A más de dos años de la muerte del actor Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito Rivers por su papel en la sere Vecinos, la Comisión Nacional de los Derechos Huamanos (CNDH) emitió una recomendación a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, al señalar que policías municipales persiguieron y dispararon contra la camioneta en la que viajaba el actor durante una persecución, lo que provocó que se estrellara y se accionara un arma que causó su muerte.
La CNDH indicó que hubo uso excesivo de la fuerza por policías municipales durante la persecución del vehículo en el que viajaba el actor Octavio Ocaña y otras dos personas que resultaron lesionadas, hechos ocurridos el 29 de octubre de 2021. Asimismo, señaló que hubo omisiones en la preservación del lugar de los hechos y afectaciones al derecho a la intimidad e imagen pública del actor, por lo que emitió la Recomendación 71/2023 a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli.
La Comisión atrajo una queja de oficio por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ante el fallecimiento del actor. Según el informe policial elaborado, el día de los hechos dos agentes municipales a bordo de una patrulla iniciaron la persecución de una camioneta en la que viajaban tres personas que cometieron a consideración de los elementos policiacos “una falta administrativa al bando municipal”.
Dicha persecución se prolongó por varias calles del municipio durante una hora y cuarenta minutos hasta que el vehículo se estrelló en un montículo de tierra localizado en una carretera cercana. Al realizar una inspección, los agentes se percataron de que el conductor se encontraba lesionado.
La investigación de la CNDH concluyó que en este caso existieron violaciones a los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica e integridad personal por uso excesivo de la fuerza en agravio de tres víctimas y que derivó en la muerte de Octavio Ocaña; omisiones en la preservación del lugar de los hechos por parte de las autoridades que fungieron como primeros respondientes; así como afectaciones al derecho a la intimidad e imagen pública del actor, atribuibles a policías municipales de Cuautitlán Izcalli.
Las fallas que halló la CNDH en el caso Octavio Ocaña
"La Comisión determinó que, durante la persecución, uno de los oficiales expuso la mitad de su cuerpo por una de las ventanillas de la patrulla, mostrando un arma de fuego larga, sin que existiera resistencia agresiva o agravada por parte de los tripulantes de la camioneta y transgredió el principio de absoluta necesidad al realizar dos disparos hacia dicho vehículo, colocando en riesgo no sólo a las víctimas sino a la población en general, dado que era una zona urbana y transitable. Posteriormente, el mismo elemento de seguridad efectuó un disparo más mientras circulaban en una carretera de la entidad, impactando la camioneta señalada y omitiendo actuar con mayor prudencia y diligencia.
"Por otro lado, el conductor de la patrulla en cuestión realizó diversos “alcances” con el “tumbaburros” de dicho vehículo a la camioneta, ocasionándole daños en el vértice posterior derecho, la parte posterior media y derecha, además de la facia, lo cual influyó para que ésta sufriera una desestabilización y se estrellara en un montículo de tierra. El personal especializado de esta CNDH determinó que, con alto grado de posibilidad, como consecuencia de alguna de estas maniobras de choque, se accionó un arma de fuego en el interior de la camioneta que “dio como resultado una lesión en la extremidad encefálica de la víctima, de tipo mortal” y que vulneró su derecho a la vida", indicó la CNDH.
Añadió que mientras la víctima lesionada era trasladada a un hospital y las otras dos personas conducidas a la Fiscalía General de Justicia, los policías involucrados dejaron a dos agentes para resguardar el lugar de los hechos, lo que, de acuerdo con los elementos de prueba recabados, no llevaron a cabo de manera adecuada.
Asimismo, se registraron vulneraciones al derecho a la intimidad y la imagen pública, porque existió certeza jurídica de la filtración de material visual (fotografías y video) difundido a través de redes sociales y medios periodísticos en los que se observa la identificación de la apariencia de la persona que perdió la vida, lo que, a consideración de esta CNDH puede interferir en el procedimiento penal.
Ante esta situación, la CNDH solicitó a la presidencia Municipal de Cuautitlán Izcalli inscribir a las víctimas directas e indirectas de este caso en el Registro Nacional de Víctimas para que se proceda a la inmediata reparación integral del daño causado y se les otorgue una compensación en los términos de ley, así como brindar la atención psicológica y tanatológica que requieran las dos víctimas sobrevivientes y las víctimas indirectas, por parte de personal especializado.
De igual forma, emitir una circular para instruir a las personas titulares de las diferentes direcciones o corporaciones policiacas que cumplan con lo señalado en el Protocolo Nacional de Actuación de Primer Respondiente y la Guía Nacional de Cadena de Custodia, a fin de que se preserve adecuadamente el lugar de los hechos, así como el debido resguardo de indicios, entre ellos, los que impliquen una protección al derecho humano a la intimidad e imagen pública.
Además, deberá impartir cursos de capacitación al personal de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de la Comisaría General de ese municipio sobre derechos humanos, uso legítimo de la fuerza y la preservación del lugar de los hechos, y colaborar en el seguimiento de las denuncias administrativas y carpetas de investigación iniciadas por este caso en la Contraloría municipal y la Fiscalía General del Estado de México, respectivamente, en contra del personal de la Policía Municipal involucrado.
MRV