Este lunes, la Asamblea Nacional francesa rechazó debatir el polémico proyecto de ley de inmigración del Gobierno francés en una apretada votación que supone el primer gran golpe para el Ejecutivo desde la reelección de Emmanuel Macron en 2022.
La oposición de la izquierda, la derecha y la ultraderecha se unieron para votar una moción de rechazo a este texto, que pretende facilitar las expulsiones de las personas migrantes que cometieron delitos graves y crear permisos de trabajo solo en aquellos sectores donde falta mano de obra.
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La resolución, presentada por el grupo de los ecologistas, capitaneados por Benjamín Lucas, se impuso por 270 votos a favor y 265 en contra, tras una intensa sesión en la cámara baja del Parlamento francés.
¿En qué consiste el proyecto de ley de inmigración?
Conocida popularmente como ley Darmanin tiene como objetivo facilitar y acelerar las expulsiones de los inmigrantes en situación irregular, así como aquellas personas extranjeras que hayan cometido delitos graves.
En concreto, amplía la posibilidad de expulsar del territorio galo a aquellos extranjeros que llegaron a Francia antes de los 13 años, y también a los que viven desde hace más de una década en el país, en el caso de que hayan tenido “comportamientos que amenacen el orden público” o de violencia intrafamiliar.
El texto también pretende pasar de un tribunal colectivo a un solo juez los encargados de aceptar o rechazar las demandas de asilo.
Se trata de una medida destinada a acelerar la gestión de esas solicitudes, pero criticada por las asociaciones humanitarias, quienes temen que disminuirá las garantías legales y aumentará el porcentaje de peticiones denegadas.
Para compensar estas políticas duras, la iniciativa legislativa incluía en un principio la creación de un permiso de residencia especial para aquellos trabajadores en profesiones con escasez de mano de obra. Sin embargo, durante su discusión en el Senado, esa medida fue suprimida.
Por otro lado, el proyecto de ley quiere acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo y de las obligaciones de expulsión, o supeditar la concesión de un permiso de residencia plurianual a “un nivel mínimo de francés”.
“Tenemos que ser malos con los malos y buenos con los buenos”, dijo el ministro del Interior, Gérald Darmanin.
Pero ese equilibrio que defiende el Ejecutivo de momento no parece contar con apoyos suficientes.
En el centro de los debates está el artículo 3 del proyecto de ley, que modifica el proceso de regularización de trabajadores, al que la derecha se opone y que una parte de la izquierda considera indispensable.
Los datos oficiales apuntan a que cada año se regularizan por esta vía unas 30,000 personas, de las que entre 7,000 y 10,000 lo hacen por motivos laborales.
Para conseguir los documentos necesarios para la regularización por ese camino, los trabajadores en situación irregular deben demostrar que llevan al menos tres años en Francia, que disponen de 24 nóminas y deben estar acompañados por su empleador.
La propuesta del Gobierno es que los trabajadores en situación irregular puedan iniciar ellos mismos los trámites para obtener residencia “de pleno derecho” durante un año, a condición de que lleven al menos tres residiendo en Francia y que hayan trabajado en un oficio “en tensión” (es decir, con dificultades para conseguir personal) durante al menos ocho meses en los dos últimos años.
Limitar el acceso a la salud
Darmanin se ha mostrado favorable a otra medida planteada por su antiguo partido para reformar el sistema de ayuda médica estatal (AME), que consideran demasiado generoso con los inmigrantes en situación irregular.
El sistema actual en Francia, que data del Gobierno Jospin en el año 2000, reconoce el derecho al acceso a la sanidad y el reembolso de los gastos de asistencia médica y hospitalaria a los extranjeros que hayan permanecido en Francia durante al menos tres meses, como el resto de ciudadanos.
No obstante, con esta nueva ley, los migrantes indocumentados temen que la reforma los estigmatice aún más.
El proyecto de ley introduciría una cuota anual de llegadas de migrantes y eliminaría toda cobertura médica para personas indocumentadas, excepto la de emergencia.
"La mayoría de los migrantes indocumentados pagamos el seguro social y los impuestos sin beneficiarnos de servicios como el servicio público de salud (…) El Gobierno de Emmanuel Macron nos trata como si no fuéramos nada, pero nosotros hacemos las tareas sucias, en los sitios de construcción, trabajando en restaurantes y como limpiadores", apunta Ahmada Siby, originario de Mali que reside en Francia, al medio ‘Deutsche Welle’.
Por eso, decenas de personas salieron a manifestarse ante la Asamblea Nacional al inicio del debate.
Como algunas organizaciones de defensa de Derechos Humanos, muchos ciudadanos piden que se respeten los derechos y la dignidad de las personas migrantes, tanto como las que están documentadas como las que no.
Además, los detractores de la ley también acusan que esta puede fomentar el discurso de odio y la estigmatización contra los migrantes, ya que permite más fácilmente la expulsión de los extranjeros que hayan cometido crímenes.