El juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, Ulises Oswaldo Rivera González, otorgó la suspensión definitiva a víctimas de las Líneas 3 y 12 del Metro que obliga al gobierno de Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, así como al Sistema de Transporte Colectivo (STC), dirigido por Guillermo Calderón, a dar mantenimiento adecuado, óptimo, extraordinario y con estricta supervisión, para evitar más accidentes y tragedias.
Los afectados, quienes recurrieron al Poder Judicial de la Federación (PJF) para obligar a las autoridades capitalinas a que cumplan con su obligación legal de proporcionar un sistema de transporte seguro y eficiente, lograron además que la autoridad judicial deseche el recurso de revocación de esta medida que interpusieron el gobierno capitalino y el Metro.
“En el caso, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en su solicitud de modificación o revocación a la suspensión definitiva… es infundado el incidente de modificación o revocación a la suspensión definitiva”, se lee en el acuerdo de la suspensión definitiva radicada en el expediente 63/2023.
El juzgador manifestó que la autoridad que solicitó dicha revocación lo justificó con diversas acciones de supervisión, corrección, mejora y mantenimiento realizadas al Metro, que se han llevado a cabo con posterioridad a la resolución sobre la suspensión definitiva; sin embargo, eso no modifica ni altera las causas, motivos y razones por las cuales se concedió la suspensión definitiva.
En su resolución, puntualizó que la medida cautelar que implica seguir otorgando un mantenimiento y supervisión adecuados, no afecta de ninguna forma el orden público o el interés social, sino por el contrario, tiene por objeto evitar daños en la sociedad.
Además, consideró razonable y apegada a derecho “la concesión de la suspensión definitiva, para el efecto de que las autoridades responsables continúen ejerciendo todas las facultades legales y acciones materiales, necesarias para procurar el adecuado mantenimiento y operación de la red del Metro, e incluso, mejorar las tareas normalmente realizadas”.
Consideró que el propósito es ofrecer a los usuarios un servicio de transporte “eficaz y seguro y tratar de reducir en lo posible la existencia de factores que, junto con otros ajenos al actuar de las autoridades, pudieran llegar a ser configurativos de algún accidente o falla que merme el servicio o afecte la integridad de los usuarios”.
En consecuencia, el juez determinó que el recurso de revocación de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum es infundado, por lo que se concedió la suspensión definitiva, para que el Gobierno Central y el Metro hagan todo, incluida inversión, para que demuestren acciones de mantenimiento y acciones de operación.
El penalista Teófilo Benítez, asesor jurídico de las víctimas, comentó que el órgano jurisdiccional sigue considerando razonable y apegada a derecho la concesión de la suspensión definitiva, para el efecto de las autoridades responsables, la jefa de Gobierno y el director del Metro actúen para tener un adecuado servicio del STC.
“Incluso, con esta suspensión se obliga al Metro y al Gobierno a mejorar las tareas realizadas, para que la red del Metro funcione adecuadamente y evite la repetición de otras tragedias que en dos años suman 27 muertos, más de 200 heridos y múltiples y cuantiosos daños materiales”, afirmó.
MRV