Atizapán de Zaragoza, Estado de México.- Miles de personas podrían ser beneficiadas en todo el país si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) pide que sea eliminada la figura jurídica de arraigo y prisión preventiva oficiosa, destaca Daniel García, quien está a la espera de que se dicte sentencia contra el Estado mexicano tras analizar su caso y el de Reyes Alpizar.
En entrevista con La Silla Rota, Daniel García Rodríguez, quien con Reyes Alpizar Ortiz, pasó más de 17 años en prisión preventiva oficiosa acusados con otras 12 personas de ser partícipes en el homicidio de la exregidora de 26 años María de los Ángeles Tamez Pérez, ocurrido el 5 de septiembre de 2001.
Daniel explicó que los hechos se dan en una coyuntura donde el PRI se quedó sin dirigente nacional y donde diferentes actores políticos pretendían dirigir al partido, pero otros pretendían la candidatura a la Presidencia de la República. “Como fue el caso de Arturo Montiel, quien sin duda trató de aprovechar el homicidio intentó quedar bien ante la opinión pública para lograr un fin que no logró”, dijo.
Añadió Daniel que se le presionó psicológicamente y torturó para que aceptara que él había participado en el homicidio, “se me amenazó que de lo contrario mi familia lo pagaría. A varios de mis familiares directos e indirectos se les encarceló, creo yo como represalia para aceptar algo que yo no hice”.
De oficio bizcochero, ya que proviene de una familia ligada a la industria de la fabricación de pan, Daniel García dijo que su detención ocurrió en febrero de 2002, “me encerraron en una habitación del Hotel La Hacienda en el centro de Tlalnepantla, estuve 45 días arraigado, luego sin una orden de aprehensión fui encerrado en el Penal de Barrientos, donde permanecí más 17 años sin recibir sentencia y bajo la figura de prisión preventiva oficiosa”.
En total, fueron detenidos por el caso 14 personas acusadas con las mismas pruebas, todos fueron saliendo exonerados, el último Reyes Alpizar apenas hace unas semanas y sólo se quedó Daniel García, a quien le fue dictada sentencia de 35 años privado de su libertad, la cual fue ratificada el 21 de marzo de 2023, reaprehendido el 25 de ese mismos mes y puesto en libertad condicional 4 días después al comprobarse errores en la orden judicial y horas antes de que llegaran visitadores de la ONU-Derechos Humanos al penal de Barrientos.
“Desde el inicio de mi proceso encontré errores, como el hecho de que el mismo expediente con el que se integró la carpeta en los otros detenidos por el mismo caso, fue exactamente con el mismo contenido y argumentación legal”, dijo Daniel García y agregó que a todos se les acusó con las mismas pruebas e incluso con testigos que resultaron ser personas del “escuadrón de la muerte” que no se presentaron a las declaraciones.
Explicó que el más reciente caso de fue cuando lo reaprehendieron, ya que el Juzgado de lo Penal giro la orden, cuando debió de pasar para conocimiento al Tribunal, lo que no ocurrió, de ello se dio conocimiento a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que el reglamento interno de ese organismo señala la prohibición de enjuiciar, detener o ejercer acción legal contra persona alguna que se encuentre en el proceso de esa instancia internacional.
“Esperamos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos una sentencia contra el Estado Mexicano, que termine con el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, porque México es el único país donde se ejercen estas las cuales se encuentran prohibidas por Tratados Internacionales”, destacó.
De ser así, de acuerdo con Daniel, se terminaría por un lado con gran parte de la corrupción que hay en los Ministerios Públicos y por otro se beneficiaría a miles de personas que hoy en el país se encuentran pasando por ese proceso legal, no aceptado por los organismos internacionales.
Daniel García y la ONG “Penal Sin Culpa”, convocaron a una conferencia de prensa para dar a conocer sus puntos de vista con relación a la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra el Estado mexicano para el miércoles próximo. La lectura de la sentencia por parte de las CoIDH será a las 8:00 horas y la conferencia a las 12:00.
MRV