Luego del operativo “Liberación”, la captura de ocho sujetos quienes servían al cártel de “La Familia Michoacana” en el sur del Estado de México y que presumiblemente extorsionaban a la población de la región, se mantienen dos mil 500 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.
A este estado de fuerza se suman marinos, soldados y efectivos de la Guardia Nacional (GN), informó el secretario, Cristóbal Castañeda Camarillo.
¿Qué pasará con los bienes asegurados?
En la ciudad de Toluca, el titular de seguridad agregó que en la zona siguen las diligencias ministeriales para poner a disposición de un ministerio público, lo antes posible, bienes perecederos confiscados a la delincuencia organizada y, en coordinación con la secretaría del Bienestar, se ha comenzado a distribuir de forma gratuita entre los habitantes carne de cerdo, de res y pollo, así como materiales para la construcción.
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“El día de hoy se continúan con las prácticas ministeriales para hacer un procedimiento innovador, que es la disposición anticipada de los bienes perecederos. En coordinación con la secretaría del Bienestar empezarán a distribuirse entre la misma población que se había afectado, tanto los productos cárnicos y materiales de construcción que sean empleados para el beneficio de la sociedad”.
En tanto, los locales que fueron asegurados están bajo resguardo de la policía estatal para evitar que la delincuencia organizada los intente recuperar, al igual que la mercancía de paquetería, “que ellos determinaban a quienes se les entregaba o no”.
¿Qué confiscado por fuerzas federales y estatales?
El informe de la federación indica que los ministerios públicos incursionados en la zona donde dominaba “La Familia Michoacana”, confiscaron cuatro mil 174 pollos vivos, 30 vacas y bueyes, 89 borregos, 17 mil 657 kilos de alimento y forraje y 3.9 toneladas de carne.
Se suman 250 mil kilos de cemento, es decir, cinco mil bultos de 50 kilos cada uno, block para construir muros, 137 toneladas de varilla, alambre, alambrón, minas de arena y grava, 18 animales exóticos, 52 caballos y 128 vehículos, entre unidades de carga y hasta retroexcavadoras para explotar las minas de materiales pétreos.
En lo que respecta a las detenciones, el funcionario reiteró que son siete detenidos por ataques a las vías de comunicación en el municipio de Valle de Bravo y ocho los enjuiciados por estar vinculados presuntamente al delito de extorsión en 14 municipios del sur mexiquense.
Prisión preventiva a detenidos en el sur del Edomex
Yareli “N”, tercera regidora de Ixtapan de la Sal, acusada por el probable delito de secuestro con fines de extorsión, Gonzalo “N”, quien es el probable responsable del delito de extorsión agravada, José Fernando “N”, fue capturado por el probable delito de extorsión, Antonio “N”, está en la cárcel por el probable delito de extorsión agravada, Alicia “N”, quedó detenida por el probable delito de extorsión agravada, y Jorge “N”, detenido por el probable delito de extorsión agravada. Los seis recibieron por parte de la autoridad judicial, prisión preventiva en su primera audiencia.
Se enlistan también: Eli “N”, quien es padre del segundo regidor de Valle de Bravo, está en la cárcel por su probable responsabilidad en el delito de secuestro con fines de extorsión, en la audiencia inicial el juez estableció prisión preventiva justificada, y Alejandro “N”, fue capturado en el estado de Quintana Roo y es señalado por el presunto delito de extorsión agravada.
En contexto, la región sur del Estado de México ha sido identificada desde hace al menos 2 años y medio como territorio de influencia de La Familia Michoacana, grupo que ha diversificado sus actividades criminales más allá del narcotráfico, centrando su poder en la extorsión, la explotación de recursos naturales y el control de rutas comerciales.
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Uno de los hechos ocurridos en esta región fue alzamiento de pobladores de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán, contra integrantes de La Familia Michoacana, el 10 de diciembre de 2023, que dejó un saldo de 11 personas sin vida, entre ellas 10 del grupo criminal y un integrante de la comunidad.
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