Raúl Giles y Blanca Rivera, padres de Berenice Giles Rivera, quien fue una de las dos víctimas que murió en el Festival Axe Ceremonia, el 5 de abril de este año, acudieron a la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México para pedir no encubrir a la empresa de espectáculos Ocesa y a la de seguridad privada Lobo, a las que hacen responsable de la muerte de su joven hija.
Acompañados de una cuarentena de manifestantes, los padres, junto con el abogado Fabián Victoria responsabilizaron del encubrimiento al juez de control José Luis Palacio Hernández y al de trámite, Miguel Ángel Guerrero.
El 5 de abril del presente año, una estructura de metal colapsó sobre dos fotoperiodistas, que cubrían el evento y que causó su muerte, una de ellas era Berenice Giles. El otro era Miguel Ángel Hernández.
El abogado dijo que desde el primer mes que comenzó el proceso, se encontraron con una fiscalía que no facilitaba la información, documentos y solicitudes para llamar a cuentas a los involucrados.
Fue precisamente el abogado quien explicó que han solicitado audiencias de omisión para denunciar esa situación, pero se las han negado desde el Poder Judicial local o les han dado largas para atenderlos. El ejemplo más reciente fue que se reprogramó la audiencia de omisión para el 26 de octubre, bajo el argumento de que supuestamente no hay una sala de audiencia en la que se pueda realizar.
En cambio, donde sí han notado celeridad es en la audiencia inicial, que ya comenzó y si ahí se imputa a responsables, ya las audiencias de omisión no tendrían caso, remarcó el abogado.
“Con eso sucedería lo siguiente, que tanto a la Fiscalía General de Justicia como el Poder judicial de la Ciudad de México, se saldrían con la suya, en el sentido de liberar a Ocesa y a Seguridad Privada Lobo de ser imputados como responsables del homicidio de estos dos periodistas”, dijo.
Ven campaña de desinformación
El abogado aprovechó para responsabilizar a la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde y a otras personas de impulsar una campaña de desinformación para tratar de engañar a la opinión pública al decir que las empresas no pueden tener la calidad de investigadas, debido a que no participaron en la instalación y en la operación de la grúa que mató a los dos fotoperiodistas víctimas en el festival.
“Es un argumento perverso, que no pasa la prueba de la risa, porque no es tan sencillo como decir, sólo vamos a investigar a quien instaló y a quien operó la grúa que les quitó la vida a estos dos muchachos. Por supuesto que no, la responsabilidad de estas dos empresas nace de lo que diversas leyes como la Ley de espectáculos públicos para la Ciudad de México, como la de gestión integral y protección civil, sus reglamentos, son leyes que establecen que cualquier persona que tenga el carácter de organizador de un evento o festival musical tiene la obligación de vigilar que se cumpla el programa especial de Protección Civil que se autorizó para la celebración del evento”.
El abogado Fabián Victoria dijo que el caso ya se salió de lo jurídico para entrar a lo político. “Claramente hay una instrucción”, dedujo, ya que del caso están enterados desde la presidenta Claudia Sheinbaum hasta la fiscal capitalina, Berta Alcalde.
Raúl Giles por su parte dijo que acudió a solicitar ayuda a la presidenta Claudia Sheinbaum pero en presidencia le pidieron ir con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y aún no lo atienden.
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