Guatemala se encuentra sumida en una profunda crisis política desde hace ya poco más de tres meses. Tanto al interior del país como la comunidad internacional aseguran que el gobierno que encabeza Alejandro Giammattei pretende cometer un “golpe de Estado” técnico y evitar así la asunción de Bernardo Arévalo, candidato del partido Movimiento Semilla.
El conflicto político electoral inició tras la primera vuelta de las elecciones, el pasado 25 de junio.
En esa ocasión Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y su abanderada, Sandra Torres, ex primera dama durante el gobierno de Alvaro Colom (2008-2011), obtuvo 15% de los votos y el Movimiento Semilla, que impulsa a Bernardo Arévalo, hijo del ex presidente Juan José Arévalo, consiguió 12% de los sufragios.
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Los resultados de esa primera ronda sorprendieron a propios y extraños porque en los sondeos previos Arévalo obtenía apenas 5% de las preferencias. En ese contexto nueve partidos políticos del ala conservador, entre ellos el del presidente Alejandro Giammatei, Vamos, impugnaros los comicios alegando irregularidades y un supuesto fraude electoral a favor de Arévalo.
Incluso el Ministerio Público del país centroamericano solicitó la suspensión de Movimiento Semilla, lo que desató una ola de reacciones dentro y fuera de Guatemala.
Desde ese momento Bernardo Arévalo denunció la acción como un "golpe de Estado técnico", mientras la Unión Europea y Estados Unidos alertaron sobre los riesgos para la democracia guatemalteca.
Fue la Corte de Constitucionalidad de Guatemala la que determinó finalmente que Movimiento Semilla participara en la segunda vuelta electoral a celebrarse el 20 de agosto.
Para los analistas, Bernardo Arévalo, un sociólogo y exdiplomático, de 64 años, es un político ajeno al “establishment” de su país y que lleva como bandera discursiva la lucha contra la corrupción en esta nación centroamericana.
Una fiscal encabeza la ofensiva contra Arévalo
El Ministerio Público de Guatemala, encabezado por la fiscal Consuelo Porras y su colaborador Rafael Curruchiche, pidieron la suspensión de Semilla, argumentando irregularidades en la afiliación de personas al partido.
Las reacciones internacionales fueron diversas: el Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su preocupación por el intento de suspensión de Semilla, mientras una Misión de Observación Electoral de la Unión Europea respaldó al Tribunal Supremo Electoral y condenó las acciones del MP.
La comunidad empresarial y la Iglesia también se pronunciaron a favor del respeto a los resultados electorales.
Finalmente Semilla y Arévalo pudieron participar en los comicios presidenciales del pasado 20 de agosto y los resultados oficiales, dados a conocer una semana después le dieron el triunfo. Bernardo Arévalo deberá tomar protesta el 14 de enero de 2024 según las leyes guatemaltecas.
No obstante, la confiscación de las boletas electorales por parte de la Fiscalía guatemalteca el pasado fin de semana volvieron a hacer sonar los tambores de guerra.
Bernardo Arévalo y la comunidad internacional alertaron de un posible “golpe de Estado” que tiene la intención de impedir al candidato de Semilla asumir la presidencia.
La versión de las autoridades es que el allanamiento se llevó a cabo para dar respuesta a las denuncias de presuntas irregularidades en el proceso electoral, informó el viernes el fiscal Rafael Curruchiche, quien estuvo a cargo de la operación.
Curruchiche es respaldado en este acto considerado por los ministros como “una violación al sistema democrático”, por la fiscal general, Consuelo Porras, quien al igual que él es señalada por Estados Unidos como fiscales “corruptos” y “antidemocráticos”.