Teresa Cruz y Rita García, dos mujeres de 79 y 80 años, han luchado durante siete años contra un basurero ilegal instalado a unas cuadras de sus casas en la colonia Segunda Ampliación Santiago Acahualtepec. Hoy, tras una larga batalla legal, oficios ignorados y amenazas, un juez ordenó a la alcaldía Iztapalapa retirar los desechos de la calle, crear un programa de recolección y habilitar un sitio adecuado.
La lucha por una banqueta
Desde hace varios años, caminar por la calle Flor Marina se convirtió en una experiencia indeseable. Niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida sortean a diario montones de basura, charcos viscosos que vuelven resbaloso el piso y nubes de moscas revoloteando sobre bolsas negras de plástico desbordadas de residuos orgánicos y desechos humanos.
“El piso queda resbaloso, sucio. Yo vi una vez a un vecino casi invidente que no pudo cruzar. No había por dónde”, recuerda Rita en entrevista con La Silla Rota.
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Incluso, en la pandemia de COVID-19, cuando las medidas de higiene eran vitales, la banqueta se encontraba invadida de basura.
“Llegan como siete u ocho carritos de basura, de distintos lados, y vacían todo aquí. Luego se van, recogen más y regresan. Nos preocupa porque ocupan la calle completa y porque es una contaminación terrible”, relata Teresa, quien ha vivido desde 1980 en colonia Ampliación Santiago Acahualtepec. A su lado, Rita, su vecina y compañera de lucha, asiente: “No es posible que estemos expuestos así, se trata de nuestra salud”.
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El problema comenzó en 2018, cuando los carritos de basura fueron reubicados de otra esquina. Desde entonces, la calle Flor Marina se convirtió en un tiradero improvisado. Esta reubicación fue una respuesta a protestas vecinales en el punto anterior, pero terminó trasladando el problema a su calle.
Años de puertas cerradas
Teresa y Rita empezaron a tocar puertas. Enviaron escritos a Clara Brugada, entonces alcaldesa, y hablaron con funcionarios como Alfonso Hernández, director de Obras y Alfredo Aparicio, jefe del sector de basura. Todos prometieron soluciones. Ninguna llegó.
“Siempre nos decían: ‘estamos buscando un lugar’, pero han pasado años y nada”, lamenta Rita. La respuesta de algunos vecinos fue más dura: “Nos decían que si no nos gustaba, nos fuéramos a Polanco, que diéramos la vuelta. Pero no pedimos que dejen de recoger la basura, sólo que no nos la acumulen aquí”.
Pedir calles limpias y libres de basura les generó represalias. Durante meses los carritos se negaron a recogerles la basura. En otra ocasión, el esposo de Rita fue increpado con agresividad por recolectores y hasta escucharon amenazas veladas de funcionarios. “Un director nos dijo: ‘¿Quieren que les lleven la basura a su calle?’”, relata.
La vía judicial
Cansadas de la indiferencia, las dos vecinas decidieron recurrir a la vía legal. Así fue como contactaron al Consejo Nacional de Litigio Estratégico, uno de cuyos integrantes, el abogado Alejandro Martínez, tomó el caso.
“El caso es un referente”, explica el abogado en entrevista con La Silla Rota. “Desde 2018 ellas habían presentado denuncias ante centros de servicios ciudadanos, contralorías y oficinas de la alcaldía. Nunca hubo atención. Nos buscaron en 2024 y decidimos acompañarlas porque representa algo más: ¿por qué en Iztapalapa sí se permite un basurero en plena calle, algo que sería impensable en otras zonas como Roma o Condesa?”.
Tras año y medio de litigio, obtuvieron una sentencia favorable. El juez ordenó a la alcaldía tres acciones concretas:
- Garantizar el servicio público de limpia y recolección en la zona
- Elaborar un programa con rutas, horarios y frecuencias claras de recolección de desechos
- Levantar los desechos acumulados en la esquina de Flor Marina y Primavera e instalar un sitio adecuado para la disposición y separación de residuos, además de difundirlo entre los vecinos
“La sentencia deja claro que es obligación de las alcaldías garantizar este servicio básico. No es optativo. Y abre la puerta a que otros ciudadanos puedan replicar el amparo si viven una situación similar”, añade Martínez.
“Nunca quisimos pleito”
Mientras tanto, cada mañana siguen caminando entre carritos, bolsas y camiones de basura. La alcaldía aún no cumple con lo dictado por el juez, por lo que ambas mujeres no quitan el dedo del renglón.
“Nosotras nunca quisimos pleito. Sólo queríamos vivir en calles limpias”, afirma Rita. Teresa, por su parte, mira el basurero que deberá desaparecer en los próximos días. “Nunca dijimos que no recojan basura, solo pedimos que no la dejen frente a nuestras casas. Que la recojan bien, como en otras colonias”, insiste.
Preparan versión pública de la demanda
El abogado Alejandro Martínez adelantó que el Consejo Nacional de Litigio Estratégico trabaja en una versión pública de la demanda, que cualquier persona podrá adaptar con sus propios datos para presentar un amparo en casos similares.
“La sentencia marca un precedente. La recolección de basura no es opcional, es una obligación de las alcaldías”, explicó. Para quienes quieran orientación, el Consejo recibe mensajes a través de sus redes sociales y a través del correo contacto@litigioestrategico.mx.
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Otro caso, mismo problema
La lucha de Teresa y Rita no es única. En la colonia Arenal de Guadalupe, en la alcaldía Tlalpan, los vecinos también enfrentan irregularidades en el servicio de recolección de basura.
La señora Amparo Guevara, residente de la zona, denuncia que desde los primeros días de 2025 el servicio ha sido intermitente, afectando tanto la recolección de basura orgánica como la inorgánica.
“El camión de orgánica dejó de pasar porque estaba descompuesto y, según los operarios, tenían que pagar todas las reparaciones de su bolsillo. Llegamos a acumular hasta 15 días de residuos”, dice Guevara en entrevista. La situación obligó a los vecinos a contratar un servicio particular, con aportaciones voluntarias de aproximadamente 50 pesos por familia, para evitar la proliferación de suciedad y riesgos de salud.
La irregularidad se prolongó hasta que los camiones fueron reparados, un retraso de 12 días que refleja, dice Guevara, la falta de una infraestructura consistente que garantice el funcionamiento de las ciudades independientemente de quién gobierne la alcaldía.
VGB