Entre el 7 y el 16 de abril, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas reportaron la localización de al menos mil 76 restos y fragmentos óseos en las lagunas de La Habana, ubicadas en los límites de la alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México, y el municipio de Chalco, en el Estado de México.
De acuerdo con el pronunciamiento conjunto, firmado por organizaciones como Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles Ciudad de México y Voces de la Ausencia, el hallazgo representa una crisis forense de dimensiones incalculables que requiere atención urgente por parte de las autoridades.
Los colectivos señalaron que lo que inició como una jornada de búsqueda derivó en un escenario de dolor e indignación, ante la magnitud de los restos localizados en un periodo de apenas diez días.
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Hallazgos diarios evidencian magnitud del problema
El recuento difundido por los colectivos detalla un incremento progresivo en el número de restos encontrados conforme avanzaron las jornadas:
- 7 de abril: 49 restos
- 8 de abril: 29 restos
- 9 de abril: 51 restos
- 10 de abril: 90 restos
- 11 de abril: 106 restos
- 13 de abril: 132 restos
- 14 de abril: 149 restos
- 15 de abril: 215 restos
- 16 de abril: 255 restos
Este patrón, señalaron, refleja la complejidad del terreno y la gravedad del sitio, el cual se ha convertido en un punto crítico en la búsqueda de personas desaparecidas.
Colectivos exigen respuestas y acción inmediata
Ante estos hallazgos, las organizaciones exigieron al Estado una respuesta inmediata y coordinada. Entre sus principales demandas destacan:
- Ampliar las jornadas de búsqueda con más recursos humanos y técnicos
- Garantizar transparencia en los procesos forenses
- Asegurar la protección de las familias buscadoras
- Establecer un mecanismo de información directa sobre avances
Además, advirtieron que la ubicación del sitio o la complejidad del terreno no deben ser pretexto para retrasar las labores de búsqueda y resguardo.
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Los colectivos subrayaron que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar el derecho a la verdad y la justicia, así como la identificación digna de cada uno de los restos localizados.
“El Estado tiene la obligación de garantizar nuestro derecho a la verdad y a la justicia”, señalaron en el documento, en el que también reiteraron que continuarán las labores hasta lograr que cada víctima sea identificada y devuelta a sus familias.
El caso se suma a otros hallazgos recientes que evidencian la crisis de desapariciones en México, así como los retos en materia forense y de identificación de víctimas.