La exalcaldesa de Capulhuac, Estado de México, Selene Hernández Herrera, fue condenada a cinco años y cinco meses de prisión tras demostrarse su responsabilidad en el delito de abuso de autoridad contra una servidora pública. La resolución judicial incluyó su destitución inmediata del cargo y el pago de una multa de 12 mil 445 pesos.
La sentencia también alcanzó a Ana Lucía Ríos Cano, integrante de la policía municipal durante la agresión, quien pasará tres años y dos meses en prisión por su participación directa. El juez ordenó su separación definitiva de la corporación y una sanción monetaria superior a los 10 mil pesos.
Por su parte, Andrea Shantty Anzástiga Hernández enfrentará una pena de dos años de reclusión por el delito de lesiones. Las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmaron su intervención en el ataque ocurrido en 2025. El tribunal descartó cualquier beneficio o medida sustitutiva de la libertad para las tres implicadas.
Te podría interesar
Detalles de la agresión en el DIF municipal
El ataque ocurrió el 2 de mayo de 2025 dentro de una estancia infantil del sistema municipal DIF. La víctima, adscrita a la Unidad de Apoyo Psicológico, acudió a una supuesta reunión de trabajo convocada por la entonces presidenta. En el lugar, las agresoras la golpearon físicamente frente a sus compañeros de labores.
La exalcaldesa y su hija agredieron a la empleada mientras la mujer policía la sujetaba para impedir que se defendiera. Tras la denuncia, el Ministerio Público inició la investigación y capturó a las tres señaladas. El próximo 22 de mayo se llevará a cabo la audiencia para explicar formalmente los alcances de la sentencia dictada.
Te podría interesar
Contexto: el impacto de la Operación Enjambre
Este caso se enmarca en la seguridad estatal bajo la Operación Enjambre, una estrategia lanzada a finales de noviembre de 2024 con fuerzas federales y estatales para desarticular redes de corrupción. Hasta el momento, este despliegue registra la detención de 60 individuos vinculados a actividades ilícitas y al crimen organizado en diversos municipios.
Las investigaciones bajo este esquema suman 20 sentencias condenatorias contra funcionarios mexiquenses, acumulando un total de mil 146 años de prisión. La estrategia busca eliminar la infiltración de cárteles en las administraciones locales y recuperar la integridad de las instituciones públicas.
Entre otros casos relevantes destaca la condena a un excomisario de Nicolás Romero, quien recibió una pena de 190 años de cárcel por delitos de alto impacto. La FGJEM mantiene abiertos sus canales de denuncia ciudadana para identificar a más responsables de actos delictivos en la entidad.
VGB