La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó la inhabilitación de 10 años en contra de Raymundo Collins Flores, el exdirector del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI), luego de que promoviera un amparo para evitar la sanción. Se avaló la constitucionalidad de la ley que sanciona la falta administrativa que le impusieron por abuso grave de funciones.
Con esta resolución, el Máximo Tribunal del país agotó la última instancia legal del exfuncionario, quien buscaba revertir las sanciones administrativas impuestas por irregularidades graves cometidas durante su gestión en la administración de Miguel Ángel Mancera (2012-2018).
La multa impuesta de 42 millones de pesos tiene como objetivo la reparación del daño directo ocasionado a la hacienda pública de la Ciudad de México por el uso excesivo de funciones que ocasionó que un inmueble obtuviera una "Constancia de Condominio Popular" cuando no contaba con la regulación.
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El pleno de la Suprema Corte analizó los argumentos de la defensa de Collins Flores, la cual impugnaba la constitucionalidad de las normas locales relativas a las sanciones por "perjuicio al servicio público" y abuso de funciones. No obstante, los ministros votaron por unanimidad de 8 votos a favor de mantener el castigo, modificando de forma mínima la sentencia del tribunal colegiado únicamente para perfeccionar el estudio de fondo, pero negando la protección constitucional solicitada.
Contexto
En 2018, Collins Flores fue acusado por expedir un documento donde se beneficiaba de la condonación del 100 por ciento del pago de contribuciones, tras expedir una “Constancia de Condominio Popular” a un inmueble que no cumplía con la normatividad y rebasaba el límite permitido al 50 por ciento.