Este lunes, la fiscal de la Nación de Perú, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre del 2022 y enero del 2023.
La denuncia presentada ante el Congreso incluye a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero por los presuntos delitos de "homicidio calificado" y lesiones graves.
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“Se ha formalizado investigación preparatoria contra los autores directos de dichos agraviados. Finalmente, no se debe permitir la muerte de ningún hombre, ningún peruana ni peruano, así como tampoco el abuso del poder”, subrayó.
Por otro lado, señaló que las denuncias contra la presidenta Dina Boluarte y parte de su equipo también buscan evitar que se siga “dañando” la imagen de los peruanos a través de presuntos actos de abuso de poder contra el pueblo.
"Anuncio que continuaremos con las investigaciones a todos los altos funcionarios que resulten responsables de las trágicas muertes que ocurrieron entre diciembre del 2022 y marzo de este año, así como todos los casos emblemáticos de los que se hace cargo el Ministerio Público", sostuvo.
“No se puede permitir que se trate de dañar la imagen de fiscales honestos. El pueblo se da cuenta de ello, por eso siempre hemos procedido conforme a la Constitución y a la ley”, agregó.
El Ministerio Público ha sido objeto de ataques premeditados
Benavides Vargas calificó como "ataques premeditados" los allanamientos llevados a cabo esta mañana, y acusó a los fiscales de estar coludidos con "las más altas esferas del poder" para "amedrentarla".
"Me dirijo a ustedes para informarles que esta madrugada el Ministerio Público ha sido objeto de ataques premeditados de quienes se oponen a la labor que la ley nos encarga: luchar contra la impunidad y la corrupción orquestada en las más altas esferas del poder", señaló.
"Como es sabido por todos, el Ministerio Público tiene a su cargo la investigación de casos de máxima relevancia, cuyos implicados son personas que van a intentar utilizar todo su poder para obstruir el avance de la justicia. Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución que represento", añadió.
Asimismo, Benavides consideró a las diligencias del EFICCOP como un "acto torpe que pretende desestabilizar la independencia y autonomía del Ministerio Público, utilizando para tal deleznable propósito el mecanismo de utilizar a algunos fiscales".
"Pero no voy a retroceder, tengo un compromiso firme con la labor que realizo. Como fiscal de la Nación no permitiré que esa presión e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales comprometidos con esclarecer los hechos y encontrar a los verdaderos responsables", aseveró.
No obstante, dijo que el despacho de la Fiscalía de la Nación viene dando todas las facilidades a los fiscales del EFICCOP a fin de que realicen todas las investigaciones dispuestas, así como lo ordenado por el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
Dina Boluarte se pronuncia tras la denuncia
Al respecto, la presidenta Dina Boluarte emitió un pronunciamiento acompañada por sus ministros en Palacio de Gobierno, en respuesta a la denuncia constitucional en su contra. Boluarte subrayó que considera esta denuncia como una maniobra política para distraer la atención de la grave denuncia contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Enfatizó que es “extraño” que el viernes se decida la continuidad de las investigaciones en su contra y el lunes se realice la denuncia constitucional ante el Congreso. Por ello, puntualizó que es “sospechoso” que dicha acusación se presente luego de que los fiscales supremos hayan pedido la renuncia de Benavides.
"Es sospechoso y grave que se presente la denuncia luego de que dos fiscales supremos exigieran la renuncia de la Fiscal de la Nación. Expresamos nuestra condena ante tal deleznable maniobra política", apuntó.
Protestas antigubernamentales dejaron más de 40 muertos en Perú
Entre 2022 y 2023, Perú registró una serie de protestas antigubernamentales que dejaron más de 40 muertos y cientos de heridos, según organizaciones de derechos humanos.
Los sitios con más protestas fueron Arequipa, Ayacucho, Puno, Junín, Lima, La Libertad y Apurímac. Estas movilizaciones también dejaron 329 detenidos, entre ellos un menor de edad, según informó el Ministerio Público de Perú.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en las manifestaciones habrían muerto al menos 41 personas debido a los encuentros con el Ejército y la policía, mientras que siete más perdieron la vida en eventos relacionados con las manifestaciones como lo fueron accidentes de tránsito.