Aunque el brazalete que le ha acompañado por cuatro años le será retirado este jueves por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), para Daniel García Rodríguez, el proceso penal no ha concluido, dado que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano, emitida hoy, obliga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a darle continuidad.
La dependencia además deberá involucrarse en las adecuaciones a las leyes para que el arraigo y la prisión preventiva oficiosa ya no sigan siendo un instrumento punitivo, sino preventivo.
En conferencia de prensa realizada en el salón “Digna Ochoa” de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Daniel García Rodríguez, quien por primera vez salió del territorio del Estado de México en más de 21 años, dijo sentirse feliz: “Muy emocionado porque con ello se terminó parte de mi vida en un proceso donde se me culpaba de algo que yo no cometí”.
“Se me acusaba de secuestro, de corrupción y otros delitos, pero sobre todo de un homicidio en el que yo nada tuve que ver. Al leer en los pasillos de aquella prisión, las causas por las que se me acusaba tuve sentimientos encontrados, porque se mencionaban hechos que yo no conocía, a personas que yo no conocía y de delitos yo no cometí”, dijo.
Añadió Daniel García que aunque la CoIDH determinó la reparación del daño en uno de los procesos penales con prisión preventiva más largos de la historia de México, no hay forma de que se pueda compensar el tiempo perdido entre familia ni el perder la libertad.
Reyes Alpizar Ortiz dijo en su turno que para él es hoy un día muy especial, donde se siente muy feliz y satisfecho, “después de este sufrir, donde platicaba a cada momento que podía que yo no estuve donde se dijo, que yo no hice de lo que se me acusaba, una y mil veces diciendo la verdad, pero sentía que nadie me quería creer. Muchos años de estar soportando está situación, hasta que nuestro caso llegó a una instancia internacional fue que supieron que son inocente, hoy en día es de celebración para mí”.
Agregó que quizás en la reparación del daño, “nadie me va a reparar la vida de mi madre y de mi hermano, quienes fallecieron dando la batalla en este proceso, en estar buscando la manera de cerrar este ciclo”.
Destacó que en este proceso penal que los mantuvo encerrados más de 17 años, “se interrumpieron proyectos de vida de mi familia, de mis hermanos, de mi madre, de mis hijos. Creo que lejos de lo económico, hubo otras pérdidas que ya no se podrán recuperar, pero ahora, pues es enfrentar una nueva vida. Se cierra un ciclo y se pero se abre otro”.
Deniss Aribel García quien participó en la defensa de Daniel García, su padre, agradeció que la CoIDH se haya fijado en las familias, “nos conmueve mucho estar hoy con esta resolución, luego de 20 años de este proceso hoy celebramos que la Corte estableciera que los maltratos psicológicos fueron extremosos, que causaron daño e impacto emocional”.
En la resolución, la CoIDH obliga al Estado mexicano a brindar la atención especializada psicológica y psiquiátrica tanto a las víctimas como a sus familias, sin costo alguno para ellas. Explicó Aribel que el impacto fue fuerte para las familias, por muchos años. El tema de asistir a la visita al penal y solventar los gastos, fue algo que vulneró a las familias de ambos, “nos quebró”.
Dijo que esperan que esa resolución impacte también en otros casos, donde hay presos sin culpa, donde, así como ocurrió con la familia García, “nosotros no elegimos vivir así, pero decidimos en mi caso, encausar mi vida en la defensa de los derechos humanos. Nos impactó que mi padre nos dejó de niños, donde tuvimos que ver cómo señalaban a nuestro padre lo que nos condujo a prepararnos para defenderlo legalmente”.
Daniel García agregó que de haber permitido que las instituciones de impartición de justicia lo incriminaran en los diferentes delitos, hoy estaría aún purgando una condena de al menos 93 años, “nunca volvería a pisar el exterior de las celdas. Pero no me callé y busqué la manera de defenderme”.
Explicó García Rodríguez, luego de que el expresidente de Atizapán, Antonio Rodríguez Zambrano fue absuelto en 2005, ya que lo acusaban por el mismo caso, decidieron él y Reyes Alpizar realizar una defensa legal por sus propios medios.
Daniel García, en su permanencia en las celdas del penal de Barrientos en Tlalnepantla, se hacía cargo de la biblioteca, lo que influyó para que estudiara los libros de derechos que le permitieron realizar unos 50 amparos para algunos de los presos, y para ellos mismos.
“Vemos decisiones políticas en el caso, ya que este mismo día a una hora y media de conocida la sentencia y mientras salía del Estado de México con mi brazalete me hablaron para avisarme que mañana mismo fuera a que me lo retirarán”, explicó Daniel García.
Aunque la Corte solicitó se desestimen los falsos argumentos y acusaciones infundadas, eso no quiere decir que todo acaba para Daniel García, sino que el proceso continúa y la sentencia obliga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a realizar las adecuaciones necesarias en seguimiento al caso, explicó su abogado Simón Hernández.
El representante legal y quien es catedrático en la Universidad Interamericana de Puebla, destacó que hace dos semanas promovieron un amparo, habrán de ampliar con la resolución de la Corte y le darán seguimiento, pero ahora donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo determine, en el lugar donde sea radicada.
Agradeció Daniel García a toda la gente que no se despegó en esos 21 años, “no nos dejaron y para mí esa sentencia representa algo sencillo, pero muy importante para nosotros. Es como limpiamos nuestro nombre. Hay dos cosas que nos entregan al nacer un documento y un nombre, el cual tenemos la obligación de entregarlo a los hijos con la misma limpieza con la que lo recibimos”.
"El que esté Daniel García es relevante porque lleva 21 años y 3 días sin salir del Estado de México, hasta hoy lo trae, es la primera vez que sale del Estado de México. Cuando venía se comunica gente de medidas cautelares, para que este jueves le sea retirado el brazalete de monitoreo electrónico, cruzo los límites del Estado de México. La forma en que siguen operando", indicó.
David Peña el otro de los abogados de las ahora víctimas del Estado, reconoció a Daniel García Rodríguez y a Reyes Alpízar, por ser unas personas persistentes en su lucha por buscar la justicia. El de ellos es un caso histórico representativo, la decisión de la Corte coloca.
Destacó que la sentencia habla de violaciones a las garantías de las personas, a su derecho a tener un abogado, a que se conozca la causa que motivo su encarcelamiento, y además que el Juez revise por oficio el caso, lo que nunca ocurrió.
“De esta manera para que el Estado pueda cumplir con la sentencia de la CoIDH, debe llevar al plano constitucional reformas en las que deben estar de acuerdo los tres poderes el Ejecutivo, Legislativo y Judicial”, explicó el abogado.
En el caso de ambos estuvieron 17 años en prisión preventiva oficiosa y meses en arraigo, con lo que se excedió el Estado al sostener todo ese tiempo en medida punitiva, por lo que vemos como las instituciones de impartición de justicia han servido a los gobiernos.
Destacó que este tipo de medidas no solo vulnera la libertad personal, sino hacen que se convierta en pena anticipada, es una medida discriminatoria, no obedece a fines preventivos. “Tenemos un problema muy significativo. No tienen una finalidad cautelar. Pero para ellos nada de eso es relevante la persona y la persona es encarcelada. Al aplicar Prisión Preventiva Oficiosa, cada que se aplica se viola la Convención Interamericana, cuyo tratado firmó México”.
Dijo el abogado que esperan una respuesta diplomática del Estado mexicano a la sentencia de la CoIDH, “y no un rompimiento, porque eso sería muy lamentable para el un país que siempre ha pedido respeto en el plano internacional”.
MRV