México jugó un papel importante en la red del empresario colombiano Alex Saab, el presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro. El país es el territorio en el que Saab gestionó transacciones millonarias con petróleo venezolano y creó una red de empresas para transportar alimentos de baja calidad.
Además, Mexicanos contra la Corrupción reveló en noviembre que Saab movió 64 millones de dólares en víveres a través de empresas fantasma, paraísos fiscales y compañías mexicanas.
Esta nueva información amenaza con salpicar los círculos más poderosos de México, en un caso que se ha convertido en el centro del conflicto diplomático entre Venezuela y Estados Unidos, afirma el diario El País.
¿EL NUEVO ODEBRECHT?
El periodista Roberto Deniz, cuyo trabajo ha sido clave para revelar la información sobre Saab, afirmó la semana pasada que el juicio del empresario podría ser el nuevo caso Odebrecht debido a la red de políticos latinoamericanos implicados.
Saab es acusado en Estados Unidos de crear un esquema de sobornos para funcionarios, malversar fondos públicos y transferir unos 350 millones de dólares desde Venezuela hasta cuentas suyas y de sus socios en el extranjero. Sin embargo, la única acusación que existe actualmente contra Saab es por conspiración para blanquear capitales, luego de que un juez desestimara siete de los ocho cargos en su contra.
Además, una Corte del Distrito Sur de Florida investiga a cinco de sus socios. Este caso señala transferencias por más de 70 millones de dólares a compañías mexicanas que están relacionadas en el esquema de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa del gobierno venezolano que repartía comida a sectores vulnerables, pero incluía productos de baja calidad y con precios muy altos.
LAS INVESTIGACIONES
En junio de este año, los medios El País y Armando.info revelaron en una investigación que autoridades mexicanas fueron cruciales en el funcionamiento de la red de Saab. El esquema se basaba en intercambiar petróleo venezolano por alimentos producidos en México, y disfrazarlos como acuerdos de ayuda humanitaria.
Aunque estos pactos no se hicieron públicos, se sabe que se llevaron a cabo con la intermediación del subsecretario mexicano para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, y con la participación de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Esta trama introdujo a tres empresarios mexicanos a la lista negra del Departamento del Tesoro por hacer negocios con el gobierno de Maduro y la petrolera PDVSA, y por triangular las operaciones a través de empresas fantasma y paraísos fiscales.
Además, otra investigación de los mismos medios muestra que la red de Saab buscó a Pemex. Sin embargo, parece que esta vente no se completó.
Se considera que, entre 2019 y 2020, ocho empresas mexicanas estuvieron involucradas en el envío de alimentos a Venezuela para el programa CLAP, por un valor de 64 millones de dólares.
El País recuerda que desde la administración de Enrique Peña Nieto se había identificado a empresas mexicanas que monopolizaron el envío de productos de baja calidad para el programa CLAP, bajo sospecha de corrupción. Aunque la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sancionó a estas compañías, estas lograron librarse del castigo a través de “acuerdos reparatorios”.
Además, en 2019 y bajo el mandato de Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas de 19 empresas y personas que vendieron alimentos al gobierno venezolano.
Este fin de semana, el titular de la UIF, Santiago Nieto, dio a conocer que se presentaron cinco denuncias contra 25 personas conectadas a los negocios de Saab y las CLAP. También aseguró que el acuerdo que concedió la PGR durante las investigaciones del gobierno anterior fue ilegal.
ACV