Las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo presentaron el “Plan Maestro: Por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo local”, una estrategia que busca frenar el crecimiento acelerado de los alojamientos temporales, responsables del desplazamiento de vecinos y del alza en los precios de renta, así como garantizar el acceso a la vivienda digna en zonas céntricas de la Ciudad de México.
De acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, en 2024 Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Benito Juárez y Cuauhtémoc fueron las alcaldías con el precio por metro cuadrado más alto de la ciudad, con un promedio de 52,927 pesos.
Entre 2020 y 2025, las colonias Condesa, Hipódromo, Roma Norte y Roma Sur registraron el mayor aumento de viviendas destinadas a renta de corta estancia, lo que ha reducido la oferta habitacional para quienes buscan vivir en ellas de forma permanente.
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9 medidas para contener la expulsión de habitantes
El Plan Maestro señala que, en Cuauhtémoc, se intervendrán colonias como Hipódromo Condesa, Roma Norte y Sur, Juárez, Doctores y Buenos Aires; en Miguel Hidalgo, las zonas de acción incluyen Escandón y San Miguel Chapultepec.
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En estos polígonos, se pondrán en marcha medidas para contener la expulsión de habitantes y promover la vivienda asequible:
- Regulación de rentas temporales: Se fortalecerá la Regulación de la Renta de Viviendas de Ocupación Temporales determinando una metodología objetiva y rigurosa con la finalidad de limitar la demanda provocada evitando la sobreoferta.
- Facilidades para construir vivienda social: Se priorizará la producción de vivienda pública en la ZTI, y se fomentará la vivienda social y/o asequible mediante la emisión de un acuerdo de facilidades administrativas que acelere los procesos de construcción.
- Programa de Vivienda Pública en Arrendamiento: Se buscará garantizar el acceso al Programa a los sectores más vulnerados: jóvenes, madres solteras, adultos mayores y trabajadores de la Ciudad central.
- Mejoramiento y ampliación de viviendas populares: Se hará énfasis en la línea denominada “Vivienda nueva progresiva”, a fin de posibilitar en mayor medida la ampliación de los espacios habitacionales existentes en los barrios populares y la creación de condominios familiares.
- Protección de comunidades y del patrimonio: Se fortalecerá el arraigo social, cultural y territorial de las comunidades en riesgo de desplazamiento, mediante acciones que garanticen su permanencia en los Pueblos y Barrios Originarios.
- Apoyo al comercio local: Fortalecer la economía barrial, la permanencia de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) en las comunidades, a través de programas de capital semilla, créditos a pequeños comercios protegiendo el comercio tradicional barrial.
- Observatorio de Suelo y Vivienda: Se adecuará el marco jurídico para que el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva administre mecanismos de generación y análisis de datos sobre contratos de arrendamiento, tanto de larga como de corta estancia.
- Gestión democrática y participativa en el territorio: Implementar políticas y programas en favor de la inclusión, el arraigo comunitario, hospitalidad, abatimiento de las desigualdades y convivencia social con la participación activa y permanente de comunidades locales.
- Acciones de intervención en Zonas de Tensión Inmobiliaria (ZTI): Se combatirá la especulación inmobiliaria y se fomentará la producción de vivienda asequible en las Zonas de Tensión Inmobiliaria, ofreciendo facilidades administrativas a desarrolladoras que edifiquen vivienda de interés social, popular y/o sustentable.
¿Por qué es importante este tema?
Aproximadamente 53 mil familias buscan rentar una vivienda cada año en la Ciudad de México, con un ingreso promedio de alrededor de 10 mil pesos mensuales. Esto ha convertido el acceso a una vivienda digna en un desafío insostenible, según datos de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México.
La dependencia destacó que, en los últimos 10 a 15 años, los costos de alquiler han aumentado considerablemente, obligando a muchas familias a destinar más del 30% de sus ingresos, el máximo recomendado por ONU-Hábitat, al pago de la renta. Esta situación ha provocado que muchas familias se vean forzados a mudarse a zonas cada vez más alejadas de sus centros de trabajo y servicios básicos.
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