El permiso para la demolición del edificio de San Antonio Abad 34, en la colonia Tránsito, colapsado el 9 de marzo y que dejó 3 fallecidos, lo otorgó la Secretaría de Vivienda, afirmó la alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.
La funcionaria dijo en entrevista con La Silla Rota que la demolición se hizo a través del trámite de facilidades administrativas que puso en marcha el año pasado la Comisión de la Reconstrucción para edificios que deben ser demolidos y se les permite eximir trámites, permisos y autorizaciones y se condona y/o exime el pago de contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios respecto de inmuebles afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.
Eso depende del gobierno capitalino, no de la alcaldía, remarcó Rojo de la Vega.
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El 14 de marzo del año pasado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se publicó la resolución respectiva, “en donde se permite a la Secretaría de Vivienda aprobar demoliciones sin estudios ni programas de Protección Civil, lo cual es pues peligrosísimo”, recordó.
La empresa de demolición primero se acercó a la alcaldía pero se le negó la autorización
Dijo que la empresa Demet primero se acercó a la alcaldía el 26 de septiembre pasado a pedir permiso de hacer sus trabajos y el 30 de septiembre, la alcaldía respondió que no, porque incumplían más de 10 requisitos mínimos para garantizar la seguridad en la demolición.
El 20 de octubre del 2025 le llegó a su administración un oficio enviado por la Secretaría de Vivienda en donde la dependencia le informa que se autorizó la demolición, con base en el acuerdo de la Comisión de la Reconstrucción sobre Facilidades Administrativas.
“A nosotros nos avisan de este acuerdo, nos damos por enterados. Punto. Dijimos que no a la empresa, ellos dicen que sí”, enfatizó.
El acuerdo establece que el particular tiene 90 días para iniciar los trabajos y que cuando así fuera, tiene 3 para avisar formalmente a la Secretaría de Vivienda y a la Comisión de la Reconstrucción, agregó la alcaldesa. Ese plazo debió cumplirse el 18 de enero.
“Este aviso yo sé que no se dio porque el particular me lo comentó”, dijo, y retó al gobierno capitalino a mostrar el aviso.
Rojo de la Vega recordó que fue el mismo secretario de Vivienda, Inti Muñoz quien le dijo en San Antonio Abad el 10 de marzo, que no sabían cuándo habían iniciado la demolición. La alcaldesa recalcó que la empresa debía avisar al gobierno capitalino, no a la alcaldía. Y si no lo hicieron, debieron suspender el acuerdo de facilidades.
“Es peligrosísimo, tan peligroso que ya mandamos a verificar los pocos avisos que tenemos de estos acuerdos de facilidades en la demarcación, que suman 17”, añadió.
“No existe un oficio formal según lo que dijeron. Se debió tener, si no lo tuvieron, debieron de parar los trabajos. No autorizamos la demolición y no estábamos al tanto porque para nosotros llevar a cabo una verificación no se hace de manera obligatoria a todas las obras. Se hace cuando hay una queja vecinal, una petición por las canales oficiales, yo voy y las verifico, pero no es obligatoria, no es de manera automática”.
Si el gobierno capitalino supo del inicio formal de los trabajos por parte de la empresa, también pudieron revisar y verificar qué se estaba haciendo, ya que ellos otorgaron ese permiso, criticó.
Este miércoles en la sesión del Congreso capitalino se publicó un documento de la alcaldía Cuauhtémoc con fecha del 11 de noviembre, dirigido al arquitecto Ernesto Noriega Ayala, director del programa de Reconstrucción y Vivienda Social.
En el documento la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la alcaldía “toma de conocimiento el inicio de los trabajos de demolición que se llevarán en el predio, toda vez que cuenta con el dictamen del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana y oficio de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble de la Subdirección General del Patrimonio Artístico Inmueble del INBAL”.
En el oficio se establece que durante la obra se deberá mantener visible una lona con la leyenda “este inmueble fue afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Está siendo demolido con recursos propios a través de las facilidades administrativas otorgadas por la Comisión para la Reconstrucción”.
Vecinos se han quejado de que en el sitio no había ninguna lona alusiva a los trabajos.
El exdirector ejecutivo de la alcaldía Miguel Hidalgo, Gustavo García Arias recordó en un post que el acuerdo de facilidades administrativas se diseñó para edificios de uso habitacional.
Esto es lo que dice el acuerdo: “Apoyar en la atención de sus obligaciones fiscales a las personas propietarias o poseedoras legítimas de inmuebles preponderantemente de uso habitacional que se vieron afectadas de forma directa en su patrimonio como consecuencia del fenómeno sísmico ocurrido el 19 de septiembre de 2017, cuyos inmuebles hayan colapsado o quedado en condición de inhabitabilidad o con daños estructurales y los procesos de obra (demolición, rehabilitación o reconstrucción), jurídicos y/o administrativos se encuentren en trámite, gestión o ejecución a la fecha de entrada en vigor de la presente Resolución, y sean parte del universo de atención de la Secretaría de Vivienda”.
La Silla Rota buscó al titular de la Secretaría de Vivienda, Inti Muñoz, quien prometió revisar su agenda y comunicarse. Pero al cierre de esta edición no lo había hecho.
Radiografía del edificio
El edificio de San Antonio Abad 124 era de alto riesgo. Quedó dañado desde el sismo de 1985, pero continuó siendo usado e incluso albergó oficinas de la Secretaría del Trabajo capitalino. Después del terremoto del 19 de septiembre de 2017 dejó de ser utilizado.
Una de las peculiaridades del inmueble es que sólo una parte se desplomó el 9 de marzo. Otra más grande, aún está de pie aunque con varias partes dañadas e incluso el 10 de marzo el primer piso fue apuntalado. Por fuera el Instituto de Verificación Administrativa colocó sellos de Suspensión de actividades, a petición tanto de la alcaldía Cuauhtémoc como del gobierno capitalino.
El edificio estaba siendo demolido por la empresa Demec, que contaba con los permisos, pero esos documentos conllevan otros que hay que revisar, explicó por su parte la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa.
“Queda resguardado hasta que se termine la investigación para que posteriormente la empresa y el dueño del privado que es dueño de este lugar hagan lo que corresponde”, dijo la funcionaria.
Urzúa descartó riesgo de colapso del inmueble, porque prácticamente el edificio ya estaba demolido completamente hasta el cuarto piso, completamente; y desde el quinto piso fue de donde cayeron las losas completas.
Contexto
El 2 de junio de 2018, el Comité de Emergencias de Protección Civil notificó al titular registral del inmueble la necesidad de realizar los trabajos de demolición correspondientes, ante el riesgo estructural identificado. El 20 de noviembre de 2020, los propietarios del inmueble constituyeron el Fideicomiso 777 San Antonio Abad, con el objetivo de gestionar las acciones necesarias.
Mediante escrito con fecha 14 de julio de 2025, el representante legal del citado Fideicomiso solicitó a la Comisión para la Reconstrucción la aplicación del Acuerdo General de Facilidades Administrativas para trabajos relacionados con la demolición del inmueble.
La empresa encargada de la demolición es Demec, que en palabras de Inti Muñoz es una empresa grande, que lleva a cabo demoliciones en la ciudad desde hace mucho tiempo, que tiene una trayectoria en ese terreno. El Fideicomiso 777, San Antonio Abad, está conformado por distintas personas físicas y con representantes legales.
Ya la Fiscalía General de Justicia inició una investigación sobre los hechos.