Este miércoles 25 de enero, un grupo de legisladores peruanos de izquierda, con minoría en el Congreso, presentó una moción de vacancia (destitución) contra la presidenta interina Dina Boluarte por "permanente incapacidad moral".
Esto, ante la continuación de la crisis política en Perú, donde los enfrentamientos y protestas de los últimos días han dejado a más de 50 muertos y destrozos en varias ciudades del país, incluida la capital, Lima.
Un grupo de 26 parlamentarios han firmado el documento que este miércoles ha sido presentado ante el Congreso. Y en el argumentan que la mandataria debe ser destituida debido a que Perú "está siendo desangrado por el pésimo manejo gubernamental de las fuerzas del orden que lidera la señora Boluarte".
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Con la firma de los 26 legisladores, ya se ha cumplido el primer requisito para la presentación de este tipo de documento, por lo que ahora deberá recibir 52 votos para ser admitida a trámite, y para que se declare la destitución de un gobernante requiere del apoyo de 87 de los 130 congresistas.
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El pasado 7 de diciembre, tras la destitución del entonces presidente Pedro Castillo tras su fallido autogolpe de Estado, comenzaron unas protestas antigubernamentales que se expandieron por todo el país desde el 11 de diciembre y que en enero se han mantenido con fuerza.
Desde entonces, 46 manifestantes han perdido la vida en enfrentamientos con las fuerzas del orden, así como un policía, que fue quemado vivo.
Al menos, 16 personas más han perdido la vida en distintos escenarios relacionados con los bloqueos de carreteras por parte de manifestantes, según han confirmado la Defensoría del Pueblo, Acnur, Unicef y la Policía.
Los manifestantes exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, la convocatoria adelantada de elecciones generales y de una asamblea constituyente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado en varias ocasiones que la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente "carece de definición objetiva y la misma tampoco ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional de Perú".
Esa situación, a su juicio, "puede afectar la separación e independencia de los poderes públicos", por lo que ha instado al Estado "a que, por medio de las autoridades competentes, avance con dicha definición con el fin de restringir su uso arbitrario e inconsistente con el Estado de Derecho".
VGB