Vidrios polarizados, choferes sin uniforme que circulan a exceso de velocidad y sin seguro siguen siendo la norma en el transporte público de la Ciudad de México, pese a la promesa de que al autorizar el alza al pasaje los transportistas se subsanarían esas fallas.
El 31 de octubre se autorizó el alza de 1.50 pesos a la tarifa del transporte concesionado en la CDMX; desde entonces, un ciclista murió arrollado por un camión que invadió el carril exclusivo, y los choques e incidentes viales que involucran microbuses y camiones siguen siendo cotidianos.
En el último mes, al menos seis percances, uno de ellos mortal, han involucrado a unidades del transporte público concesionado, en especial de las rutas 18 y 37, que operan en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Tláhuac.
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La Secretaría de Movilidad (Semovi) anunció el alza tarifaria a cambio de una lista detallada de obligaciones para los operadores como contar con licencia tipo C vigente y visible; retiro de vidrios polarizados; seguro de responsabilidad civil actualizado; unidades con placas visibles; revisiones periódicas de frenos, luces y llantas; cámaras, botones de auxilio y GPS en funcionamiento; uniformes; limpieza y capacitación obligatoria.
El objetivo, dijo la dependencia, era “ofrecer un servicio eficiente y de calidad” sin afectar “en la medida de lo posible” la economía de los usuarios.
Sin embargo, para Roberto Remes, especialista en espacio público, movilidad y desarrollo urbano esto no se ha visto reflejado en las calles. “Aumento tras aumento, hemos visto esto, que se prometen cosas, pero sales a la calle y ves que no ha cambiado nada”, sentencia en entrevista.
Hechos contradicen las promesas
El 21 de noviembre, un camión de la Ruta 18 con placas atropelló a una mujer en Calzada Ticomán, en la Gustavo A. Madero. En un comunicado, la Semovi señaló que las lesiones de la mujer fueron menores. Las placas de la unidad no eran legibles.
Una semana después, el 28 de noviembre, se reportó un caso fatal. José, un ciclista que circulaba sobre la ciclovía de Avenida Guelatao, murió tras ser arrollado por un autobús de la Ruta 37.
De acuerdo con algunos testigos, el operador intentó dar vuelta a la derecha, invadiendo el espacio exclusivo para bicicletas. El conductor fue detenido. Sobre este caso, Semovi confirmó a La Silla Rota que el trámite de revocación de la concesión “ya está en curso”, además de señalar que “legalmente deberá resarcirse el daño”.
En una protesta por los incidentes protagonizados por microbuses o camiones, la madre de José denunció que el camión que arrolló a su hijo carecía de seguro.
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Ese no fue el único caso grave relacionado con la misma ruta. Apenas un mes antes, el 20 de octubre, una unidad de la Ruta 37 había atropellado a un hombre en la alcaldía Tláhuac; al llegar al lugar los paramédicos determinaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. En ambos casos, las primeras versiones apuntan a errores de operación al incorporarse o maniobrar en vialidades de alta afluencia.
Entre el 27 y 29 de noviembre, los reportes de siniestros continuaron. Primero, un microbús se estrelló contra un poste en la Calzada Ermita Iztapalapa y dejó un saldo de seis personas lesionadas. Dos días después, una unidad de transporte público chocó contra una camioneta en calles de Coyoacán, el saldo fue de cuatro personas lesionadas.
Micros y camiones no respetan el Reglamento de Tránsito
Además de estos hechos de tránsito, La Silla Rota constató que unidades de transporte público concesionado no respetan el Reglamento de Tránsito, acumulando, incluso, infracciones por más de 18 mil pesos en 30 minutos.
A través de recorridos, se confirmó que buena parte del sector sigue operando como antes del incremento: sin placas visibles, a exceso de velocidad y violando las reglas básicas de seguridad.
Modelo “hombre-camión” perpetua inseguridad
Para los especialistas, el problema no radica únicamente en las obligaciones administrativas impuestas tras el aumento que no se cumplen, sino en la estructura misma del modelo concesionado.
El urbanista Xavier Treviño sostiene que las medidas actuales son insuficientes porque ignoran la raíz del comportamiento temerario al volante que es el esquema de “pago por cuenta”, conocido como “hombre-camión”, en el que cada operador debe cubrir la renta diaria de la unidad y los costos de combustible.
“El modelo de concesión individual es inseguro porque obliga al conductor a buscar pasaje todo el día y a toda velocidad para rebasar al que va adelante”, explica Treviño. Ese incentivo económico, dice, supera cualquier capacitación o norma que intente imponer el gobierno. “Es por esto que se debe acelerar la conversión a un modelo empresarial”.
En este contexto, Roberto Remes añade que el nivel salarial también incide en la conducción insegura. “Si el salario es tan bajo, difícilmente se atraerá personal de calidad o se le exigirá una operación adecuada”. La consecuencia, dice, es una plantilla que reproduce vicios como exceso de velocidad, competencia entre unidades y maniobras riesgosas.
Controles públicos que no bastan
El gobierno ha insistido en que el cumplimiento de los concesionarios se vigila mediante operativos y supervisión permanente. Para Treviño, esta estrategia es insuficiente y, en algunos casos, ineficiente: “El control público no puede basarse en ir detrás de los microbuses con operativos, ya que es caro, ineficiente y peligroso”.
A su juicio, el mecanismo más eficaz es la Revista Vehicular anual, en la que se verifica documentación y condiciones físicas de cada unidad. Sin embargo, advierte que esta revisión debe ser estricta, especialmente en lo relativo a pólizas de seguro. “El gobierno no solo debe verificar que esté contratado, sino exigir una cláusula de no cancelación para evitar que el concesionario lo anule después”.
En cuanto a las licencias, señala, el problema es más profundo ya que quien acude a la revista es el concesionario, no necesariamente el conductor. Y mientras persista el incentivo de competir por el pasaje, los exámenes de licencia o los cursos de capacitación tendrán un impacto marginal.
Seguridad no está en el aumento de tarifa
A un mes del aumento tarifario, los accidentes con lesionados y fallecidos, operadores detenidos y unidades con fallas mecánicas muestran que los compromisos suscritos por los transportistas no han tenido un efecto tangible para los usuarios.
Los especialistas consultados coinciden en que la mejora real requiere transformar el modelo de operación, profesionalizar a los conductores, elevar los estándares de ingreso y salario, además de aplicar controles públicos rigurosos y permanentes.
“Se debe subir el requisito para ser chofer; hoy las licencias son estampitas. Y no se pueden incorporar vehículos que, cuando atropellan, matan”, afirma Remes.
“Sin un modelo completo de gestión, sin profesionalización real y sin modificar los incentivos económicos, solo seguiremos acumulando riesgos”, concluye.
kach