La Ciudad de México registró 8,961 personas desaparecidas entre diciembre de 2018 y julio de 2023, y 4,461 siguen sin ser localizadas. Entre 2019 y 2022, 3,309 cuerpos o restos humanos fueron depositados a las fosas comunes del Panteón de Dolores, un promedio de 2.4 diarios, sin el conocimiento de sus familiares, mientras miles de personas buscan a sus seres queridos sin respuestas claras del Estado.
Estas cifras, documentadas por la investigadora Elena Azaola en su libro “La desaparición de personas en la Ciudad de México. ¿Quiénes son? ¿Dónde están?”, muestran una crisis que avanza sin explicación oficial, con registros inconsistentes, fallas institucionales y un sistema forense que no logra identificar a quienes terminan en fosas comunes.
Azaola señala que la capital del país se ha convertido en un epicentro silencioso de desapariciones donde la búsqueda depende, más que de las autoridades, de la resistencia y el trabajo de las familias.
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Una crisis en crecimiento
A nivel nacional, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas reportó 115,759 personas desaparecidas y no localizadas hasta abril de 2024. En la CDMX, la Comisión Nacional de Búsqueda identificó un incremento superior al 400% en tres años, ya que los reportes pasaron de 800 en 2019 a 3,425 en mayo de 2023; sin embargo, las autoridades capitalinas no han ofrecido una explicación sobre este incremento.
La mayoría de las personas desaparecidas en la capital son jóvenes: los grupos de 11 a 20 años concentran casi una cuarta parte de los casos y, sumando hasta los 30 años, representan el 45%. Las mujeres adolescentes y jóvenes entre 12 y 24 años muestran mayor vulnerabilidad.
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Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc son las alcaldías con más reportes.
Modalidades de desaparición
La investigación señala que las desapariciones actuales ya no se relacionan solamente con persecución política, como en la década de 1970, sino con dinámicas delictivas y sociales que afectan a amplios sectores.
Azaola documenta desapariciones ligadas a violencia extrema donde se oculta el cuerpo para borrar evidencia, así como casos asociados a trata de personas, un delito del que la Ciudad de México es uno de los epicentros. Otro patrón identificado es el reclutamiento forzado de jóvenes a través de redes sociales, videojuegos o propuestas de empleo que prometen ingresos fáciles.
En paralelo, un número considerable de reportes corresponde a adolescentes que se ausentan temporalmente tras conflictos familiares, aunque detrás de estos episodios pueden existir violencia intrafamiliar, abusos o situaciones no denunciadas.
Además, en los años recientes también se documentaron casos de mujeres jóvenes privadas de la libertad en la vía pública, sometidas a agresiones sexuales y liberadas después.
Falta de coordinación institucional
El análisis sostiene que la crisis se agrava por la debilidad institucional, ya que la coordinación entre la Fiscalía capitalina, la Comisión de Búsqueda y el INCIFO es limitada. Esta falta de articulación retrasa la atención inicial y reduce las posibilidades de localización.
A ello se suma que cada dependencia mantiene su propio registro, lo que impide contar con un universo claro de casos.
Las familias también denuncian que no siempre reciben un trato digno ni la urgencia que exige la desaparición de menores. Además, persiste la falta de investigación contextual que permita identificar patrones por zonas, horarios o perfiles, una herramienta clave para prevenir y actuar.
En su libro, Azaola plantea la creación de un registro único en tiempo real, obligatorio para todas las instituciones; una coordinación inmediata entre INCIFO y autoridades de búsqueda para frenar el envío de cuerpos no identificados a fosas comunes; y capacitación integral del personal para que brinde atención adecuada y aplique correctamente los protocolos de menores.
También exige que el gobierno central y las alcaldías reconozcan la desaparición como un problema estructural e implementen políticas de prevención.
gph