En julio de 2022, la Fiscalía del Estado de México abrió una investigación sobre la presencia de la Familia Michoacana en el sur de la entidad; esa información se compartió con la Secretaría de la Defensa Nacional, pero las autoridades no intervinieron y pasaron más de dos años antes de que se ejecutara la “Operación Enjambre” en la que jefes policiacos y la alcaldesa de Amanalco fueron detenidos por complicidad con organizaciones criminales.
En ese momento, las autoridades hicieron saber que La Familia Michoacana extorsionaba a los ciudadanos, productores agrícolas y comerciantes; que secuestraba a jóvenes para obligarlos a vigilar los pueblos y hasta para construir una casa de uno de los mandos del grupo, José Alfredo Hurtado “El Fresa”, de acuerdo con una filtración del grupo hacktivista Guacamaya.
Un joven de 15 años a quien se acusó de ser cómplice de los criminales contó a las autoridades que lo habían secuestrado en Guerrero y que lo tuvieron cautivo hasta que se le asignó un trabajo: vigilar puntos estratégicos para La Familia, por lo que pagaban tres mil pesos a la quincena.
Los crímenes se cometían a la vista de todos, incluidas autoridades municipales como Isidro Cortés, director de seguridad pública en Texcaltitlán, quien se hizo conocido hace unos días al suicidarse en su oficina cuando agentes federales estaban por detenerlo.
El informe que la Fiscalía compartió con la Sedena a raíz de un enfrentamiento en el que murieron 15 integrantes del grupo criminal muestra que La Familia tenía presencia en numerosos municipios del estado y que Texcaltitlán estaba completamente bajo su dominio.
En diciembre de 2023, año medio después del reporte, ocurrió un levantamiento de los habitantes de la comunidad de Texcapilla en contra de los extorsionadores que cobraban a agricultores por la producción de flores y alimentos, a comerciantes por la venta de comestibles, cerveza y hasta cigarros; los ciudadanos estaban obligados a comprar la despensa en el pueblo, de lo contrario, eran golpeados con tablas.
Cargos y encargos en La Familia
Dos documentos, uno elaborado por la Fiscalía del Estado de México, así como otro que hizo la propia Secretaría de la Defensa, identificaban a los jefes de cada comunidad.
El de Sedena señalaba que Johnny Hurtado, “El Pez”, es el líder del grupo, y que bajo él se encuentra su hermano José Alfredo, que un cómplice apodado “Pellway” se encarga de las comunicaciones y que Roberto González “El Bimbo” era el “encargado del dinero”.
Las declaraciones de algunos sobrevivientes del enfrentamiento de 2022 en la localidad de Palo Amarillo mostraron que los vecinos de la zona no sólo debían pagar un “impuesto” sino que estaban a merced del grupo para ser “halcones”, trabajadores o hasta damas de compañía de los jefes,
Una mujer, quien se identificó como María, dijo que el grupo secuestraba mujeres y que los jefes las vendían. Quienes se negaban a acompañar a los delincuentes corrían el riesgo de ser asesinadas.
“Aporta algunos datos sobre otras personas que estuvieron privadas de la libertad; intentando causar empatía y lástima al mostrar algunas lesiones recientes y antiguas, mostrarse agradecida de haber sido ‘rescatada’, sin embargo, no se descarta que esté aleccionada”, de acuerdo con el informe de la Fiscalía.
Otra mujer, de 39 años, encontrada durante un cateo que hicieron la Fiscalía y La Marina en Texcaltitlán, dijo que había sido vendida a los criminales.
“Se fue con Payaso a seguir la fiesta en la casa donde fueron detenidos, señaló que en un principio ella se negó; sin embargo, su primo le dijo que no hiciera pedo que se fuera con Payaso y que más tarde pasaría por ella. Posteriormente Payaso le dijo que su primo la había vendido con él y que si se negaba a tener relaciones o trabajar con ellos, la iba a matar”.
La “Operación Enjambre” fue ejecutada por agentes de la Fiscalía estatal, el Ejército, la Marina, la Agencia Federal de Investigación el viernes pasado; funcionarios de la zona sur del estado fueron detenidos, entre ellos la presidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles; el presidente honorario del DIF de Tonatico, Ellery Guadalupe Figueroa Macedo, esposo de la presidenta municipal; el director de Seguridad Pública y Tránsito de Tejupilco y el director de Seguridad Pública de Amanalco, Manuel Alejandro Rangel.
Las investigaciones de la Fiscalía encontraron que Isidro Cortés permitió que sus elementos de seguridad entregaran a La Familia a personas que participaron en el levantamiento de diciembre de 2023.
Catorce personas de la comunidad, entre ellos menores de edad, estuvieron secuestrados tras el enfrentamiento y fue el propio Cortés quien contó a los periodistas que visitaron la comunidad en esos días que había recibido los reportes de rapto, pero que no había podido confirmarlos.