María, comerciante de la colonia Guerrero, se vio obligada a pedir dinero a prestamistas después de que tuvo que comprar medicamentos para su hijo tras un accidente, ya que, según relata, en el hospital no había los medicamentos e insumos que le habían recetado.
Un año después, asegura que los extorsionadores que le entregaron el dinero ahora le exigen 70 mil pesos. También denuncia amenazas de muerte contra ella y su familia y afirma que teme denunciar a los prestamistas que operan en las zonas de Tepito, Morelos y Guerrero por miedo a represalias.
Desabasto persiste pese a promesas de abasto federal
En enero de 2025, la Secretaría de Salud (SS) aseguró haber garantizado el abasto de medicamentos e insumos médicos para el periodo 2025-2026. Durante una conferencia matutina, autoridades federales informaron que se había contratado el 97.6 por ciento de las claves requeridas por las instituciones públicas de salud y que la distribución comenzaría durante los primeros meses del año.
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Sin embargo, la percepción ciudadana continúa siendo distinta. De acuerdo con la encuesta más reciente de México Elige, 73.6 por ciento de los encuestados considera que existe desabasto de medicamentos en México, mientras que 58.7 por ciento afirma haber tenido dificultades para encontrar los medicamentos que necesita.
Asimismo, la organización Cero Desabasto documentó que durante 2023 las principales instituciones públicas de salud registraron 7 millones 503 mil 818 recetas no surtidas efectivamente, es decir, recetas negadas o entregadas de manera parcial.
Una de esas recetas es la que no pudo surtir María, quien relata en entrevista con La Silla Rota que tras el accidente de su hijo acudió a un hospital para recibir atención médica y aunque fue valorado por personal de salud y recibió una receta, asegura que los medicamentos no estaban disponibles en la farmacia del hospital.
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De un préstamo de 10 mil pesos a cobros por 70 mil
Ante la necesidad de conseguir medicamentos para su hijo, María recurrió a Martha, una mujer que, según relata, presta dinero a comerciantes de la alcaldía Cuauhtémoc.
Solicitó un préstamo de 10 mil pesos para poder comprar los medicamentos. Antes de entregarle el dinero, asegura que le pidieron grabar un video en el que aparece recibiendo el efectivo y diciendo frente a una cámara la cantidad que le estaban prestando.
Sin embargo, una vez terminada la grabación, le quitaron mil 900 pesos bajo el argumento de que correspondían al primer pago del préstamo, una comisión y un “chesco” por haberle entregado el efectivo.
De los 10 mil pesos solicitados, únicamente recibió 8 mil 100.
La comerciante explica que inicialmente debía realizar pagos diarios de 400 pesos. No obstante, debido a que continuó acompañando a su hijo durante el tratamiento, dejó de trabajar algunos días y comenzó a retrasarse en los pagos.
Fue entonces cuando comenzaron las renovaciones de la “tarjeta”, como ella llama al mecanismo mediante el cual aumentaba la deuda para cubrir pagos atrasados.
“Para salir del problema me renovaban la tarjeta por veinte para que yo cubriera esos pagos y no me daban ni un peso. Luego por treinta, luego por cuarenta y así hasta ahorita hasta deber esa cantidad”, relata.
En aproximadamente seis meses, asegura, los cobros pasaron de los 8 mil 100 pesos que recibió a 70 mil pesos.
“Yo nada más recibí ocho mil pesos. De esos ocho mil pesos yo ahorita debo ochenta mil pesos”, afirma.
Actualmente, dice, debe entregar hasta mil pesos diarios y cuando no logra reunir el dinero le imponen multas adicionales que van de mil a dos mil pesos.
La situación, asegura, ha convertido su vida en un infierno.
María tiene un puesto de dulces y calcula que obtiene ingresos diarios de entre 300 y 500 pesos. Además, vende sábanas y colchas por catálogo.
Sin embargo, afirma que incluso en los días en que logra vender más apenas consigue reunir dinero para entregar a quienes le cobran la deuda.
“Hay veces que con lo que trabajo saco lo de ellos y ya les deposito lo que alcanzo a juntar”, señala.
“Van a ir por mis hijos”
Con el paso de los meses, las exigencias de pago dejaron de limitarse al dinero. María asegura que los cobradores comenzaron a amenazarla a ella y a distintos integrantes de su familia.
“Me han amenazado de muerte. Han amenazado a mi hermano. Me han amenazado a mí que van a ir por él, que van a ir por mis hijos, que los van a matar. Y que hasta que no pague no los van a soltar”, relata.
Según su testimonio, las llamadas, mensajes y exigencias de pago ocurren todos los días desde las 4 de la mañana hasta las 12 de la noche.
Sin embargo, la comerciante asegura que el temor a que las amenazas se cumplan le ha impedido acudir ante las autoridades.
“Tengo miedo porque ellos conocen a la policía, conocen a la gente en la calle”, dice.
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La deuda nunca termina
Para Yair Mendoza, investigador del Programa de Seguridad de México Evalúa, este tipo de casos forman parte de esquemas de extorsión vinculados a estructuras criminales que utilizan la deuda como mecanismo de control.
El especialista explica que cuando estas organizaciones logran identificar a la víctima y a su entorno familiar, la presión deja de centrarse únicamente en el dinero y se convierte en una forma permanente de sometimiento.
“Cuando hablamos de estructuras organizadas no son improvisados. Son organizaciones muy bien articuladas que ejercen una especie de vasallaje sobre las personas, donde la deuda nunca termina porque se traslada a la familia”, explica.
Mendoza señala que este tipo de organizaciones suelen aprovechar situaciones de necesidad económica urgente para captar víctimas y que operan en toda la Ciudad de México, aunque existen zonas especialmente vulnerables.
Según explica, mercados, tianguis, centros de abasto y corredores comerciales suelen convertirse en espacios propicios para estas prácticas porque los delincuentes pueden identificar con facilidad a comerciantes que necesitan liquidez inmediata. Entre los puntos que menciona se encuentran zonas como La Viga, la Central de Abasto, La Merced, etc.
“Cuando el Estado descompone servicios básicos como la salud o la educación, las familias se ven obligadas a realizar gastos de bolsillo para comprar medicamentos o pagar servicios que deberían estar garantizados. Si no tienen liquidez inmediata, recurren a estos prestamistas”, señala.
Denunciar, a pesar del miedo
Aunque reconoce que el temor a las represalias es real, Yair Mendoza sostiene que denunciar sigue siendo la principal herramienta para que las autoridades identifiquen a quienes operan estas redes.
El especialista recomienda realizar reportes a través de la línea 089 y evitar hacerlo desde teléfonos o lugares que puedan ser fácilmente identificados por los agresores.
“La denuncia es la única herramienta que tiene la autoridad para empezar a conocer quién opera, dónde y cómo”, afirma.
Sin embargo, María asegura que denunciar no es una opción. Afirma que teme por su vida, por la de sus hijos y por la de otros integrantes de su familia debido a las amenazas que ha recibido durante los últimos meses.
La Silla Rota pudo escuchar mensajes enviados por los cobradores. Los audios incluyen insultos, exigencias de pago y advertencias de que podría sufrir consecuencias si no entrega el dinero en los plazos establecidos.
“Yo quiero justicia. Y no es que caigan, porque no soy la única. Es muchísima gente la que está pasando por todo esto. Y la verdad, nadie nos atrevemos a denunciar”.