a los migrantes que llegaran sin documentos a la frontera entre México y Estados Unidos, una medida que se estableció para evitar los contagios de Covid-19. Por ello, los gobiernos de Texas y el del gobernador de Florida, Ron DeSantis, buscaron impulsar leyes severas contra la inmigración irregular. En el caso de Florida, su ley contempla que las empresas con más de 25 empleados utilicen una aplicación llamada E-Verify, para comprobar el estatus migratorio de los trabajadores o de quienes buscan empleo.
Además, los hospitales deberán obtener datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes y quienes transporten a personas en situación migratoria podrán enfrentar hasta 15 años de cárcel. Sobre la ley de Abbott, Lupita Chávez, directora de La Unión del Pueblo Entero (LUPE), pidió que todos se unan contra “las leyes racistas y xenofóbicas del gobernador Abbott nos lastimen” e hizo un llamado a los votantes para que se opongan a los candidatos que impulsan esta clase de medidas rumbo a las elecciones del 2024.
Con información de EFE