Viviana Salgado Hernández, la mujer detenida y vinculada a proceso, tras ser acusada falsamente de arrojar aspas de lavadora a las vías del Metro de manera intencional, exigió una disculpa pública a la fiscal Ernestina Godoy, así como al gobierno de Ciudad de México, que encabeza Claudia Sheinbaum.
Tras ser exhibida públicamente como posible “saboteadora”, la señora que estuvo tres días presa en Santa Martha Acatitla por supuestos ataques a las vías de comunicación pidió, además, la reparación de daño psicosocial y económico.
La señora Viviana aseguró que enfrenta secuelas en los rubros familiar, económico, social y de salud, por lo que pidió a la Comisión de Derechos Humanos de Ciudad de México (CDHCDM), a cargo de Nashieli Ramírez Hernández, investigar el abuso y violación de sus garantías.
Te podría interesar
Salgado Hernández quedó absuelta por un juez de control, luego del sobreseimiento de la acción penal que pidió la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina. Sostuvo que al haber desistido de la acusación, la fiscalía que dirige Ernestina Godoy demuestra el abuso de autoridad, la injustica y la falta de pruebas con las que actuó de manera dolosa en su contra.
La ama de casa manifestó que el papel de la Fiscalía fue más allá de una acusación y con elementos falsos pretendió dejarla en prisión para justificar los supuestos actos de sabotaje de que es objeto el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Sin embargo, generó una violación al debido proceso, que debe ser motivo de una profunda investigación por la Comisión de Derechos Humanos y sobre todo por su calidad de mujer vulnerable, al carecer de recursos y de conocimiento para establecer una debida defensa.
El jurista Teófilo Benítez Granados, asesor jurídico de Viviana Salgado, indicó que el Poder Judicial mostró sensibilidad y aceptó el desistimiento de la Fiscalía que pretendió, en un inicio, ir a un proceso penal, sin las pruebas necesarias para imputar a la señora Viviana Salgado.
Aseguró que esto es el abuso excesivo de funciones desde la titular de la institución, Ernestina Godoy, hasta los ministerios públicos, que montaron la carpeta de investigación y los que hicieron la presentación ante el Poder Judicial.
“Una vez más la Fiscalía de Ernestina Godoy criminalizó la pobreza y a pesar de la inexistencia de pruebas motivó a que un juez de Control la vinculara a proceso sin sustento. Lo anterior es equiparable al sistema inquisidor, en el que primero se detenía a la persona y posteriormente se investigaba si era culpable”, puntualizó.
MRV