MOVILIDAD EDOMEX

Edomex va por quitar concesiones a transporte involucrado en accidentes

El Estado de México revocará concesiones a unidades de transporte público involucradas en accidentes con lesiones graves o muertes; hay preocupación entre los transportistas por la posible afectación a su sustento y la falta de consenso en su aplicación

Créditos: Carlos Medellín
Escrito en METRÓPOLI el

La Secretaría de Movilidad del gobierno del Estado de México ha implementado una nueva reglamentación que permite la revocación de concesiones a unidades de transporte público involucradas en accidentes que resulten en lesiones graves o fallecimientos de pasajeros.

Esta medida, que entró en vigor el lunes 7 de julio, ha generado diversas reacciones entre los concesionarios y choferes, quienes, aunque reconocen la importancia de la seguridad, expresan preocupación por la falta de consenso y las implicaciones económicas.

Reglamentación genera inquietud a los choferes

Para Ubaldo, un concesionario que opera una Urvan en la ruta de San Bartolo a la colonia Benito Juárez en Naucalpan, la nueva normativa debería haber sido discutida en foros con los empresarios del transporte antes de su imposición. "Debe de haber pláticas previas porque hasta ahora no conocemos bien lo que informó la autoridad, porque pierdes concesión, pierdes el trabajo", expresó Ubaldo, quien sostiene a su familia con los ingresos de su unidad.

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Aunque Ubaldo desconoce los detalles de la reglamentación, considera que la medida "está bien para que quienes incurran en alguna falla por su forma de manejar paguen por su error". Sin embargo, su principal preocupación es que la revocación se aplique "por cualquier cosa", sin un criterio claro, lo que podría afectar injustamente a muchos transportistas.

Alberto Rodríguez, un taxista con base en la glorieta de Morelos en San Bartolo, Naucalpan, también manifestó su sorpresa ante la nueva disposición. "Pues no conocía de esa nueva ley, pero creo que primero se nos debe informar", comentó, sugiriendo que se convoquen reuniones por zona para discutir y acatar las propuestas de la Secretaría de Movilidad.

Proteger a los mexiquenses

La Secretaría de Movilidad, a cargo de Daniel Sibaja González, anunció que esta acción busca salvaguardar la integridad física de los mexiquenses, poniendo fin a la operación de unidades que representan un peligro. "Serán canceladas las concesiones de las unidades que choquen, se volteen o pongan de alguna manera en riesgo a los usuarios", explicó el funcionario.

Para la aplicación de esta medida, se requerirá la presentación inmediata de una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) contra los presuntos responsables, lo que activará un procedimiento administrativo automático para revocar la concesión del vehículo involucrado y retirar la licencia de conducir del operador responsable.

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Estas sanciones, según el funcionario, buscan no sólo castigar, sino también prevenir futuros incidentes y garantizar que el servicio de transporte público se brinde con responsabilidad y respeto a la vida humana.

Riesgos e irregularidades

En contexto, en los primeros meses de este año 2025, la entidad mexiquense ocupó el primer lugar a nivel nacional en personas fallecidas en accidentes viales que involucraron transporte público, alcanzando 215 casos de muertes, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Personal de la Secretaría de Movilidad en la región de Naucalpan ha revelado que, si bien existen alrededor de 150 mil transportes de servicio público de pasajeros con concesión regular, se estima que hasta 600 mil unidades operan de forma irregular. Esto incluye vehículos con amparos, concesiones duplicadas sin autorización e incluso unidades que operan sin ningún tipo de documento, lo que complica aún más la supervisión y regulación del servicio.

¿Por qué es importante regularizar el transporte?

La nueva reglamentación busca reducir los índices de accidentes viales con víctimas fatales, priorizando la vida de los usuarios. También pone de manifiesto la tensión entre la necesidad de proteger a la ciudadanía y el impacto económico y laboral en miles de familias que dependen del transporte público.

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La implementación de la medida podría generar conflictos ante la falta de consenso previo con los transportistas y la gran cantidad de unidades irregulares.

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