La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el sobrevuelo que realizó un dron de Estados Unidos sobre Valle de Bravo fue a petición del gobierno de México. La mandataria coincidió con la explicación de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, sobre operaciones en contra del crimen organizado en colaboración con las autoridades estadounidenses.
Sheinbaum explicó que cuando no se cuenta con el equipo necesario, se solicita el apoyo de EU, en los marcos de colaboración bilateral.
“Es a petición del gobierno de México, la solicitud de préstamo. Son vuelos de CBP que tiene que ver con migración y aduanas. Ellos lo operan, es a petición de México. No tiene que ver con migración, sino que es una de las instituciones en las que se tiene colaboración y fue para una operación contra delincuencia organizada”, señaló la presidenta en su conferencia de prensa matutina.
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El vuelo de un dron estadounidense sobre el sur del Estado de México a solicitud del gobierno mexicano, reconocido por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, podría marcar una nueva etapa en la creciente colaboración con Estados Unidos para combatir cárteles como La Familia Michoacana.
Expertos consultados por La Silla Rota coincidieron en que el dron pudo estar recopilando información precisa para golpear a objetivos prioritarios. Sin embargo, advirtieron que el reto operativo persiste pues grupos como La Familia Michoacana ya cuentan con tecnología, como jammers (bloqueadores de señales), para interferir drones del gobierno, lo que obliga a emplear equipos con mayor altura y alcance.
Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, académico especializado en temas de seguridad nacional, recordó que este tipo de apoyos (interceptación de telecomunicaciones, imágenes satelitales y uso de drones) son parte de una cooperación que, aunque no nueva, ha cobrado relevancia ante el incremento de actividades delictivas en la región.
“México aprovecha las capacidades que ofreció Estados Unidos para la intercepción de telecomunicaciones, también monitoreos a través de estos sistemas de inteligencia vía satelitales o, a través de estos drones de alta capacidad”, señaló.
Contexto: documentos hackeados a la Secretaría de Defensa por el colectivo Guacamaya mostraron que desde hace nueve años las autoridades conocían los escondites y sitios en los que se esconden los líderes de La Familia Michoacana, sabe dónde viven sus familiares, cómo se mueven; y hasta por dónde huyen.
Los informes de inteligencia indican que desde 2016 la Sedena mantenía bajo vigilancia los movimientos de la familia de los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, primero y segundo en el mando del grupo delictivo, a quien se le atribuyen los asesinatos, secuestros y extorsión que hoy aterrorizan a gran parte del Estado de México, Guerrero y Michoacán, principalmente.
Los documentos revelan que Johnny Hurtado Olascoaga “El Pez”, se caracterizaba por tener casas de seguridad a orillas de ríos y utilizaba lanchas rápidas como vías de escape.
Nuevo rumbo en cooperación
El especialista Javier Oliva advirtió que la confirmación pública de este tipo de operaciones es inusual, dado que muchas acciones de inteligencia son clasificadas. Sin embargo, consideró positivo que se transparenten cuando se realizan de forma coordinada y a solicitud de México.
Subrayó que México actúa de forma reactiva ante estos eventos, sin protocolos claros que le permitan anticiparse. Explicó que, al no tratarse de un dron militar, es probable que fuera operado por agencias civiles de inteligencia estadounidenses como la CIA o el FBI.
La operación se da en un contexto de mayor involucramiento de Estados Unidos en la lucha contra cárteles mexicanos y en paralelo a medidas como la inclusión de organizaciones criminales en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (Foreign Terrorist Organizations), con el objetivo de asfixiar sus finanzas y debilitar sus estructuras.
Estas medidas han sido usadas por el gobierno de Estados Unidos para congelar cuentas y cortar flujos económicos a organizaciones como las de inspiración yihadista, ahora aplicadas también a grupos del crimen organizado mexicano.
Para los especialistas, la cooperación debe mantenerse en un marco de transparencia y protocolos claros, evitando riesgos a la soberanía pero aprovechando la tecnología y experiencia disponible para debilitar a las organizaciones delictivas.
“El protocolo entre los dos países es de avisar absolutamente cuando hay la incursión de una aeronave por territorio nacional por espacio aéreo. Hay magnífica cooperación entre la Secretaría de la Defensa Nacional que es la que tiene el SECABI, el centro de control aéreo de México operado por la fuerza aérea mexicana”, dijo Rodríguez Sánchez Lara.
Dron sobre Tejupilco
Este miércoles, en la sesión informativa del envío a Estados Unidos de 26 acusados de narcotráfico, García Harfuch dijo que un dron estadounidense voló por varias horas por localidades como Tejupilco y Valle de Bravo, en el sur del Estado de México.
“No es un dron militar, son aeronaves no tripuladas que vuelan a petición especifica de alguna institución del gobierno mexicano, vuelan en apoyo y colaboración de investigaciones que llevamos en nuestro país”.
El sur del Edomex es bastión de los líderes del grupo criminal La Familia Michoacana, que nació como una organización dedicada al narcotráfico y después se concentró en el secuestro y extorsión a comerciantes, agricultores y vecinos de comunidades del sur de la entidad.
El 22 de julio, autoridades federales y estatales intervinieron en los municipios de Ixtapan de la Sal, Tejupilco, Tlatlaya, Luvianos, Donato Guerra, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Malinalco, San Felipe del Progreso, Sultep?? y Valle de Bravo, entre otros, para detener a prestanombres y operativos de La Familia Michoacana.
Se llevaron a cabo 52 cateos en establecimientos relacionados con los delitos de extorsión, secuestro exprés y delitos contra la salud y se detuvo a siete personas acusadas de acaparar mercancías diversas y servicios.
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A los ciudadanos se les obligaba a comprar carne, alimentos y materiales de construcción como cemento, grava y varilla, en establecimientos propiedad del grupo criminal que se vendían a precios superiores a los de otros municipios.
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