Edgar Tungüí, excomisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera, quedó en libertad la madrugada del jueves, debido a que un juez le otorgó un amparo, aunque el proceso en su contra continúa.
"Él interpuso un amparo, el proceso penal sigue y la decisión de que siguiera en libertad fue de un juez federal, no quiere decir que esté absuelto, declaró Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
En conferencia de prensa, Martí Batres dio a conocer que Edgar Tungüí obtuvo la posibilidad de seguir el proceso en libertad, tras permanecer en prisión preventiva en el Reclusorio Norte, por los cargos que enfrenta por uso ilegal de atribuciones y facultades.
Aunque fue puesto en libertad, Edgar Tungüí tendrá que cumplir con medidas que se le impusieron para evitar que busque evadir a la justicia, como retirarle su pasaporte y tener que ir a firmar de manera periódica para que tampoco salga de la Ciudad de México.
Edgar Tungüí fue detenido en 2021 en Madrid, España, y aceptó ser extraditado a México inmediatamente. Para ese momento ya contaba con tres órdenes de aprehensión en su contra, por la probable comisión del delito de Uso Ilegal de Atribuciones y Facultades, solicitadas y obtenidas por la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos.
Cabe recordar que Edgar Tungüí enfrenta un proceso por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades, por el cual fue vinculado a proceso en cinco ocasiones. Esto debido a que presuntamente dio la autorización para que se otorgaran apoyos económicos a damnificados por el sismo de 2017 sin que cumplieran con los requisitos establecidos.
El 17 de septiembre de 2018, La Silla Rota y HuffPost México dieron a conocer que como secretario de Obras y comisionado para la Reconstrucción, Tungüí Rodríguez autorizó contratos por 70 millones de pesos de los recursos asignados a la reconstrucción de la capital a una empresa donde trabajaba su hermano Carlos Tungüí Rodríguez.
Los contratos eran para los servicios de “gerencia y proyectos” y “gestión administrativa” con la empresa Cal y Mayor Asociado S.C. donde laboraba su familiar desde abril de 2017 como “especialista jr.”
Los 70 millones de pesos destinados a dicha empresa superaban por mucho los 20 millones destinados para “servicios de atención a daños menores”, los 17.1 millones de pesos para demolición de inmuebles y 9.1 millones de arrendamiento de puentes peatonales provisionales.
MRV