La Fiscalía General de Justicia del Estado de México obtuvo la vinculación a proceso de Jaqueline “N” por su probable participación en el robo de armas bajo resguardo institucional. El caso se registró en Tlalnepantla, donde un juez revisó los datos de prueba y fijó medidas cautelares mientras continúa la investigación.
El 18 de marzo, un perito adscrito a la Fiscalía Regional denunció la desaparición de seis armas de fuego de distintos calibres. Las piezas se encontraban aseguradas como indicios dentro de cuatro carpetas de investigación y permanecían en el área de Servicios Periciales para análisis técnico.
Las diligencias incluyeron la revisión de videograbaciones internas. En esas imágenes, la indagatoria ubicó a la imputada, entonces prestadora de prácticas en balística, cuando ingresó a una bodega junto con un hombre. Minutos después salió con una mochila y un bolso donde presuntamente trasladó el armamento.
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Tras esos hechos, la mujer reportó una incapacidad médica y dejó de presentarse en el área donde realizaba sus actividades. La ausencia coincidió con el desarrollo de las primeras acciones ministeriales por el robo.
Hallazgos y cateo en domicilio
El 20 de marzo, agentes localizaron cuatro de las armas dentro de un vehículo abandonado en un inmueble cercano al domicilio de la investigada. En ese mismo sitio, el personal aseguró otras dos armas, cuyo origen quedó bajo análisis dentro de la carpeta correspondiente.
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La Fiscalía solicitó una orden de cateo para el domicilio relacionado con la imputada. La autoridad judicial autorizó el mandamiento y, durante la diligencia, el personal aseguró cartuchos calibre 9 milímetros. El inmueble quedó bajo resguardo como parte de las actuaciones.
El 22 de marzo, elementos de seguridad cumplimentaron una orden de aprehensión en el municipio de Zumpango. Posteriormente trasladaron a la mujer al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición del juez.
Proceso judicial en curso
En audiencia, la autoridad judicial determinó la vinculación a proceso por el delito de robo. El juez impuso prisión preventiva y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.
Las armas sustraídas no forman parte del equipo operativo de la institución. Se trata de indicios relacionados con hechos delictivos, los cuales permanecían bajo resguardo para análisis pericial en expedientes en curso.
La legislación contempla sanciones de hasta ocho años de prisión por este delito. La persona imputada mantiene la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por autoridad judicial.
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VGB
