Desde hace un mes, Ameli Bucay ha sido obligada a vivir sin Kobe, su perro de apoyo emocional, luego de que la administración y el comité vecinal de su condominio en Interlomas la amenazaron con multas de 22 mil pesos, suspensión de servicios y el posible retiro del animal por parte de autoridades municipales.
Ameli, de 38 años, asegura que desde hace varias semanas enfrenta presiones para sacar a Kobe de su casa, ubicada dentro del condominio Crown Palmas, en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, tras una serie de supuestos incidentes de su perro en áreas comunes, acusaciones que afirma derivaron en sanciones económicas impuestas por la administración, sin mostrarle pruebas o documentos firmados por vecinos.
En entrevista con La Silla Rota, la residente afirmó que las amenazas también han incluido negarle trabajos de mantenimiento dentro de su vivienda y restringir servicios relacionados con la administración del inmueble, a pesar de que asegura haber cubierto durante años las cuotas de mantenimiento del condominio, las cuales ascienden a más de 4 mil pesos mensuales.
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“Me han hostigado y presionado”
El conflicto, relata Ameli, se remonta a 2023, cuando la administración, a cargo de Fernanda Desenia, y el comité de vigilancia del condominio comenzaron a acusarla, afirma, sin sustento, por supuestos incidentes relacionados con Kobe dentro de áreas comunes.
El conflicto escaló el pasado 8 de abril, cuando fue presionada a asistir a una reunión para discutir la permanencia de Kobe dentro del inmueble.
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Según su testimonio, durante la reunión le exigieron retirar al perro del condominio y pagar multas que actualmente ascienden a 22 mil pesos. Ante ello, asegura, pidió videos, firmas y pruebas de las acusaciones, pero nunca le mostraron documentación que sustentara las sanciones.
Asimismo, pidió una copia del reglamento interno, ya que afirma que el documento nunca fue aprobado mediante una asamblea vecinal, como marca el procedimiento condominal, y que ella nunca firmó dicho reglamento. La administración no le mostró dicho documento con su firma.
Sin embargo, la residente reconoce que uno de los reportes está relacionado con un incidente ocurrido con otro perro dentro del condominio en 2025, del cual asegura se hizo responsable cubriendo gastos veterinarios y reforzando medidas de control hacia Kobe.
“Yo me hice responsable. Llevamos al perrito al veterinario, hablé con el dueño y él mismo me dijo que nunca me reportó”, señaló.
Otro de los señalamientos corresponde, según relata, a un video de cámaras de seguridad donde Kobe se acerca y ladra a una mujer que caminaba por áreas comunes cargando bolsas. No obstante, Ameli sostiene que no existió agresión física. Los otros reportes corresponden a acusaciones de que el perro caminaba sin correa dentro del condominio, situación que niega.
Durante la reunión, asegura, también recibió advertencias relacionadas con servicios y mantenimiento de su vivienda.
“Me dijeron que si no pago no van a impermeabilizar mi casa y que me volverán a quitar el gas y el agua”, afirmó.
“Es mi apoyo emocional, es como perder a un hijo”
Después de dicha reunión, y por miedo a que autoridades municipales retiraran a Kobe del condominio, Ameli decidió sacar temporalmente a su perro de su casa y llevarlo a una pensión mientras intenta resolver el conflicto con la administración.
Esto, afirma, debido a que integrantes de la administración y del comité ya obligaron anteriormente a otra residente del condominio a retirar a tres de sus perros del inmueble.
Desde entonces, asegura, el impacto emocional ha sido constante. Dice que duerme mal, permanece en estado de ansiedad y ya no se siente tranquila dentro de su propia casa debido al hostigamiento que atribuye a integrantes del comité y de la administración.
“Es como perder a un hijo”, afirma.
Kobe ha vivido con ella desde que tenía tres semanas de nacido y actualmente tiene seis años. Ameli asegura que el perro forma parte fundamental de su tratamiento emocional y que incluso cuenta con documentación médica que acredita su condición de animal de apoyo emocional.
La Silla Rota tuvo acceso a una constancia emitida por la psiquiatra Diana Beatriz Nájera Bustamante, con cédula profesional 12150329, en la que se señala que Ameli Bucay se encuentra en tratamiento por trastorno depresivo y ansioso y cuenta con recomendación terapéutica para convivir de manera permanente con Kobe dentro de su entorno habitual.
El documento médico señala que separar a la paciente de su perro “podría generar afectaciones en su estado emocional y continuidad de su tratamiento”, además de indicar que la convivencia con Kobe contribuye a disminuir síntomas de ansiedad y mejorar su funcionamiento cotidiano.
Animales de apoyo emocional: ¿qué son y cómo está la regulación en México?
Las mascotas de apoyo emocional “brindan seguridad y consuelo a personas con ansiedad, depresión y trastornos de estrés”, explicó en entrevista con La Silla Rota la psicoterapeuta sistémico narrativa María Rivera, quien desde hace cinco años emite constancias médicas para pacientes que requieren animales de apoyo emocional.
La especialista detalló que la convivencia con estos animales puede contribuir a personas con síntomas de ansiedad a generar sensaciones de seguridad y ayudar en procesos terapéuticos relacionados con su salud emocional.
“Si separan a una persona de su animal de apoyo emocional puede entrar en ansiedad o depresión, incluso tener problemas de pánico”, afirmó.
Rivera señaló que en México existe un reconocimiento cada vez mayor hacia este tipo de acompañamiento terapéutico; sin embargo, consideró que todavía existe desconocimiento social sobre las funciones de estos animales y los derechos de las personas que dependen de ellos emocionalmente.
“Hay que avanzar en hacer conciencia porque no todas las personas están enteradas de estos avances”, afirmó.
“El reglamento interno no puede estar por encima de derechos fundamentales”
Consultada sobre este caso, la abogada Blanca Gómez Castellan señaló que un reglamento interno de condominio no puede colocarse por encima de derechos fundamentales, particularmente cuando existe documentación médica que acredita la necesidad terapéutica de un animal de apoyo emocional.
La especialista explicó que las administraciones condominales no pueden asumir funciones de autoridad para restringir la permanencia de una mascota dentro de un domicilio ni condicionar servicios relacionados con mantenimiento, agua o gas por conflictos derivados de reglamentos internos.
“No pueden condicionarla a retirar a su perro ni suspenderle servicios por ese motivo”, afirmó.
Gómez Castellan también señaló que, en caso de que Ameli no hubiera firmado el reglamento interno del condominio, las restricciones podrían perder fuerza jurídica, particularmente si vulneran derechos relacionados con salud emocional y trato no discriminatorio.
Además, indicó que la residente podría ser considerada una persona en condición vulnerable debido a la función terapéutica acreditada de Kobe dentro de su tratamiento psiquiátrico.
En el mismo sentido, René Rangel, administrador de condominios con 10 años de experiencia, señaló que las administraciones condominales no tienen facultades para imponer sanciones económicas relacionadas con mascotas ni restringir derechos de residentes dentro de propiedades privadas.
“Ninguna multa, porque al final de cuentas nosotros como administración no somos una autoridad”, afirmó.
Rangel indicó que, en caso de existir reportes de animales sin correa o incidentes dentro de áreas comunes, corresponde a la administración acudir ante autoridades cívicas o un juez cívico para determinar posibles sanciones y no a los comités vecinales o administraciones internas.
“Tú puedes presentar tus pruebas y entonces ya un juez será quien dictamine esta multa, no nosotros”, señaló.
Ameli ya presentó una denuncia ante autoridades ambientales
Ante estos actos de hostigamiento, el pasado 21 de mayo, Ameli presentó una denuncia ante la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de México (PROPAEM), donde acusó actos de “presión y hostigamiento” por parte de la administración y del comité del condominio Crown Palmas, ubicado en Interlomas.
En el documento presentado ante la autoridad ambiental, la residente sostiene que desde 2023 han existido acusaciones sin sustento relacionadas con supuestos incidentes protagonizados por Kobe y afirma que las acciones emprendidas por el comité buscan separarlo de su entorno habitual pese a que el perro permanece bajo supervisión y utiliza correa o arnés dentro de áreas comunes.
La denuncia también señala que, tras un incidente ocurrido en 2025 con otro perro, Ameli cubrió gastos veterinarios y reforzó medidas de control para evitar nuevos conflictos dentro del condominio.
Mientras el caso avanza ante autoridades ambientales y en posibles procesos de mediación, Kobe permanece fuera del departamento donde vivió durante seis años junto a Ameli, quien asegura que la separación ha afectado su estabilidad emocional y su vida cotidiana.
“Se siente mucho silencio en la casa. Él es alegría. Es un motivo para levantarme todos los días”, afirmó.
VGB