El alcalde de Almoloya de Juárez, Oscar Sánchez García, fue acusado de no pagar pensión y violentar a su expareja y a sus tres hijos, por lo que Ileana Villagómez Gutierrez, su exesposa, denunció públicamente la situación.
En conferencia de prensa, la exesposa del funcionario priista señaló que durante 10 años ha buscado que se pague de manera regular la parte proporcional de la manutención de sus hijos; sin embargo, a través de amenazas, señaló, que él buscar eludir la responsabilidad.
“El 3 de 3 (declaración patrimonial) ya existía en el Estado de México y él no cumplía los requisitos para ser candidato de su partido porque estaba en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios por lo que hizo un convenio exprés y pagó las pensiones caídas, pero no ha cumplido con el resto del acuerdo en el que también se incluye la entrega de un inmueble para sus hijos”.
El juicio primario en materia de familiar está radicado en Tlalnepantla y en los convenios se han incluido a tres menores de 13, 14 y 18 años, hijos del alcalde de Almoloya de Juárez.
“Desde hace 10 años, desde 2013, traigo un proceso de materia familiar y ahorita también traigo un asunto en materia penal por cuestiones de violencia y de incumplimiento; ha sido reiterativo, en algún momento se llegó a un arreglo, el cual ha sido parcialmente cumplimentado” señaló Ileana Villagómez Gutierrez.
Al respecto, Fabiola Garibay, representante legal de la víctima, destacó que en 2015, el actual funcionario decidió dejar de trabajar en el ayuntamiento para no pagar pensión, ya que se había acordado que entregaría la mitad de su salario.
“Dentro del proceso cumplió con una sentencia en 2014, se le condenó a una sentencia con 50% del salario que percibía en ese momento; sin embargo se negó por meses por lo que se inició un incidente”, explicó la abogada.
Señaló que al año siguiente se le embargó 60% de su salario y se tomó una segunda incidencia para cobrar las pensiones alimenticias, pero no se logró ejecutar por lo que decidió dejar de trabajar.
Se promovió, dijo, un nuevo juicio y se estableció una pensión por un monto fijo, además del pago de colegiatura, ropa y calzado; lo que fue parcialmente pagado.
“De manera unilateral, sin darle conocimiento al juzgado, modificó la cantidad. Transcurrieron cinco años sin que tuviera la disposición de pagar lo que debía por lo que fue dado de alta en la Red Nacional de Deudores Alimentarios. En 2017 fue candidato a la alcaldía por parte del PRI y buscó que se le bajara del Registro, por lo que durante cuatro meses aseguró que tenía la disposición de pagar y se firmó un convenio”.
Durante un año no cumplió, por lo que la afectada buscó no envolverse en un escándalo político, aunque no se lograron avances.
“Tuvo que ser la autoridad en materia familiar quien condenara al señor a cumplir con sus obligaciones, esto ha sido agotador, son 10 años de conflicto”.
El llamado de la expareja del alcalde de Almoloya de Juarez, Óscar Sánchez García, es a que se dejen de lado las influencias políticas y de vele por el interés superior del menor, al tiempo en que responsabilizó al funcionario de su integridad física ya que ha recibido amenazas de desaparición.
Al respecto, el Ayuntamiento de Toluca aseguró que no existen adeudos de pensión y se entregó a La Silla Rota un certificado de No Deudor Alimentario.
Registro Nacional de Deudores
Hace dos semanas el Senado aprobó por unanimidad, reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de fortalecer la ejecución y garantizar el oportuno cumplimiento de la pensión alimenticia, de manera homologada en todo el país.
La propuesta, avalada con 86 votos y enviada al Ejecutivo federal, plantea crear un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objeto de concentrar la información de las personas deudoras alimentarias, a fin de dotar de una efectiva protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Con ello, se precisa en el documento, que las autoridades de los tres órdenes de gobierno dispondrán de lo necesario, con la finalidad de establecer, como requisito, la presentación del certificado de no inscripción en dicho registro para realizar procedimientos y trámites como:
Licencias y permisos para conducir; pasaporte o documento de identidad y de viaje; participar como candidato a cargos de elección popular; participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal; trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales.
Sin embargo, en el caso del alcalde de Almoloya de Juárez no aplica debido a que la ley no es retroactiva.
MRV