LÍNEA 12 DEL METRO

Víctimas acusan retrasos en el proceso de la Línea 12 del Metro

La representación jurídica de los afectados señaló que los probables responsables del colapso de la L12 pusieron sobre la mesa una propuesta de reparación económica de daño

Desplome de Línea 12 del Metro
Desplome de Línea 12 del MetroCréditos: Cuartoscuro
Escrito en METRÓPOLI el

El destino legal de Enrique Horcasitas, director del Proyecto Metro en la administración de Marcelo Ebrard, y 10 coacusados por el desplome de la Línea 12 del Metro, depende de 13 víctimas que sólo aceptarán una indemnización económica hasta que se garantice la operación segura del Sistema de Transporte Colectivo (STC) para evitar una nueva tragedia.

Luego de diferirse por sexta ocasión la audiencia de apertura de etapa intermedia del proceso en las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) capitalino, la representación jurídica de los afectados señaló que los probables responsables del colapso de la L12 pusieron sobre la mesa una propuesta de reparación económica de daño.

Sin embargo, consideró que se trata de una estrategia dilatoria, porque tanto Enrique Horcasitas, como los otros imputados, señalaron en audiencias anteriores que no tenían fondos para cubrir la indemnización.

El penalista Teófilo Benítez indicó que en el plazo de 15 días analizarán los términos de un acuerdo reparatorio ante el órgano de mediación de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México.

Puntualizó que las víctimas a las que representa más que una indemnización, buscan la no repetición de una tragedia como la de la Línea 12 del Metro, cuyo colapso el 3 de mayo de 2021.

"El objetivo de fondo es que se logre la verdad histórica y pueda demostrarse que hubo culpables por ese hecho que dejó un saldo, en el caso de la Línea 12, de 26 personas muertas, y más de 100 lesionadas.

“Lo que se busca aquí es la verdad histórica de esto, quien tenga que ser culpable que sea castigado, si ellos van a hacer una propuesta económica, ésta tiene que estar contemplada no para unas víctimas y para otras no, tiene que estar contemplada para todas de manera equitativa e igualitaria, y como ellos lo dijeron que sólo se les propusiera a las víctimas que no han firmado un acuerdo reparatorio".

Consideró que la propuesta de los imputados de llegar a un acuerdo reparatorio, mediante la vía económica, no es más que un acto dilatorio, puesto que en audiencias anteriores exhibieron sus cuentas bancarias en cero pesos.

Por esa razón, las víctimas que ha dos años y medio de la tragedia siguen con el proceso, ven con escepticismo dicha propuesta y lamentan el alargamiento de este caso judicial, que incluso podría tardar más tiempo.

 

VÍCTIMAS INDIGNADAS CON DILACIÓN DE PROCESO

“Mi postura es de indignación,  ver otra vez que con artimañas quieren volver a diferir la audiencia, porque supuestamente quieren llegar a una reparación de daños, cuando ellos todo este tiempo han dicho que no tienen dinero, han mandado estados de cuenta donde ellos dicen que no tienen dinero, y hoy salen con que quieren llegar a un acuerdo, pero sino tienen  dinero cómo es que quieren llegar a un acuerdo”, expuso Nancy Ramírez, quien sufrió fractura de cadera y afectación en una de sus piernas, tras el colapso de la Línea 12.

Teófilo Benítez comentó que con una sola persona, de las 13 víctimas a las que representa, que se oponga al acuerdo reparatorio, el juez de control estará obligado a aperturar la etapa intermedia del proceso penal, la cual es prácticamente la preparación para el juicio oral, en donde no habrá ya oportunidad de concretar una reparación del daño, y la sentencia para cada uno de los implicados podría ser de hasta 100 años de prisión.

En el análisis de la propuesta de reparación del daño por parte de los imputados, será indispensable la presencia en la FGJ de Enrique Horcasitas y coacusados con sus abogados, así como de las víctimas, que analizarán dicho proyecto.

Pasado ese plazo de los 15 días, la autoridad judicial fijará una nueva fecha de audiencia, que tendrá que llevarse a cabo en las salas de oralidad del Tribunal Superior de Justicia capitalino y que no podrá superar más de 30 días.