Santiago cursaba quinto de primaria y sólo le faltaban pocas semanas para concluir el ciclo escolar, cuando la dirección del colegio privado donde estudiaba les informó que la escuela cerraría sus puertas de forma definitiva. El motivo, según les explicaron, fue la presión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para reforzar estructuralmente el edificio.
El inmueble, una antigua casona adaptada como centro educativo, no cumplía con los requisitos de seguridad estructural que las autoridades han empezado a exigir con una nueva inflexibilidad.
La dueña no pudo costear las obras, ni encontrar inversionistas y optó por vender el inmueble. El cierre inesperado dejó en el limbo académico a más de un centenar de niños de preescolar y primaria, cuyas familias ya habían pagado reinscripciones y materiales para el siguiente ciclo escolar.
Este no es un caso aislado. En los últimos años, la Ciudad de México ha sido testigo de cómo la estricta aplicación de la normativa de Protección Civil y seguridad estructural ha puesto en jaque a varios centros educativos. Desde la suspensión de un colegio en la alcaldía Benito Juárez en marzo de 2023, por presentar riesgos estructurales, hasta el cierre de la escuela de Santiago, hace apenas unas semanas en la alcaldía Cuauhtémoc.
“La directora dijo que la SEP le exigía un reforzamiento estructural del colegio, para el cual necesitaban 15 millones de pesos y no consiguieron inversionista”, recuerda su madre, quien con las colegiaturas ya pagadas, tuvo que buscar una nueva escuela para su hijo a contrarreloj.
De acuerdo con la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP), tan sólo en junio de 2025, la SEP retiró el registro a alrededor de 20 escuelas privadas por falta de documentos o problemas estructurales en los planteles educativos.
“Imagínate lo que implica para los padres de familia tener que cambiar a sus hijos de escuela y eso es violatorio a todas luces. Si hay algo que atender, al menos tendrían que dar todas las facilidades para que puedan terminar el ciclo escolar”, señala en entrevista Carlos Villar, directivo de la ANEP.
Revisiones más rigurosas
Desde la perspectiva de quienes dirigen escuelas privadas, el cumplimiento de los requisitos de Protección Civil no es nuevo, pero sí se ha vuelto más riguroso desde el sismo de 2017, tras el derrumbe del colegio Enrique Rébsamen.
“El protocolo ya existía, pero después de ese caso se volvieron más estrictos”, señala Raúl Niño, director de una escuela particular ubicada en Cuajimalpa.
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Cada año, dice a La Silla Rota, la SEP realiza al menos tres visitas para revisar, tanto el cumplimiento académico, como el administrativo. Es en este último punto donde se concentran las exigencias: Constancias de seguridad estructural, dictámenes de Protección Civil, planes de evacuación, seguros y más recientemente, la actualización de los términos de referencia que se publicaron en la Gaceta Oficial en abril de 2024.
Aunque señala que no conoce una escuela en su zona que haya sido multada o cerrada formalmente, admite que sí existe una presión constante por cumplir con todos los requisitos. “Te advierten que debes entregar documentos a la brevedad y realizan revisiones a fondo de todo el plantel”, afirma.
De acuerdo con la plataforma Escuela Segura CDMX, cerca del 80% de los planteles educativos privados en la Ciudad de México no cuenta con todos los documentos necesarios para funcionar de manera segura.
De las 2 mil 938 escuelas privadas en la CDMX, sólo 608 cuentan con los cinco documentos necesarios para ser consideradas escuelas seguras.
El mapa oficial, actualizado al cierre del primer semestre de 2025, indica que en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Coyoacán concentran la mayoría de las escuelas con riesgo.
Por ejemplo, según la plataforma, la escuela secundaria Alberto Einstein ubicada en la colonia Polanco no cuenta con Certificado único de zonificación de uso de suelo, ni con Constancia de seguridad estructural ni con el visto bueno de seguridad y operación.
Asimismo, el jardín de niños André Martinet en Coapa sólo cuenta con su programa interno de protección civil de los cinco documentos para ser considerado un plantel seguro.
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¿Reglas parejas?
Raúl Niño asegura que cumplir con todas las condiciones técnicas es posible, pero costoso.
En la práctica, los requisitos son los mismos para escuelas públicas y privadas, pero, advierte, la exigencia no lo es. “A las escuelas particulares nos piden que todo esté al cien. Espacios por alumno, baños, salidas de emergencia, plantilla completa, todo. Pero uno va a una pública y ve salones saturados, planteles deteriorados, falta de maestros”, reclama.
También señala que las escuelas pequeñas, especialmente las de clase media, son las más golpeadas por estos requerimientos. “Las de alta gama tienen hasta lista de espera. Pero las que cobran entre ocho y doce mil pesos al mes están en problemas”.
Según explica a La Silla Rota Brenda Ortiz, responsable de Protección Civil para planteles educativos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, los lineamientos que hoy generan fricción fueron establecidos desde abril de 2024 en la Gaceta Oficial de la CDMX.
“Ya no hay distinción. Las escuelas públicas, privadas y mixtas deben cumplir con los mismos términos de referencia. Lo que pasa es que algunas privadas, sobre todo las que rentan o están en casas adaptadas, no quieren asumir el costo que implica”, asegura en entrevista.
Ortiz detalla que, para operar, todas las escuelas deben contar con constancias de seguridad estructural vigentes, un visto bueno de Protección Civil y una póliza de seguro. “La revisión puede venir por parte de la SEP, de alcaldías, de Protección Civil central, de la UIFED o incluso por denuncia directa”, apunta.
Aunque el discurso común es que “endurecieron las reglas”, Ortiz niega un cambio reciente. “No es que sean nuevas exigencias, es que ahora se están aplicando. Hay muchas escuelas que por años funcionaron sin tener todo en regla”, subraya.
Si una escuela no cumple con los documentos requeridos o si durante una visita se detectan deficiencias críticas, como la ausencia de un programa interno de protección civil o grietas estructurales, las consecuencias son inmediatas. Se otorgan plazos para subsanar. Pero en casos graves, la medida es la suspensión automática de actividades, con multas significativas. La violación de sellos puede llevar a procedimientos administrativos y, en el peor escenario, a la clausura definitiva.
Requisitos costosos
La principal barrera para muchas instituciones privadas, según Brenda Ortiz, es el aspecto económico. “No están cumpliendo y no quieren cumplir, porque les cuesta”, afirma sin rodeos.
“Cuesta mucho, sí, pero cuando uno abre un negocio, aquí en la Ciudad de México, si piensa que es sólo ganancia, estamos muy equivocados. Hay que cumplir con licencias, usos de suelo, dictámenes, vistos buenos, seguros… todo es una cadena”.
En algunos casos, este costo se ha trasladado directamente a los bolsillos de los padres de familia. Esto lo confirmó la madre de Santiago, quien recuerda que en la escuela de su sobrino. “Les incrementaron la colegiatura, precisamente porque la directora les explicó que les están pidiendo reforzamiento estructural y necesitan dinero para eso”.
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Una medida que, a pesar de la carga económica, los padres de familia llegan a agradecer, conscientes de que en la Ciudad de México “tiembla un día y el otro también”.
kach