Tras ocho meses de persecución, Adrián Mauricio Sánchez Mitre, excomisario de seguridad pública de Nicolás Romero, fue detenido en el centro de esta ciudad. La captura marca un avance significativo en la investigación de los atroces crímenes que sacudieron al Estado de México y revelaron la colusión entre autoridades locales y grupos criminales.
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La detención de Sánchez Mitre, quien huyó a Oaxaca y posteriormente a Jalisco antes de llegar a Michoacán, ocurre en el contexto de una investigación que inició en abril de 2024, tras la desaparición de cuatro conductores de la plataforma Didi. Estas desapariciones condujeron al macabro hallazgo de cuerpos en pozos clandestinos en San Francisco Magú, al norte de Nicolás Romero, destacó Héctor de Mauleón en columna de opinión.
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Sánchez Mitre, quien asumió como comisario en octubre de 2022 tras una destacada carrera como policía federal, desapareció en mayo de 2024 cuando agentes federales y estatales realizaron un operativo en la comandancia de Nicolás Romero. Ese día, 15 policías municipales fueron detenidos y se incautaron evidencias incriminatorias.
El excomisario, sin embargo, logró escapar. Durante su fuga, estuvo resguardado por aliados, incluidos agentes municipales de otros estados. Su captura en Zamora es considerada clave para desmantelar el entramado de corrupción y violencia que permitió los crímenes.
El horror en los pozos
Los restos de diez personas, algunos segmentados y con signos de violencia extrema, fueron encontrados en un pozo de 40 metros de profundidad. Entre las víctimas se encontraban conductores de taxi y presuntos vendedores de droga que se negaron a colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades confirmaron que algunos cuerpos fueron arrojados con vida.
Un segundo pozo, localizado a 300 metros del primero, contenía un cuerpo más, lo que elevó el número de víctimas y la gravedad del caso.
"El Davis", testigo que "destapó la cloaca"
La investigación, bautizada como Operativo Enjambre, ha llevado a la detención de 10 integrantes del Cártel Jalisco. Un testigo colaborador reveló que las órdenes de los crímenes provinieron del penal de Barrientos, bajo las directrices de él mismo, un líder criminal conocido como “El Davis”.
"El Davis" había quedado como encargado de Naucalpan, Atizapán y Nicolás Romero tras la alianza efectuada por el Cártel Jalisco y la Unión Tepito.
Los servidores públicos no solo brindaban protección al grupo criminal, sino que tuvieron participación directa en sus acciones, señaló la Fiscalía, pues policías municipales "llevaron a las víctimas a los pozos; hicieron ‘muro’ cuando los ‘levantaron’ e incluso arrojaron los cuerpos dentro de los pozos”.
Datos de geolocalización y videos encontrados en los teléfonos de los agentes confirmaron su presencia en los pozos durante las desapariciones. El escándalo destapó la red de complicidad entre servidores públicos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya alianza con la Unión Tepito permitió consolidar el control en municipios como Nicolás Romero, Naucalpan y Atizapán.