Luego de que se diera un revés judicial a la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso del Viaducto Bicentenario y su posible explotación ilegal derivado de actos de corrupción en el Estado de México y la concesión entregada a la constructora española OHL y su sucesora, Aleatica, la FGR anunció que usará todos sus recursos legales contra el Juez Daniel Ramírez Peña, que avaló a la empresa que administra la vía federal, en el camino a recuperar los bienes nacionales entregados en la época PRI.
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La concesión fue entregada a OHL en 2008 por el Gobierno del Edomex, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto; no obstante, la Fiscalía ahora incursionó en un proceso de recuperación, pues acusa que la concesión otorgada "fue absolutamente ilegal y, por lo tanto, nula" conforme a las leyes mexicanas, ya que los permisos de explotación sobre vías generales deben ser concedidos por el Gobierno federal y no por el estatal, como sucedió.
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"Ese acto delictivo le permitió a un particular el saqueo de más de 8,000 millones de pesos por dicha explotación ilegal, correspondiéndole el 99.5% de los ingresos totales de esa vía federal; compartiendo con el Gobierno del Estado de México 42 millones de pesos, equivalente al 0.5%, sin que la Federación haya recibido, en estos 15 años, ni un sólo centavo por la explotación de un bien propiedad de la Nación"
"Desde agosto de 2011, y nuevamente en marzo de 2020, la hoy Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (antes Secretaría de Comunicaciones y Transportes) señaló esta ilegalidad y la presunción del delito federal correspondiente", dice el comunicado de la FGR.
La batalla legal por el Viaducto Bicentenario
La Fiscalía General de la República, encabezada por el Fiscal General Alejandro Gertz Manero, anunció que iniciará un proceso legal en contra del Juez Daniel Ramírez Peña por darle la razón a la empresa Aleatica, antes OHL México, ya que la concesión que el Estado de México le otorgó a la empresa Viaducto Bicentenario S. A. de C. V., incurrió en el delito de "Explotación de un bien de la Nación" contemplado en los artículos 149, 150 y 151 de la Ley General de Bienes Nacionales.
El caso sí se tipifica como delito al contemplarse penado en la dicha ley, por lo que el juez a cargo de la última audiencia será investigado, al considerar que dio su veredicto, sin antes de conocer las pruebas y argumentos de las partes.
El artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales define este delito: “…a quien use, aproveche o explote un bien que pertenece a la Nación, sin haber obtenido previamente concesión, permiso o autorización, o celebrado contrato con la autoridad competente”.
No obstante, el triunfo de esta audiencia fue visto como un acto justo por la empresa a cargo del Viaducto Bicentenario, al considerar que el caso carece de elementos y que el juez de control hizo lo correcto.
“Estamos contentos de que la resolución del Juez haya resuelto de manera contundente el asunto. No cabe duda de que nuestro Director General en México no hizo más que dirigir nuestras acciones para continuar cumpliendo con nuestras obligaciones según lo requerido por un Título de Concesión que se otorgó de forma competitiva y que sigue vigente. La decisión del juez de control lo confirma”, expuso Pablo Olivera, director jurídico global de Aleatica.
Y es que el Estado de México se habría escudado con otorgar una concesión mediante facultades estatales que sólo le permiten autorizar el mantenimiento de una vía federal, más no la autoridad para entregar un bien a administraciones ajenas a la del Estado. Para que exista una concesión federal debe cumplirse con los siguientes requisitos:
- Las concesiones federales se otorgarán mediante concurso público emitido por la autoridad competente federal (SICT).
- La concesión será sobre un objeto que pueda ser materia del mismo (vía general de comunicaciones federal).
- La concesión deberá cumplir con la finalidad del interés público regulado por las normas en que se concreta.
- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes emitirá un fallo fundado y motivado.
- Se señalará el plazo de la concesión.
Al no ocurrir ninguno de estos puntos, la FGR ha declarado su intención de escalar el caso en términos legales, lo cual ha sido visto por su ente acusado como un acto de intimidación o presión desde el poder.
“Ninguna persona debería abusar de nuestras instituciones judiciales para ejercer presiones ilícitas por razones comerciales inapropiadas, especialmente cuando la persona denunciante ha sido condenada recientemente por haber infligido, con malicia efectiva, daño moral a Aleatica”, aseguran los abogados defensores del director general de Aleatica.
Al respecto, la empresa a cargo del Viaducto Bicentenario considera que el caso presentado por la Fiscalía confunde el título de concesión otorgado con las vías que pasan por debajo (tramo del Periférico y de la México Querétaro), ya que, aseguran, el Viaducto Bicentenario se obtuvo a través de un proceso público, competido entre 13 compañías y consorcios, para un proyecto al que, en ese momento, la federación nunca se opuso, ni a la licitación, ni al desarrollo.
"Las porciones del periférico y de la autopista México-Querétaro, que pasan debajo del Viaducto Bicentenario, no están concesionadas, ni a Aleatica ni a ningún otro particular. Lo está bajo una concesión válida y vigente, otorgada por el Estado de México por más de 16 años, es el VB, concesión que ninguna autoridad competente ha declarado inválida", aseguran en una solicitud de réplica para La Silla Rota.
Exfuncionarios mexiquenses involucrados
Mientras que un juez de distrito, adscrito al penal federal El Altiplano, en Almoloya de Juárez, determinó la no vinculación a proceso y sobreseimiento por el delito de explotación ilegal del Viaducto Elevado Bicentenario, en contra de cuatro exfuncionarios mexiquenses y de tres ex directivos de Aleatica, la Fiscalía General de la República se inconformó, señalando que apelará la resolución de la audiencia de causa penal 372/2023.
En el caso se encuentran presuntamente involucrados: Ernesto Nemer, ex secretario General de Gobierno; Gilberto Limón, ex secretario de Movilidad; los ex titulares del Sistema de Autopistas, Alberto Angulo, y de la Junta de Caminos, Jorge González Bezares, así como los representantes de la empresa Viaducto Elevado Bicentenario S.A. de C.V., filial de Aleatica (antes OHL), Andrés de Oteyza, Sergio Hidalgo Monroy Portillo y Rubén López Barrera.
La FGR, al establecer su posición en torno al caso, destacó que la Representación Social acusó al Juez de incurrir en una causa de impedimento para seguir conociendo del caso, añadiendo que, a través del personal jurídico, iniciarán un juicio de apelación.